Nicaragua: crece la tensión social por proyecto hidroeléctrico Copalar

Por Mauricio Álvarez Mora.

El anuncio de nuevas movilizaciones campesinas contra el proyecto hidroeléctrico Copalar ha encendido las alertas sobre un posible conflicto social en el centro de Nicaragua. La iniciativa, prevista sobre el río Grande de Matagalpa, se perfila como una de las obras energéticas más ambiciosas del país, pero también como un foco creciente de resistencia por parte de las comunidades afectadas.

De acuerdo con información publicada por el diario El Nuevo Diario de Managua, en la zona “podría resurgir la violencia” debido al aumento sostenido del rechazo local. El proyecto contempla una capacidad de generación cercana a los 700 megavatios y la construcción de una megarepresa que inundaría amplias extensiones de territorio, incluyendo la localidad de Bocana de Paiwas, donde viven aproximadamente cuatro mil personas.

La represa es promovida por el holding empresarial Energía, que ya habría asegurado una inversión superior a los mil millones de dólares para llevar adelante lo que se ha denominado como la obra de ingeniería más grande en la historia de Nicaragua. Sin embargo, este discurso de desarrollo energético, presentado como una solución a los constantes apagones y a la dependencia del petróleo, contrasta con las crecientes dudas técnicas, ambientales y sociales que plantean distintos sectores.

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la real capacidad de generación del proyecto. Las cifras difundidas, entre 650 y 700 megavatios, podrían basarse en estudios antiguos de las décadas de 1970 y 1980, sin incorporar variables actuales como el cambio climático o fenómenos como El Niño, que ya han provocado severas sequías en Nicaragua. Este elemento es clave, ya que las grandes represas son particularmente vulnerables a la variabilidad climática. Su tamaño y rigidez operativa las hace menos adaptables frente a escenarios de reducción de caudales, lo que pone en entredicho su eficiencia a largo plazo. En este contexto, diversos especialistas señalan que el cambio climático no hace más deseables estas megaobras, sino menos, reforzando la necesidad de diversificar la matriz energética.

En el plano ambiental, también se cuestiona la idea de que el impacto sería limitado por tratarse de una zona ya intervenida. Expertos advierten que los ecosistemas funcionan como sistemas interconectados, donde alteraciones en un punto pueden generar efectos a gran distancia. Un ejemplo relevante es el impacto potencial sobre la pesca en el Caribe nicaragüense. Los ríos como el Grande de Matagalpa transportan sedimentos ricos en nutrientes que sostienen ecosistemas marinos altamente productivos. La interrupción de estos flujos por una represa puede afectar manglares, deltas y zonas de pesca, comprometiendo una actividad que genera importantes ingresos para el país.

Experiencias internacionales han demostrado estos efectos en distintos contextos, donde la alteración de los ríos ha provocado la pérdida de pesquerías y biodiversidad. A esto se suma que los grandes embalses tropicales pueden emitir gases de efecto invernadero como el metano, producto de la descomposición de materia orgánica sumergida. Este fenómeno cuestiona la idea de que la energía hidroeléctrica es siempre limpia, especialmente en proyectos de gran escala con embalses extensos y poco profundos.

El impacto social de Copalar también genera gran preocupación. Se estima que entre cinco mil y cuarenta mil personas podrían verse afectadas directamente, incluyendo comunidades enteras como Paiwas, que quedarían bajo el agua. A esto se suman las poblaciones aguas abajo, como agricultores y pescadores que dependen del río para su subsistencia. La experiencia internacional muestra que los costos sociales de las grandes represas suelen recaer de forma desproporcionada sobre las comunidades locales, mientras los beneficios son aprovechados por otros sectores.

También existen riesgos para la salud pública, ya que los embalses en zonas tropicales pueden favorecer la propagación de enfermedades como malaria y dengue, asociadas a cambios en los ecosistemas acuáticos.

En este contexto, la oposición local al proyecto ha ido en aumento. Habitantes de Bocana de Paiwas denuncian falta de información, ausencia de consulta y desconfianza hacia las autoridades y las empresas impulsoras. “Si no fueron claros desde un inicio, ¿cómo piensan ahora que les vamos a creer?”, cuestionó el productor ganadero Pablo Rivera. En la misma línea, Severina Cerda afirmó que la mayoría de la población está dispuesta a defender sus tierras, reflejando el nivel de tensión existente.

Frente a la crisis energética, distintos sectores plantean que Nicaragua podría apostar por un conjunto diversificado de soluciones. Entre ellas se mencionan la eficiencia energética, la reducción de pérdidas en la red eléctrica y el desarrollo de fuentes como la energía eólica, geotérmica, biomasa o pequeñas y medianas hidroeléctricas con menor impacto. Existen incluso estudios de factibilidad para proyectos de menor escala que podrían generar energía con costos sociales y ambientales significativamente más bajos.

Más allá de sus promesas, el proyecto Copalar plantea una discusión de fondo sobre el modelo energético y de desarrollo del país. Aunque pueda financiarse con capital privado, sus impactos recaerán sobre bienes públicos como el agua, los ecosistemas y la vida de miles de personas. Por ello, diversos sectores coinciden en que cualquier decisión debe surgir de un debate amplio, transparente y participativo que incluya a las comunidades afectadas, autoridades, organizaciones sociales y la ciudadanía en general.

En un contexto marcado por tensiones en torno al uso de los recursos naturales, el caso Copalar se perfila como un punto crítico que podría definir el rumbo de la política energética en Nicaragua y la forma en que se resuelven los conflictos entre desarrollo, ambiente y derechos de las comunidades.