Cien días de gobierno y señales de un giro neoliberal en la gestión ambiental

Por Mauricio Álvarez Mora.

A cien días del inicio de la administración de Óscar Arias Sánchez, diversos sectores sociales y ambientalistas advierten sobre un rumbo político marcado más por anuncios que por acciones concretas, pero con señales claras de un giro hacia políticas de corte neoliberal. Según estas voces, el estilo de gobierno ha privilegiado una actitud confrontativa, con escasos espacios de diálogo con organizaciones sociales y comunidades.

Desde distintos despachos ministeriales y entidades públicas, se han lanzado propuestas que apuntan a transformaciones profundas en áreas estratégicas, generando preocupación en movimientos sociales. En el ámbito ambiental, las críticas se han centrado en decisiones impulsadas por figuras como Roberto Dobles, cuya gestión ha sido señalada por promover el retorno de actividades como la exploración petrolera y minera, así como por debilitar marcos regulatorios en materia forestal y de evaluación ambiental.

Uno de los focos de mayor controversia ha sido la intervención en la SETENA, institución clave en la evaluación de impactos ambientales. Sectores críticos denuncian intentos de flexibilizar los controles para facilitar la aprobación de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico, lo que podría traducirse en mayores riesgos para ecosistemas y comunidades.

Estas medidas son interpretadas como parte de una visión más amplia que concibe los recursos naturales como activos económicos destinados a la acumulación de capital. Bajo esta lógica, la biodiversidad deja de ser únicamente un patrimonio natural y cultural, para convertirse en una reserva de recursos genéticos de alto valor para industrias globales como la farmacéutica, la alimentaria y la de bebidas.

En este contexto, también se inscriben los esfuerzos por avanzar en acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio, considerados por sectores ambientalistas como instrumentos que profundizan la apertura de los recursos naturales al mercado internacional y limitan la capacidad del Estado para regular su uso.

A este panorama se suma la reciente ruptura del silencio del exmandatario Abel Pacheco de la Espriella, quien cuestionó duramente el rumbo ambiental del gobierno. Pacheco afirmó que el país está “haciendo el ridículo con esa paz para la naturaleza”, en referencia al discurso oficial, y solicitó que se reconsidere la decisión de declarar de interés nacional la minería de oro a cielo abierto en Crucitas.

El ex presidente criticó la aparente contradicción entre el discurso de “Paz con la naturaleza” y la autorización para la tala de 191 hectáreas de bosque con el fin de viabilizar un proyecto minero que, según advirtió, pone en riesgo los ecosistemas del norte de Costa Rica y zonas fronterizas con Nicaragua. Asimismo, cuestionó el decreto firmado por Arias y el entonces ministro Dobles que otorgó ese estatus al proyecto minero en Crucitas, en la zona de Cutris de San Carlos.

Pacheco también expresó su esperanza de que la Sala Constitucional revierta dicho decreto, al tiempo que recordó que durante su administración se había establecido una moratoria a la minería metálica como parte de una política orientada a la protección ambiental. Esta moratoria fue posteriormente derogada en el contexto de las decisiones impulsadas por el gobierno de Arias.

A pesar de este escenario, las organizaciones sociales señalan que la respuesta ciudadana ha comenzado a fortalecerse. La aparición de múltiples frentes de lucha ambiental en distintas regiones del país refleja tanto la diversidad de conflictos como una creciente articulación entre actores sociales. Un ejemplo de ello fue la realización de un foro ambientalista en oposición al tratado comercial, que reunió a agricultores, pueblos indígenas, activistas urbanos y profesionales de diversas disciplinas.

Para el movimiento ecologista, este momento representa un punto de inflexión. Las organizaciones han anunciado que darán seguimiento cercano a las decisiones del gobierno y acompañarán las luchas territoriales que emergen frente a proyectos considerados amenazantes para los bienes comunes.

En medio de estas tensiones, se perfila una disputa más profunda sobre el modelo de desarrollo del país. Mientras desde el gobierno se impulsa una agenda orientada a la apertura económica y la atracción de inversiones, sectores sociales apuestan por construir alternativas basadas en la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación ciudadana, confiando en la capacidad de las comunidades organizadas para incidir en el rumbo del país.