Represas privadas “express” avanzan sin debate público en Costa Rica

Por Mauricio Álvarez Mora.

En distintas regiones del país empresas privadas y grupos de ingenieros han comenzado a impulsar proyectos hidroeléctricos sin que exista una discusión nacional abierta sobre el modelo energético o una nueva regulación del mercado eléctrico, estas iniciativas avanzan de forma acelerada y reflejan una tendencia hacia la privatización de la generación eléctrica y la eventual exportación de energía a otros países de la región.

El fenómeno no surge de la nada, desde hace algunos años sectores empresariales han venido explorando oportunidades en el negocio energético particularmente aprovechando vacíos regulatorios y señales de apertura parcial en el sector, en este contexto empresas como C.I.I. Ingenieros Asociados y Compañía Limitada vinculadas a proyectos como el PH Doña Julia en Horquetas de Sarapiquí ya desarrollan nuevas propuestas en zonas como Upala en la provincia de Alajuela.

En el distrito Dos Ríos de Upala comunidades como San Luis Argelia La Jabalina El Encanto y El Gavilán han sido identificadas como áreas de impacto directo del denominado Proyecto Hidroeléctrico Jabalina, aunque durante años circularon rumores sobre su existencia en los últimos tiempos han salido a la luz detalles más concretos sobre su alcance y características.

Según información compartida en espacios comunitarios el proyecto contempla la captación de aguas de varios ríos como Colón Cucaracho Pizote y Azul que serían canalizadas mediante tuberías y canales hacia un embalse, el diseño incluye la construcción de cuatro presas y un embalse de aproximadamente diez hectáreas ubicado a escasa distancia de infraestructuras comunitarias como una escuela local.

A pesar de la magnitud de la obra representantes de la empresa promotora han señalado que el proyecto aún se encuentra en una fase preliminar de factibilidad técnica sin embargo también han reconocido que ya han realizado mediciones topográficas identificado propiedades y establecido acuerdos preliminares con la mayoría de los dueños de parcelas en la zona.

Este avance anticipado ha generado preocupación entre comunidades campesinas y organizaciones sociales se han denunciado presiones para la venta de tierras así como gestiones ante instituciones públicas para facilitar estos procesos incluso antes de contar con permisos ambientales o estudios de impacto aprobados la participación de entidades como el entonces Instituto de Desarrollo Agrario ha sido cuestionada por actores locales.

Organizaciones vinculadas a la pastoral social han acompañado a comunidades en la comprensión de los posibles impactos de estos proyectos que van desde la alteración de fuentes de agua hasta cambios profundos en la dinámica territorial y productiva además líderes comunitarios han señalado problemáticas estructurales preexistentes como la falta de titulación de tierras el deterioro de caminos y denuncias de corrupción institucional que agravan la vulnerabilidad de las poblaciones frente a este tipo de iniciativas.

Mientras tanto las empresas promotoras suelen ofrecer beneficios asociados al desarrollo de infraestructura como puentes caminos y otras obras como parte de sus estrategias para ganar apoyo local sin embargo estas promesas generan escepticismo en comunidades que han visto repetirse este patrón en otros proyectos energéticos.

El avance de estas represas express pone en evidencia una tensión de fondo sobre el rumbo del modelo energético nacional por un lado se impulsa una expansión de la generación eléctrica bajo esquemas privados y con posibles fines de exportación por otro persisten cuestionamientos sobre la falta de planificación regulación efectiva y participación ciudadana en decisiones que afectan territorios y bienes comunes.

En este escenario las comunidades rurales aparecen una vez más en el centro de disputas por el uso de los recursos naturales enfrentando procesos acelerados que redefinen sus territorios sin que medien debates amplios ni garantías claras de protección ambiental y social.