Por Mauricio Álvarez Mora
Una grave situación de riesgo ambiental y sanitario ha sido denunciada por organizaciones sociales en Guatemala, tras revelarse el estado crítico de varios pozos petroleros abandonados en la región de Salinas de los Nueve Cerros, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. La alerta, dirigida a la opinión pública nacional e internacional, advierte sobre la posible emanación de gases altamente tóxicos y el peligro inminente para comunidades indígenas cercanas.
El origen de la denuncia se remonta al 14 de noviembre de 2006, cuando representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de la empresa Petrolatina Corporation se presentaron ante el Concejo Municipal de Cobán con el objetivo de obtener autorización para explotar el área. Durante esa sesión, quedó en evidencia la existencia de al menos siete pozos petroleros en la zona, dos de los cuales, identificados como 63-4 y 63-5, se encuentran en condiciones de alto riesgo debido a más de dos décadas de abandono sin mantenimiento.
Según lo expuesto por funcionarios y representantes empresariales, el deterioro de las válvulas podría provocar un reventón incontrolable, conocido en la industria como “blowout”, con consecuencias potencialmente devastadoras para el ambiente y las poblaciones cercanas, en su mayoría comunidades mayas q’eqchi’. La situación resulta aún más alarmante ante antecedentes recientes de accidentes petroleros en el país, como el estallido de un pozo en Rubelsanto que dejó víctimas fatales y personas heridas.
Pese a la gravedad de la información presentada, organizaciones comunitarias denuncian que la exposición de estos riesgos fue utilizada como argumento para presionar al Concejo Municipal a autorizar nuevas actividades de explotación en una zona reconocida por su riqueza biológica y valor arqueológico. Finalmente, las autoridades municipales rechazaron la solicitud.
Uno de los principales focos de preocupación es la presencia de gas sulfhídrico (H₂S), un compuesto altamente tóxico asociado a la actividad petrolera. Este gas, incoloro y de olor característico a materia en descomposición, es considerado extremadamente peligroso: puede resultar letal incluso en bajas concentraciones, superando en toxicidad a otros gases ampliamente conocidos por su peligrosidad.
Ante este escenario, la Mesa Ambiental Q’eqchi’ ha responsabilizado directamente al Ministerio de Energía y Minas por cualquier desastre que pueda derivarse del abandono de estos pozos, señalando que las autoridades ya tenían conocimiento previo de su estado crítico. Asimismo, la denuncia ha sido elevada ante el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y organismos internacionales.
Las organizaciones firmantes también cuestionan al gobierno del entonces presidente Óscar Berger, al que acusan de priorizar los intereses de la industria petrolera por encima de la vida, la salud y los derechos de las comunidades indígenas. Según sostienen, existe una relación de complicidad con empresas transnacionales que ha permitido la continuidad de prácticas extractivas sin controles adecuados.
El caso de Salinas de los Nueve Cerros pone en evidencia los riesgos asociados a la industria petrolera, especialmente cuando las operaciones son abandonadas sin procesos adecuados de cierre y restauración. También refleja una problemática más amplia en la región: la coexistencia de territorios de alto valor ecológico y cultural con actividades extractivas que amenazan su integridad.
La denuncia concluye con un llamado urgente a priorizar la vida y el ambiente frente a los intereses petroleros, en un contexto donde las comunidades continúan enfrentando riesgos invisibilizados y decisiones tomadas sin su consentimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario