Expansión petrolera y disputa energética en Mesoamérica marcan nuevo escenario regional

Por Mauricio Álvarez Mora .

En el contexto del año 2006, la región mesoamericana atraviesa un momento decisivo en torno al petróleo y al modelo energético. En los últimos años, una serie de factores globales, regionales y nacionales han intensificado la presión sobre los territorios, posicionando la expansión petrolera como uno de los ejes centrales de disputa política, económica y ambiental.

A nivel internacional, las guerras en Medio Oriente, el aumento sostenido en los precios del petróleo y la creciente demanda energética han reconfigurado las estrategias de control y acceso a los recursos. Esta dinámica global tiene impactos directos en Mesoamérica, donde se acelera la apertura de nuevas fronteras de exploración y se consolidan proyectos de infraestructura energética.

En el plano regional, iniciativas como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y la implementación del Plan Puebla Panamá han generado condiciones favorables para la inversión energética. Estos procesos incluyen el impulso de megaproyectos orientados a la integración regional, como oleoductos, gasoductos, refinerías y corredores logísticos que atraviesan el istmo de costa a costa.

Ya desde inicios de la década del 2000, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo planteaban la necesidad de modernizar la infraestructura energética de la región, promoviendo proyectos de almacenamiento, transporte y suministro de combustibles fósiles. Estas propuestas no solo implican transformaciones económicas, sino también una profunda reconfiguración territorial que amenaza ecosistemas estratégicos y la soberanía de los países.

En este escenario, Centroamérica se posiciona como un territorio clave en la geopolítica energética. La región no solo es vista como un espacio potencial para la exploración petrolera, sino también como un corredor estratégico para el transporte de hidrocarburos entre el Atlántico y el Pacífico, así como entre Norteamérica, Sudamérica y Asia. El Canal de Panamá, por ejemplo, constituye un punto neurálgico por donde transita una parte significativa del comercio petrolero mundial.

Al mismo tiempo, se consolidan dos grandes bloques energéticos en disputa. Por un lado, el bloque impulsado por Estados Unidos, que busca integrar a México, Centroamérica, República Dominicana y Colombia en una estrategia común de refinación y transporte. Por otro, el bloque suramericano liderado por Venezuela, que propone nuevos esquemas de cooperación energética para la región. Esta tensión geopolítica sitúa a los países centroamericanos en una posición estratégica, pero también vulnerable.

En el plano interno, la dependencia de los combustibles fósiles y el aumento de sus precios generan una crisis económica que afecta a amplios sectores de la población. Frente a esta situación, emergen distintos enfoques. Mientras algunos sectores promueven la explotación petrolera como salida a la crisis, otros plantean la necesidad de avanzar hacia alternativas energéticas más sostenibles.

Sin embargo, un elemento clave en este debate es el marco legal que regula la actividad petrolera. Durante la década de los noventa, la mayoría de países de la región reformaron sus leyes de hidrocarburos en el marco de los Programas de Ajuste Estructural impulsados por el Banco Mundial. Estas reformas redujeron el control estatal sobre los recursos y facilitaron la participación de empresas privadas, limitando la capacidad de los Estados para incidir en los precios y en la gestión del petróleo.

En este contexto, resulta cuestionable la idea de que la explotación petrolera pueda representar una solución a la crisis energética, ya que los precios continúan sujetos al mercado internacional, independientemente de la producción local.

A pesar de que las reservas petroleras en la región son relativamente limitadas, el avance de concesiones es significativo. En varios países, amplias zonas de alto valor ecológico y cultural han sido otorgadas a empresas para exploración y explotación. Estas áreas incluyen territorios indígenas, parques nacionales y zonas de gran biodiversidad, lo que ha generado crecientes conflictos socioambientales.

México: la región de Tabasco produce gran parte del petróleo que produce PEMEX. Dentro del Golfo de México se desarrollan constantemente actividades de exploración y se perforan a menudo pozos para comprobar yacimientos. La presión de los EEUU para consolidar un bloque México-Centroamérica- República Dominicana, genera apertura y alianzas de PEMEX con empresas norteamericanas para aumentar la producción y construir una infraestructura en la región para refinación y transporte. Por otro lado los impactos ambientales, sociales y económicos siguen dándose en la región. Los pescadores deben ir cada vez más lejos para encontrar recursos, los derrames y accidentes afectan la vida productiva la salud y los ecosistemas de las comunidades. 

El Salvador: a pesar de no tener amenaza de concesiones petroleras, se cree que a través de El Salvador se transportará parte del crudo para ser refinado en la refinería en Centroamérica. Algunas alcaldías cuentan actualmente con un acuerdo con Venezuela para suministrar petróleo con acuerdos más favorables, por lo que se espera que se desarrolle un gran debate y conflicto sobre este tema. El monitoreo constante de estas realidades se hace vital para incluir al país en el mapa geopolítico del petróleo en la región.

Guatemala: a pesar de no ser un país con gran producción, Guatemala tiene planes de expansión petrolera, y ya  están dando nuevas concesiones en la franja entre Alta y Baja Verapaz. Recientemente se le dio una concesión importante de terrenos municipales en Alta Verapaz. Estas y otras zonas de expansión como el Lago de Izabal tienen un gran potencial ecoturístico, que junto a la actividad agrícola se promociona como la alternativa de desarrollo más sustentable. Estas zonas son pobladas por indígenas mayas Q`ueqchies y Quichés, muchas con población de retornados que intentan reconstruir de nuevo sus formas de vida ancestrales luego del conflicto armado. Para estas comunidades resulta principal tener acceso a la información sobre los contratos petroleros y sus impactos, así como herramientas para la defensa del convenio 169 y otros relacionados con pueblos indígenas, para que puedan enfrentar estos megaproyectos.

Belice: los avances de los contratos petroleros se están dando rápidamente en Belice. Ya se están sacando 500 barriles diarios de un pozo en Spanish Lookout, zona poblada por menonitas asentados ahí desde hace varias décadas. A pesar del optimismo inicial, ya se están dando impactos en la salud, los cultivos y la vida cotidiana de las comunidades aledañas. El gobierno está  buscando una reforma a las leyes para aumentar el porcentaje de regalías, a pesar de que las empresas insisten en que para desarrollar al país debe mantenerse el 6%. Otra  concesión que ha generado un gran conflicto es la que se dio en el Parque Binacional Saarstoon-Temach, en la frontera con Guatemala, habitado por pueblos tradicionales mayas y garífunas. Por ser un sitio Ramsar, las organizaciones han presentado recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, para que el contrato se pueda anular, ya que el país tiene compromisos de conservación que debe cumplir. Actualmente este proceso legal está en camino, pero sigue habiendo una política del gobierno de dar más concesiones en otras zonas, y lo ve como una fuente segura de ingresos y desarrollo. 

Honduras: En la costa caribe hondureña,  con poblaciones Miskita y Garífuna, no se han dado oficialmente concesiones a empresas petroleras. Sin embargo se dan reportes de las comunidades de incursiones de empresarios para visitar antiguos pozos y personal de otras exploraciones pasadas. Las organizaciones y comunidades locales se han mantenido alerta y están organizando un taller de intercambio binacional con las comunidades miskitas del lado de Nicaragua, que cuentan con un historial de lucha contra los contratos petroleros.

Nicaragua: En Nicaragua se dieron concesiones tanto en el Pacífico como en el Atlántico en los últimos dos años. La concesión del Pacífico abarca 12 Municipios y cuatro departamentos, y contiene tanto zona marítima como terrestre. Afecta refugios de vida silvestre, comunidades campesinas e indígenas. Se ha generado un gran debate a nivel municipal sobre los impactos de la actividad; se ha presentado recurso de amparo contra el contrato, pero no se ha podido detener la concesión. Sin embargo, el Municipio de Sta Teresa se ha declarado Libre de Actividades Petroleras. 

En la Costa Atlántica, se han dado cuatro bloques en concesión a dos empresas, que suman más de 6000 km cuadrados. Esta concesión se encuentra parte en la RAAN y parte en la RAAS (Atlántico Norte y Atlántico  Sur). Los gobiernos locales se han manifestado unánimemente en contra de las concesiones, por falta de consulta y la violación a la Ley de Autonomía de las Regiones Autónomas y el Convenio 169. Estas regiones cuentan con la potestad de aceptar o rechazar los megaproyectos de la región, y sin su consentimiento no pueden operar estas actividades. El caso se llevó al Tribunal local de la RAAS, a través de un recurso de amparo para anular el contrato por falta de consulta, y se ha fallado a favor del recurso, con lo que quedó anulado el contrato. La Procuraduría se prepara ahora para anular esta resolución. 

Costa Rica: en los últimos años se mantuvo la Moratoria a las actividades petroleras debido a la posición del gobierno anterior; sin embargo el nuevo gobierno pretende romper la moratoria e iniciar la promoción de nuevas concesiones. Actualmente la empresa que perdió la concesión en el Caribe, y cuyo contrato fue anulado en el último período, ha demandado al Estado para recibir una indemnización o una restitución del contrato anulado. El Tribunal Contencioso ha rechazado un intento de la empresa para eliminar a las organizaciones locales y ambientales en la coadyuvancia al Estado en el juicio, con lo que las mismas  quedan consignadas como partes legítimas del proceso.

Otro elemento que afecta el contexto es el TLC, que vendría a consolidar los derechos de las compañías una vez que obtengan, concesiones y contratos. El caso de Harken, que intentó llevar al país a un arbitraje internacional ante el CIADI, del Banco Mundial, en el que exigía se le reconocieran 57 000 millones de dólares por ganancias no obtenidas, se ha convertido en el mejor ejemplo de las consecuencias de firmar el TLC. Este caso no procedió justamente porque el país no ha ratificado el TLC, pero es fuente de análisis constante entre las organizaciones sociales que estudian las consecuencias del TLC.

A raíz de la reactivación de la campaña en el país, ha cobrado mucha relevancia el debate sobre las alternativas energéticas, el mantenimiento de la Moratoria y la posibilidad de convertirse en un proyecto piloto como país de un nuevo modelo energético.

Panamá: hay dos concesiones que esperan la firma de contrato; la primera en la costa Caribe, en la frontera con la Comarca Kuna Yala,  y la segunda en el Golfo de Panamá en Garrachiné. Las poblaciones tradicionales Kunas en el Caribe y Africanas en el Pacífico no cuentan con información de parte del gobierno, por lo que el Congreso General Kuna ha iniciado el proceso de exigirle al gobierno la información sobre los contratos. Por su lado la población en Garrachiné es principalmente descendiente africana y se dedica a la pesca, y los miembros de Oilwatch están desarrollando contacto en la zona para llevar la información.

El debate sobre el modelo energético en Panamá está más avanzado que en otros países de la región, principalmente por el alza constante de los precios de la electricidad y el petróleo, y la expansión de las represas en territorios indígenas y campesinos.

En toda la región, un patrón común es la ausencia de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas. Frente a esto, organizaciones sociales y redes como Oilwatch han impulsado estrategias que combinan la generación de información, el acompañamiento legal y la movilización social, fortaleciendo la capacidad de las comunidades para defender sus territorios.

En este contexto, la propuesta de una moratoria a la exploración petrolera adquiere una relevancia creciente, así como la necesidad de construir alternativas energéticas sostenibles que respondan a las realidades sociales y ambientales de la región. El debate sobre el futuro energético de Mesoamérica no solo es técnico o económico, sino profundamente político, y está marcado por la tensión entre modelos de desarrollo contrapuestos.