Por Mauricio Álvarez Mora
Representantes de los territorios indígenas de Térraba, Ujarrás y Boruca manifestaron su rechazo contundente al proyecto hidroeléctrico Boruca durante el “Encuentro por la Vida de los Ríos y la Unidad Indígena”, realizado en julio de 2006 en el territorio de Térraba. La posición asumida por estas comunidades se fundamenta en los impactos ambientales, sociales y culturales que implicaría la construcción de esta obra en el río Térraba.
El proyecto, impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad, ha sido señalado como una amenaza directa para los territorios indígenas, debido a la posible pérdida de extensas áreas de bosque, la afectación de la biodiversidad y la inundación de sitios de alto valor cultural. Entre las principales preocupaciones expresadas por las comunidades se encuentra la destrucción de más de un centenar de sitios arqueológicos, considerados parte fundamental de su memoria histórica y del patrimonio nacional.
Asimismo, se advierte sobre el eventual desplazamiento de familias indígenas y las consecuencias que esto tendría en la estructura social y cultural de los pueblos afectados. Para las organizaciones participantes, este tipo de proyectos no solo transforma el entorno natural, sino que también altera profundamente las formas de vida, las relaciones comunitarias y los vínculos espirituales con el territorio.
Ante este panorama, las comunidades acordaron impulsar un proceso de oposición comunitaria al proyecto hidroeléctrico Boruca, exigiendo al Estado costarricense desistir de su construcción. Esta decisión se inscribe en una larga trayectoria de defensa territorial por parte de los pueblos indígenas del sur del país, quienes han insistido en la necesidad de respetar su autonomía y sus derechos colectivos.
La preocupación no se limita al caso de Boruca. Paralelamente, han surgido señales de que el gobierno podría reactivar otros proyectos hidroeléctricos previamente cuestionados, como el del río Pacuare. Según trascendió en actas de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad, se habría abierto la posibilidad de retomar esta iniciativa, pese a la fuerte oposición social que ha enfrentado en el pasado.
El caso del Pacuare constituye un antecedente significativo. En 2005, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió archivar el expediente del proyecto hidroeléctrico, argumentando la necesidad de resguardar el interés público y evitar mayores perjuicios. Ese mismo año, cerca de 9.000 habitantes del cantón de Turrialba participaron en un plebiscito organizado por la municipalidad y supervisado por el Tribunal Supremo de Elecciones, en el que una abrumadora mayoría —alrededor del 96%— se pronunció en contra de la construcción de represas en el río Pacuare.
A pesar de este resultado, sectores sociales han denunciado intentos de reactivar el proyecto sin un proceso transparente ni consulta efectiva a las comunidades. Estas acciones han sido interpretadas como un desconocimiento de la voluntad popular, así como de los mecanismos de participación democrática a nivel local.
La oposición a los proyectos hidroeléctricos en Costa Rica refleja un debate más amplio sobre el modelo energético y de desarrollo del país. Mientras las autoridades promueven la expansión de la infraestructura eléctrica como parte de una estrategia de crecimiento, comunidades indígenas, organizaciones ecologistas y sectores locales cuestionan los costos sociales y ambientales de estas iniciativas.
En este contexto, la defensa de los ríos y los territorios se ha convertido en un eje articulador de diversas luchas. Tanto en Térraba como en el Pacuare, las comunidades han dejado claro que no están dispuestas a ceder ante proyectos que consideran incompatibles con su forma de vida y con la protección de los ecosistemas.
El conflicto pone en evidencia tensiones persistentes entre desarrollo, derechos territoriales y sostenibilidad, y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para conciliar estos intereses sin vulnerar los derechos de las poblaciones más directamente afectadas.
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