.jpg)
El cantón de Barva, en Heredia, dio un paso significativo en la defensa de la salud ambiental al declararse libre de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en todas las áreas bajo administración municipal. El acuerdo fue aprobado el pasado 22 de noviembre por el Concejo Municipal, consolidando una tendencia creciente en el país hacia la reducción del uso de agroquímicos en espacios públicos.
En el décimo aniversario de Kioscos Socio Ambientales, queremos agradecer a todas las comunidades y personas que han creído en este proceso y crecido con él. Hemos tejido junto con ellas y ellos caminos pedagógicos, dialógicos y epistemológicos buscando la horizontalidad, el cuido, la rigurosidad, la creatividad y desde la diversidad de los territorios y desigualdades imperantes.
.jpg)
Por Mauricio Álvarez Mora.
El expediente No. 17.742, impulsado con las firmas de 150000 personas por medio del mecanismo denominado “iniciativa popular” está siendo desnaturalizado por el interés de las cámaras agrícolas y los juegos electorales al ser remplazado por el proyecto No. 20.212, que es impulsado por el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Marín.
La Sala Constitucional de Costa Rica marcó un precedente clave en la defensa del patrimonio natural al declarar “parcialmente con lugar” un recurso de amparo (Exp. 16-010216-0007-CO), obligando al Estado a diseñar y ejecutar un plan integral de control y protección de las áreas silvestres protegidas.
La resolución establece que el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda de Costa Rica deberán coordinar acciones para evaluar la situación actual de las áreas de conservación y garantizar su resguardo efectivo. Como parte de esta orden, ambas instituciones deberán elaborar e implementar, en un plazo máximo de sesenta meses, un plan que asegure vigilancia adecuada, prevención de daños ambientales y disponibilidad de recursos suficientes para su cumplimiento.
.jpg)
Un nuevo decreto ejecutivo (N° 40505) modificó, sin consulta previa, la composición de la Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta vinculada al Ministerio de Ambiente y Energía, dejando por fuera a la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), organización que durante años ocupó un espacio formal dentro de este órgano consultivo.
Día de Los Parques Nacionales. Un año más para celebrar y estar orgullosos de nuestro patrimonio natural como herencia a futuras generaciones. Pero en las últimas celebraciones se han convertido en interminables las listas de amenazas y hechos que evidencian que el sistema de conservación atraviesa una grave crisis que dejó de ser pasajera para verse más concreta y profunda.
Bayer S.A. y Costa Rica Seeds S.A. (= Semillas del Trópico S.A.) intentaron dejar por fuera de la discusión a los representantes de la sociedad civil en el seno de la CTNBio, que es la instancia del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) donde participan distintos sectores encargados de conocer y dictaminar la solicitudes de siembra de los cultivos transgénicos en nuestro país, y en este caso específico sobre el permiso de siembra en Costa Rica de las variedades de algodón transgénico citadas.
Los cantones de Corredores, Quepos y Talamanca han decidido prohibir específicamente el uso de glifosato en áreas bajo administración municipal como parques y cementerios. Por su parte, Alajuela y Esparza han dado un paso más amplio al vetar el uso de herbicidas en general en espacios públicos. Estas decisiones se suman a una cadena de acuerdos similares adoptados previamente por municipios como Sarapiquí, Desamparados, Aserrí, Belén y Pérez Zeledón, así como por cantones como Tibás, Santo Domingo y Montes de Oca, además de instituciones públicas como la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica.
Lo que está en juego no es únicamente la regulación de una sustancia, sino la discusión de fondo sobre el modelo agrícola y sanitario del país. Costa Rica, a pesar de su imagen verde, mantiene niveles alarmantes de uso de agroquímicos. Datos de organismos internacionales y centros de investigación nacionales han señalado reiteradamente que el país consume más plaguicidas por hectárea que cualquier otro en el mundo. Solo en 2015 se importaron más de cuatro mil toneladas de ingredientes activos de herbicidas, siendo el glifosato el principal, con más de mil trescientas toneladas.
La magnitud de estas cifras se vuelve más preocupante cuando se considera que una parte significativa de estos productos no se utiliza en actividades agrícolas, sino en espacios urbanos y de uso público. Se estima que cerca del 35 por ciento del glifosato se aplica en zonas no agrícolas, como bordes de caminos, caños, parques y otras áreas donde la exposición de la población es directa y cotidiana. Es decir, no se trata únicamente de un problema ambiental, sino también de salud pública.
En este contexto, la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” ha logrado articular a diversos sectores sociales en torno a una demanda clara: reducir y eventualmente eliminar el uso de agrovenenos en el país. Ecologistas, comunidades campesinas, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, sindicatos y sectores académicos han coincidido en la urgencia de transitar hacia alternativas más seguras y sostenibles. Como han señalado sus impulsores, la prohibición del glifosato es apenas un primer paso hacia un cambio más profundo.
El debate también incluye otros plaguicidas altamente peligrosos, como el Paraquat, cuya toxicidad ha llevado a su prohibición en decenas de países, pero que aún se utiliza en Costa Rica. La persistencia de estos productos en el mercado nacional refleja la influencia de intereses económicos que han logrado sostener un modelo dependiente de insumos químicos, a pesar de la evidencia sobre sus impactos.
Las decisiones municipales, aunque limitadas en su alcance territorial, tienen un efecto multiplicador. No solo reducen la exposición directa de las personas a sustancias tóxicas, sino que envían un mensaje político claro: existen alternativas y es posible implementarlas. Además, colocan presión sobre otras instituciones públicas para que revisen sus prácticas y adopten medidas similares.
Este proceso también revela el papel fundamental de los gobiernos locales como espacios de innovación y respuesta frente a problemáticas que, muchas veces, no son atendidas con la misma urgencia a nivel nacional. En ausencia de políticas estatales más contundentes, las municipalidades están asumiendo un rol activo en la protección de la salud y el ambiente.
Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme. Reducir el uso de agroquímicos en espacios públicos es solo una parte del problema. La transformación real implica cuestionar el modelo productivo que ha llevado a Costa Rica a depender de estos insumos, así como fortalecer la investigación, la educación y las prácticas agroecológicas.
Lo que estas decisiones muestran es que el cambio no solo es necesario, sino posible. Desde los parques y cementerios hasta los campos agrícolas, la discusión sobre los agrovenenos ha dejado de ser marginal para convertirse en un tema central del debate público. Y en ese camino, cada acuerdo local cuenta como un paso hacia un país más sano y coherente con su discurso ambiental.
Una nueva mortandad de peces, crustáceos y reptiles fue denunciada el pasado fin de semana por operadores turísticos y pobladores cercanos a la Laguna Madre de Dios, en la desembocadura del río Pacuare. Según los reportes iniciales, el evento estaría relacionado con contaminación por agroquímicos provenientes de actividades agrícolas río arriba, vinculadas a monocultivos como banano, piña y arroz, una problemática que las comunidades aseguran se repite desde hace décadas.
Por Mauricio Álvarez Mora y Fabián Pacheco Rodríguez, ecologistas Una resolución emitida en abril pasado por la Sala Constitucional , que or...
