Gobierno excluye a ecologistas de comisión asesora de SETENA

Por Mauricio Álvarez Mora

Un nuevo decreto ejecutivo (N° 40505) modificó, sin consulta previa, la composición de la Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta vinculada al Ministerio de Ambiente y Energía, dejando por fuera a la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), organización que durante años ocupó un espacio formal dentro de este órgano consultivo.

La comisión fue creada en 2005 mediante el decreto N° 32631-MINAE con el objetivo de apoyar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en el desarrollo y modernización de los instrumentos técnicos y procedimientos del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el país. Su integración contemplaba una representación diversa que incluía instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, consultores, cámaras empresariales y actores de la sociedad civil, entre ellos FECON.

El nuevo decreto introduce un cambio significativo al sustituir la representación específica del movimiento ecologista por una figura genérica de “una ONG”, lo que, según FECON, diluye la participación del sector ambiental y debilita la representación histórica que esta organización ha ejercido en la comisión.

Desde la federación se interpreta esta decisión como una reacción del gobierno frente a su postura crítica en temas ambientales. Señalan que su exclusión responde a la beligerancia con la que han exigido el cumplimiento de compromisos asumidos en campaña, particularmente en asuntos como la incineración, la expansión piñera, el uso de agroquímicos, las semillas y los organismos transgénicos.

FECON considera que la medida representa un retroceso en materia de participación ciudadana y gobernanza ambiental, y cuestiona que se produzca en una administración que suscribió un Pacto Ambiental durante el proceso electoral. A su juicio, la nueva redacción del decreto refleja una visión limitada de la participación pública, alejándose de principios internacionales como el Principio 10 de la Cumbre de la Tierra, que promueve el acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales.

La organización también subraya que, si bien el movimiento socioambiental es diverso y no puede ser representado por una sola entidad, FECON cuenta con una trayectoria de más de 28 años y una presencia institucional reconocida, incluyendo su participación en instancias como la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad y la Comisión Técnica Nacional Asesora en Bioseguridad.

Un contexto de cuestionamientos a SETENA

La exclusión de FECON se da en medio de un contexto histórico de cuestionamientos al funcionamiento de SETENA. Aunque la Comisión Asesora tiene carácter consultivo, su reactivación ha sido una demanda reiterada por parte de organizaciones ambientales, especialmente ante una serie de irregularidades señaladas en la gestión de la institución.

Entre los casos más emblemáticos se mencionan el proceso ambiental del proyecto minero Crucitas, la aprobación de la Marina Moín con afectaciones a humedales, y el fallido proyecto de refinería, cuyo estudio de impacto ambiental fue ampliamente cuestionado. A esto se suman denuncias relacionadas con proyectos de infraestructura, evaluaciones ambientales deficientes y la falta de regulación en instrumentos clave como la Evaluación Ambiental Estratégica.

Durante los últimos tres gobiernos, organizaciones ecologistas han insistido en la necesidad de una reforma estructural de SETENA que garantice su autonomía técnica y financiera, así como mayor transparencia y rigor en los procesos de evaluación ambiental. Entre las propuestas planteadas se incluyen la renovación de su estructura interna, auditorías externas y el fortalecimiento de espacios participativos como la Comisión Mixta Asesora.

Sin embargo, según FECON, las respuestas institucionales han sido insuficientes y han prevalecido decisiones orientadas a facilitar proyectos de desarrollo, muchas veces en detrimento del ambiente y las comunidades.

En este escenario, la exclusión de la organización de la comisión asesora es vista como un debilitamiento adicional de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental del país.

Para FECON, la medida no solo afecta a una organización en particular, sino que plantea interrogantes sobre el rumbo de la política ambiental y el papel de la sociedad civil en la toma de decisiones.