Barva se declara libre de agrotóxicos en espacios públicos

Por Mauricio Álvarez Mora.

El cantón de Barva, en Heredia, dio un paso significativo en la defensa de la salud ambiental al declararse libre de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en todas las áreas bajo administración municipal. El acuerdo fue aprobado el pasado 22 de noviembre por el Concejo Municipal, consolidando una tendencia creciente en el país hacia la reducción del uso de agroquímicos en espacios públicos.

Con esta decisión, ya son 17 municipalidades y dos universidades públicas las que han adoptado políticas similares en Costa Rica. Entre los cantones que han establecido prohibiciones totales se encuentran Escazú, La Unión, Mora, Alajuela, Esparza, Sarapiquí, Desamparados, Aserrí, Belén y Pérez Zeledón. Por su parte, otros gobiernos locales han aprobado restricciones específicas al uso del herbicida glifosato, como Corredores, Quepos, Tibás, Santo Domingo, Montes de Oca y Talamanca, junto con instituciones académicas como la UNED y la UCR.

El contexto nacional refuerza la relevancia de estas medidas. Según datos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, en 2015 Costa Rica importó más de 4.100 toneladas de ingrediente activo de herbicidas, siendo el glifosato el más utilizado, con 1.340 toneladas. Esta cantidad permitiría preparar millones de litros de formulaciones comerciales, suficientes para fumigar extensas áreas del territorio nacional.

Frente a esta realidad, la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” impulsa la eliminación no solo del glifosato, sino también de otros plaguicidas clasificados como altamente peligrosos. Entre ellos destaca el Paraquat, un herbicida de alta toxicidad prohibido en más de 40 países, cuyo uso continúa generando preocupación en el país por sus impactos en la salud humana y el ambiente.

El movimiento es promovido por diversas organizaciones ecologistas, entre ellas la Red de Coordinación en Biodiversidad, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Bloque Verde y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL). A nivel territorial, cuenta con el respaldo de una amplia diversidad de actores sociales: organizaciones campesinas, sindicatos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas, estudiantes y profesionales.

La declaratoria de Barva se suma así a un proceso nacional que busca transformar la gestión de los espacios públicos hacia prácticas más seguras, sostenibles y coherentes con la protección de la salud y los ecosistemas. Más allá de una medida administrativa, representa una señal clara de que cada vez más comunidades optan por territorios libres de agrovenenos.