Por Mauricio Álvarez Mora
Tenemos así un patrimonio
biodiverso cada vez más importante en tiempos de crisis climática, que alberga
ecosistemas que han sido custodiados y aprovechados por sus comunidades
indígenas y afrodescendientes. A su vez, hay espacios resguardados por una
serie de áreas protegidas, sabias decisiones que parecen ser cosa del pasado.
Hoy, todo este delicado
equilibrio está amenazado más que nunca por diferentes megaproyectos. En la
playa Moín, al norte de Limón, está uno de los principales puertos para la
industria del país, incluyendo la refinería de petróleo. En esta playa es donde
se construye un nuevo megapuerto con inversiones que suman cerca de 5 mil
millones de dólares. Incluyen obras como una megamarina, la ampliación del
muelle petrolero, una nueva refinería, hasta la exploración de hidrocarburos,
un segundo megapuerto de transferencia de contenedores, un sistema ferroviario,
la modernización portuaria del muelle público existente, zonas francas,
desarrollo inmobiliario y la terminal de importación y almacenamiento del gas
natural. Más al norte, la siguiente playa, Parismina, es objeto de interés para
otro posible megaproyecto: un canal seco con un costo aproximado de 16 mil
millones de dólares que implicará dos muelles adicionales: uno en el Caribe y
otro en el Pacífico.
Estos megaproyectos se venían elaborando sigilosamente hasta el 30 de mayo del 2013 cuando el asesinato del ecologista Jairo Mora, que estudiaba y protegía las tortugas en Moín, evidenció que se trata de una zona de importancia hasta entonces desconocida para el desove de estos animales y salieron a flote las intenciones de los proyectos planteados.
Mora trabajó de manera sistemática desde 2012 y logró identificar en Moín alrededor de mil 474 nidos de tortugas baula (Dermochelys coriacea), lo que demostró que esa playa era uno de los sitios de mayor anidación en el país. La tortuga baula está seriamente amenazada a nivel mundial, y está clasificada como en peligro crítico, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN (2012). A pesar de todo el conocimiento generado por Mora, el proceso de industrialización sigue adelante del centro al norte del Caribe.
Para completar el proceso de
expansión, el gobierno anterior (2010-2014) promovió y aprobó la Ley 9205 para
la titulación de tierras, lo que significaba desafectar áreas silvestres
protegidas, sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de
particulares. Esto facilitaría la industrialización de la costa Caribe norte,
sin contar con los requisitos que se exigen para seguir este procedimiento, los
cuales requieren de estudios que demuestren que el ambiente no se verá
perjudicado.
Estas intenciones quedaron
sepultadas, al menos por ahora, por una acción interpuesta por los ecologistas
ante la Sala de Constitucionalidad que anuló la ley de titulación de áreas
protegidas por la falta de estudios ambientales para realizar esta
privatización del patrimonio natural del Estado.
Según la Federación Ecologista: “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado, pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.
En estos meses, llegarán miles de
tortugas a la zona de expansión comercial e industrial de Moín en las que cada
día están siendo más arrinconadas. Pero aún pueden buscar playas del norte que
seguirán siendo áreas protegidas gracias a la acción legal emprendida por los
ecologistas de Costa Rica.
Publicado en: https://ecologica.jornada.com.mx/2017/12/01/caribe-costarricense-de-paraiso-natural-a-megaproyecto-industrial-684.html
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