Durante los últimos meses Costa Rica ha sido escenario de una intensa disputa en torno al futuro de las concesiones petroleras otorgadas en el Caribe y a las pretensiones de la compañía Harken Costa Rica Holdings de obtener compensaciones económicas tras la decisión del Estado de poner fin a un proyecto que nunca logró superar los requisitos ambientales exigidos por la legislación nacional.
La controversia surge luego de que el Ministerio de Ambiente y Energía decidiera rescindir el contrato de concesión petrolera otorgado a la empresa. La decisión se produce tras años de cuestionamientos técnicos, ambientales y legales relacionados con el proyecto de exploración petrolera frente a la costa caribeña costarricense.
El gobierno calificó de chiste la intención de la petrolera Harken Energy de exigir, mediante un arbitraje, $57.000 millones al país. La empresa presentó una solicitud para un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés). Dicho organismo está adscrito al Banco Mundial y tiene su sede en Washington, EE.UU.
La idea de conmemorar el mal llamado día de culturas e “invitar” al ICE a salir de su territorio, por más de 3000 años, fue el motivo de la celebración del 25 y 26 de octubre del 2003 en la Comunidad de Rey Curré.
Como dijo la Asociación de Desarrollo Integral de Rey Curré “ésta es una estrategia para minimizar de los efectos nocivos a nuestra identidad cultural”, por lo que se decidió realizar los eventos de trascendencia estas fechas. Para el presidente de la Asociación de comunidad indígena debería realizar un decreto para que en las fechas que han matado, encarcelado o reprimido a los indígenas sean fechas que se recuerden al contrario de las oficiales de celebración del genocidio indígena.
Entre el 17 y el 20 de julio, en Honduras, se realizó el Segundo Foro Mesoamericano contra las Represas: “Por el Agua y la Vida de los Pueblos”. Más de 150 delegados y delegadas de distintos países se reunieron no solo para intercambiar experiencias, sino para poner en común una preocupación urgente: la creciente imposición de proyectos hidroeléctricos en la región.
Lejos de ser iniciativas aisladas, las represas forman parte de un modelo de desarrollo que se expande con rapidez, impulsado por corporaciones transnacionales, organismos multilaterales y gobiernos que, en muchos casos, han renunciado a su responsabilidad de proteger los bienes comunes. Lo que se presenta como progreso energético oculta, en realidad, una profunda reconfiguración territorial basada en el despojo.
En julio de 2003, comunidades indígenas, campesinas y organizaciones sociales de toda la región se reunieron en La Esperanza para celebrar el II Foro Mesoamericano Contra las Represas, un espacio de articulación regional que reunió a cerca de 150 personas afectadas por proyectos hidroeléctricos, entre ellas desplazados, sobrevivientes de la represión, viudas y huérfanos.
El encuentro se desarrolló en un contexto marcado por la expansión de megaproyectos energéticos en Mesoamérica, impulsados por alianzas entre gobiernos, empresas transnacionales y organismos financieros internacionales. Para las organizaciones participantes, esta proliferación de represas no responde a las necesidades energéticas de los pueblos, sino a la consolidación de un modelo económico orientado a la exportación y al libre comercio, vinculado a iniciativas como el Área de Libre Comercio de las Américas y otros acuerdos regionales.
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A finales de mayo de 2003, representantes de comunidades de distintas regiones del país se reunieron en el Segundo Foro Nacional "Comunidades frente a la expansión hidroeléctrica". El encuentro reunió a personas afectadas o amenazadas por proyectos hidroeléctricos, organizaciones sociales, líderes comunales y defensores ambientales que compartían una preocupación común: el futuro del modelo energético costarricense y el papel que debía desempeñar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en él.
Lejos de rechazar la generación eléctrica como necesidad nacional, las comunidades plantearon una discusión más profunda sobre quién controla la energía, quién recibe los beneficios y quién asume los costos sociales y ambientales de su producción. El resultado fue una declaración que constituye un importante testimonio de la visión de numerosos sectores sociales frente al avance de la privatización energética y la expansión de grandes proyectos hidroeléctricos en el país.
En mayo de 2003, mientras el gobierno de Nicaragua avanzaba en la entrega de concesiones para la exploración petrolera en extensas áreas del Caribe y el Pacífico, representantes de pueblos indígenas, organizaciones sociales, autoridades regionales y activistas ambientales de Nicaragua y Costa Rica se reunieron para intercambiar experiencias sobre los impactos de la industria petrolera y las estrategias de resistencia comunitaria frente a estos proyectos extractivos.
El encuentro, realizado entre el 15 y el 18 de mayo de ese año en las ciudades de Bluefields y Puerto Cabezas, constituyó uno de los primeros espacios de diálogo regional donde comunidades directamente amenazadas por concesiones petroleras pudieron conocer de primera mano experiencias organizativas, jurídicas y políticas desarrolladas en otros territorios de Centroamérica.
Por Mauricio Álvarez Mora.
Durante años se ha insistido en presentar la generación privada de electricidad como una solución eficiente, moderna y necesaria. Sin embargo, cuando se revisa con detenimiento su funcionamiento en Costa Rica, la realidad es otra. Más que una alternativa que beneficie al conjunto de la población, lo que se ha consolidado es un modelo que favorece a un grupo reducido de grandes empresarios, muchos de ellos vinculados a las élites políticas tradicionales.
Las leyes 7200 y 7508, que dieron origen a la generación y cogeneración privada, establecieron dos mecanismos claros. Por un lado, permitieron la construcción de plantas hidroeléctricas completamente privadas de menor escala. Por otro, abrieron la posibilidad de que empresas construyeran centrales, las operaran durante dos décadas o más y luego las transfirieran al Instituto Costarricense de Electricidad. En el papel, esto podía parecer un esquema razonable. En la práctica, ha resultado costoso, desigual y profundamente cuestionable.
Por Mauricio Álvarez Mora y Fabián Pacheco Rodríguez, ecologistas Una resolución emitida en abril pasado por la Sala Constitucional , que or...
