Represas y despojo: la disputa por el agua en Mesoamérica

 Por Mauricio Alvares Mora.*

Entre el 17 y el 20 de julio, en Honduras, se realizó el Segundo Foro Mesoamericano contra las Represas: “Por el Agua y la Vida de los Pueblos”. Más de 150 delegados y delegadas de distintos países se reunieron no solo para intercambiar experiencias, sino para poner en común una preocupación urgente: la creciente imposición de proyectos hidroeléctricos en la región.

Lejos de ser iniciativas aisladas, las represas forman parte de un modelo de desarrollo que se expande con rapidez, impulsado por corporaciones transnacionales, organismos multilaterales y gobiernos que, en muchos casos, han renunciado a su responsabilidad de proteger los bienes comunes. Lo que se presenta como progreso energético oculta, en realidad, una profunda reconfiguración territorial basada en el despojo.

El Foro fue claro en su diagnóstico: en Mesoamérica existen alrededor de 500 proyectos hidroeléctricos, cuya proliferación no responde a las necesidades energéticas de los pueblos, sino a la lógica de integración económica impulsada por iniciativas como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los tratados de libre comercio, el Plan Puebla-Panamá o el Plan Colombia. En este contexto, la infraestructura energética se convierte en una pieza clave para garantizar la expansión de un modelo neoliberal que prioriza la acumulación sobre la vida.

No es casual que estos proyectos se ubiquen, en su mayoría, en territorios indígenas y campesinos, espacios donde convergen una enorme riqueza natural y cultural. Allí, las represas no solo transforman ríos: fragmentan comunidades, erosionan formas de vida y amenazan la continuidad de pueblos enteros. La afectación no es únicamente ambiental; es también histórica, política y profundamente humana.

Uno de los aportes más relevantes del Foro fue evidenciar que estas luchas no son aisladas. Desde Brasil hasta Tailandia, las resistencias se reconocen en una experiencia común frente a lo que algunos participantes denominaron una “hidrogarquía”: una red de poder que, bajo el discurso energético, busca el control integral de las cuencas y, con ello, de todos los recursos asociados al agua. En esta lógica, la generación eléctrica es casi secundaria; lo central es el dominio territorial.

Frente a este escenario, el Foro no se limitó a la denuncia. También planteó una agenda política clara: detener la construcción de proyectos hidroeléctricos en curso, frenar nuevas concesiones sobre cuerpos de agua y garantizar que el agua sea reconocida y protegida como un bien colectivo, al servicio de las comunidades.

Lo que está en juego es mucho más que la producción de energía. Es la disputa por el sentido mismo del desarrollo. Mientras el modelo dominante insiste en mercantilizar la naturaleza y privatizar los bienes comunes, los pueblos organizados proponen otra visión: una donde el agua no es mercancía, sino fuente de vida; donde el territorio no es recurso, sino hogar; y donde la energía no se construye a costa de la destrucción de quienes históricamente han cuidado los ríos.

En un contexto de crisis climática y desigualdad creciente, estas voces no solo resisten: también señalan caminos posibles. Escucharlas ya no es una opción, es una necesidad urgente.

*Organizador y participante del evento.