Por Mauricio Álvarez Mora.
Durante los últimos meses Costa Rica ha sido escenario de una intensa disputa en torno al futuro de las concesiones petroleras otorgadas en el Caribe y a las pretensiones de la compañía Harken Costa Rica Holdings de obtener compensaciones económicas tras la decisión del Estado de poner fin a un proyecto que nunca logró superar los requisitos ambientales exigidos por la legislación nacional.
La controversia surge luego de que el Ministerio de Ambiente y Energía decidiera rescindir el contrato de concesión petrolera otorgado a la empresa. La decisión se produce tras años de cuestionamientos técnicos, ambientales y legales relacionados con el proyecto de exploración petrolera frente a la costa caribeña costarricense.
Para las organizaciones que integran la Acción de Lucha Antipetrolera (ADELA) y Oilwatch, la discusión trasciende el caso específico de una concesión. Lo que está en juego es la capacidad del país para defender su soberanía ambiental frente a los intereses de empresas transnacionales que buscan convertir los recursos naturales en mercancías sometidas exclusivamente a las reglas del mercado.
La situación adquiere una dimensión aún más preocupante en momentos en que Costa Rica discute la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y cuando aumentan las presiones para abrir sectores estratégicos de la economía nacional a los intereses de grandes corporaciones internacionales.
Una concesión cuestionada desde sus orígenes
El proyecto petrolero en el Caribe costarricense ha sido objeto de una amplia oposición social desde sus inicios. La propuesta contemplaba la perforación de pozos de gran profundidad en zonas cercanas a ecosistemas marinos de alta fragilidad ambiental y a comunidades costeras cuya economía y cultura mantienen una estrecha relación con el mar.
Después de una prolongada revisión técnica y científica, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) determinó que el estudio presentado por la empresa no cumplía con los requisitos necesarios para obtener la viabilidad ambiental.
La resolución fue considerada histórica por amplios sectores de la sociedad costarricense. Por primera vez una institución estatal rechazaba un proyecto petrolero de gran escala tomando en consideración criterios ambientales, científicos y sociales ampliamente respaldados por organizaciones comunitarias, sectores académicos, grupos ambientalistas y gobiernos locales.
La decisión fue respaldada además por el Ministerio de Ambiente y Energía y por el propio Gobierno de la República, consolidando una posición oficial contraria a la expansión de la frontera petrolera en el Caribe costarricense.
La amenaza de una demanda millonaria
Tras la rescisión del contrato, la empresa anunció su intención de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, con el propósito de reclamar compensaciones económicas al Estado costarricense.
Las cifras que inicialmente circularon en distintos medios generaron preocupación pública. Se habló de montos que alcanzaban decenas de miles de millones de dólares, cantidades desproporcionadas incluso para los estándares internacionales de litigios relacionados con inversiones extranjeras.
La amenaza fue interpretada por numerosas organizaciones sociales como una forma de presión destinada a obligar al país a negociar condiciones favorables para la empresa o a renunciar a la defensa de sus decisiones ambientales.
Para los movimientos antipetroleros, el caso constituye un ejemplo de cómo los mecanismos internacionales de protección de inversiones pueden convertirse en instrumentos para limitar la capacidad de los Estados de adoptar decisiones soberanas en materia ambiental.
El incumplimiento contractual de la empresa
Uno de los principales argumentos planteados por juristas, ambientalistas y diversos sectores sociales es que la empresa carece de fundamento legal para reclamar indemnizaciones.
La posición sostenida por especialistas en derecho público es que el Estado costarricense ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato de concesión, mientras que la empresa no logró satisfacer uno de los requisitos fundamentales para continuar con el proyecto: la obtención de la viabilidad ambiental.
Diversos análisis jurídicos coinciden en que la imposibilidad de ejecutar el proyecto no se deriva de una actuación arbitraria del Estado, sino del incumplimiento de la empresa al presentar un estudio de impacto ambiental incapaz de satisfacer las exigencias técnicas establecidas por la legislación nacional.
Desde esta perspectiva, no corresponde trasladar al Estado los costos derivados de las deficiencias técnicas y legales de la propia compañía.
Asimismo, se señala que mientras el contrato no sea formalmente anulado o rescindido mediante los procedimientos correspondientes, continúa vigente en términos jurídicos. Sin embargo, ello no genera automáticamente un derecho a indemnización para la parte que incumple sus obligaciones.
Un historial empresarial lleno de interrogantes
Las dudas sobre las pretensiones de Harken también se relacionan con la trayectoria de la empresa y con la compleja estructura corporativa utilizada para administrar la concesión costarricense.
La adjudicación original fue otorgada a MKJ Xploration Inc., empresa que participó como único oferente en la licitación realizada por el Estado costarricense en 1998. Posteriormente se produjeron una serie de transferencias societarias y reestructuraciones empresariales que dieron origen a Harken Costa Rica Holdings.
La participación de sociedades registradas en Panamá, Islas Caimán y Estados Unidos generó cuestionamientos sobre la verdadera estructura de propiedad de la concesión y sobre la naturaleza de las inversiones realizadas.
Documentos conocidos durante el proceso muestran que los derechos sobre la concesión fueron objeto de negociaciones privadas entre distintas compañías, incluyendo transacciones millonarias realizadas antes de que existiera cualquier posibilidad real de explotación comercial de hidrocarburos.
Para numerosos críticos del proyecto, estas operaciones revelan que la concesión petrolera fue utilizada principalmente como un activo financiero susceptible de generar ganancias mediante la especulación corporativa.
La evolución posterior del proyecto parece reforzar esa percepción. Diversos sectores señalan que la empresa nunca logró establecer una presencia operativa significativa en Costa Rica y que las actividades desarrolladas fueron limitadas en comparación con las expectativas inicialmente anunciadas.
El precedente del TLC
La discusión adquiere una importancia especial en el contexto de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.
Diversos sectores advierten que aceptar compensaciones económicas para una empresa que incumplió sus obligaciones contractuales enviaría una señal negativa respecto a la capacidad del país para hacer cumplir su legislación ambiental y defender sus decisiones soberanas.
La preocupación es aún mayor debido a que los futuros acuerdos comerciales podrían ampliar los mecanismos mediante los cuales inversionistas extranjeros cuestionen decisiones adoptadas por los Estados.
Por ello, organizaciones sociales, ambientalistas y diversos sectores políticos sostienen que Costa Rica debe defender con firmeza la legalidad de sus actuaciones y rechazar cualquier intento de utilizar presiones económicas o diplomáticas para modificar decisiones adoptadas conforme al ordenamiento jurídico nacional.
Derogar la Ley de Hidrocarburos
Para el movimiento antipetrolero, el conflicto con Harken demuestra la necesidad de avanzar hacia cambios estructurales en la legislación nacional.
Las organizaciones que integran ADELA y Oilwatch consideran que la derogación de la actual Ley de Hidrocarburos constituye el paso siguiente en la defensa del patrimonio ambiental costarricense.
A su juicio, mientras la legislación continúe permitiendo la entrega de concesiones para exploración y explotación petrolera, persistirá la posibilidad de nuevos conflictos similares y de nuevas presiones por parte de empresas interesadas en expandir la frontera petrolera hacia territorio costarricense.
La controversia actual muestra que la discusión no se limita únicamente a la viabilidad de un proyecto específico. Se trata de definir si el país está dispuesto a mantener la protección de sus ecosistemas, sus comunidades costeras y su soberanía frente a intereses corporativos que buscan convertir los bienes naturales en simples oportunidades de negocio.
En momentos en que Costa Rica debate su inserción en los procesos de globalización económica, el caso Harken se convierte en un símbolo de una discusión más amplia sobre el papel del Estado, los límites de las inversiones extranjeras y el derecho de la sociedad a decidir sobre el futuro de sus recursos naturales.
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