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Por Mauricio Álvarez Mora.
A finales de mayo de 2003, representantes de comunidades de distintas regiones del país se reunieron en el Segundo Foro Nacional "Comunidades frente a la expansión hidroeléctrica". El encuentro reunió a personas afectadas o amenazadas por proyectos hidroeléctricos, organizaciones sociales, líderes comunales y defensores ambientales que compartían una preocupación común: el futuro del modelo energético costarricense y el papel que debía desempeñar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en él.
Lejos de rechazar la generación eléctrica como necesidad nacional, las comunidades plantearon una discusión más profunda sobre quién controla la energía, quién recibe los beneficios y quién asume los costos sociales y ambientales de su producción. El resultado fue una declaración que constituye un importante testimonio de la visión de numerosos sectores sociales frente al avance de la privatización energética y la expansión de grandes proyectos hidroeléctricos en el país.
Uno de los principales mensajes del foro fue la defensa del ICE como institución pública estratégica para Costa Rica. Las organizaciones participantes insistieron en que el instituto debía fortalecerse mediante reformas legales, administrativas e institucionales que le permitieran continuar dirigiendo el desarrollo energético nacional bajo principios de solidaridad y equidad social. Para las comunidades, la crisis que enfrentaba la institución no era consecuencia de incapacidad técnica o financiera, sino del debilitamiento progresivo promovido desde sectores políticos y empresariales interesados en abrir espacios al capital privado.
En ese sentido, los participantes denunciaron lo que consideraban una campaña sistemática para presentar al ICE como una institución ineficiente. Según la declaración, sectores empresariales, figuras políticas vinculadas al pensamiento neoliberal y algunos exgobernantes promovían la idea de que el instituto generaba pérdidas, cuando, a juicio de las organizaciones, la realidad era exactamente la contraria. Desde esta perspectiva, el discurso de la crisis funcionaba como un mecanismo para justificar futuras privatizaciones.
La preocupación no era menor. Apenas tres años antes, en el año 2000, Costa Rica había vivido una de las movilizaciones sociales más importantes de su historia reciente con la lucha contra el llamado "Combo del ICE". Para muchas comunidades, la amenaza de privatización no había desaparecido; simplemente había adoptado nuevas formas.
Por ello, la declaración expresa un rechazo categórico a cualquier intento de apertura de los servicios de electricidad y telecomunicaciones. Los participantes argumentaban que detrás del discurso de la eficiencia privada se ocultaba el interés de convertir servicios públicos esenciales en fuentes de lucro para grupos empresariales nacionales e internacionales.
Las críticas también se dirigieron hacia el modelo de generación privada impulsado mediante las leyes 7200 y 7508. Según las organizaciones, estas normas habían permitido transferir enormes recursos públicos a empresas privadas mediante contratos de compra de electricidad. Los participantes denunciaron que los pagos realizados a los generadores privados representaban una carga económica significativa para el país y sostenían que esos recursos podrían utilizarse para fortalecer directamente la capacidad de inversión del ICE.
La discusión energética, sin embargo, trascendió el ámbito institucional y económico. Las comunidades insistieron en que el debate debía incluir los impactos ambientales y sociales asociados a la construcción de represas.
Por esa razón, exigieron que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y las municipalidades garantizaran el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental existente. Según señalaron, numerosas comunidades enfrentaban proyectos que avanzaban sin una adecuada valoración de sus impactos sociales, culturales y ecológicos.
Uno de los casos más emblemáticos fue el Proyecto Hidroeléctrico Boruca, una iniciativa que durante años generó una fuerte oposición de pueblos indígenas del sur del país. El foro expresó un rechazo contundente a esta propuesta y exigió el respeto de la territorialidad, la cultura y la soberanía de los pueblos indígenas.
Para los participantes, cualquier decisión relacionada con territorios indígenas debía respetar los principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de estos pueblos a ser consultados de manera libre, previa e informada sobre proyectos que puedan afectar sus territorios.
Las comunidades también llamaron la atención sobre la necesidad de discutir un modelo energético verdaderamente sostenible para Costa Rica. A su juicio, la planificación energética no podía limitarse a la construcción continua de nuevas represas sin considerar los impactos acumulativos sobre las cuencas hidrográficas y la biodiversidad.
Por ello propusieron abrir una discusión nacional sobre el futuro energético del país, basada en la planificación integral de cuencas y en el uso responsable de los recursos naturales. Dentro de esa visión, plantearon que algunos ríos de extraordinario valor ecológico debían permanecer libres de represamientos de manera permanente.
El caso de los ríos Pacuare y Savegre ocupó un lugar especial en la declaración. Ambos son reconocidos por su biodiversidad excepcional, sus paisajes y su importancia para actividades como el turismo rural y la recreación. Las organizaciones solicitaron que estos ríos fueran protegidos de forma definitiva frente a cualquier proyecto hidroeléctrico futuro.
La declaración también enfatizó la necesidad de que Costa Rica invirtiera más recursos en la investigación e implementación de tecnologías limpias, así como en programas de educación orientados al uso eficiente de la electricidad. Los participantes sostenían que la sustentabilidad energética no dependía únicamente de la oferta de energía, sino también de una gestión responsable de la demanda.
Otro aspecto fundamental del documento fue la defensa de la participación ciudadana. Las comunidades señalaron que muchas veces los proyectos energéticos eran diseñados e impuestos sin mecanismos efectivos de consulta y diálogo. Aunque manifestaron su respaldo al ICE como institución pública, también exigieron cambios internos que garantizaran procesos participativos reales en la toma de decisiones.
La declaración final trascendió incluso el ámbito nacional al cuestionar iniciativas internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos y el Plan Puebla Panamá. Los participantes consideraban que estos proyectos respondían a una lógica económica que favorecía la concentración de beneficios en grupos reducidos, mientras trasladaba los costos ambientales y sociales a las comunidades.
Más de dos décadas después, muchos de los temas planteados en aquel foro continúan vigentes. La discusión sobre la transición energética, la protección de los ríos, los derechos de las comunidades afectadas por grandes proyectos de infraestructura y el papel de las instituciones públicas sigue ocupando un lugar central en el debate nacional.
La declaración de 2003 representa el testimonio de un momento en que diversas comunidades decidieron intervenir activamente en la discusión sobre el futuro energético del país. Su mensaje era claro: la energía no puede entenderse únicamente como una mercancía o una cuestión técnica. También involucra derechos territoriales, participación democrática, justicia ambiental y soberanía nacional.
Por eso concluyeron con una afirmación que resumía el espíritu del encuentro: el ICE fue creado para servir al pueblo costarricense y sus servicios no deben convertirse en fuente de lucro para grupos particulares. Defender la institución, afirmaban, era también defender una visión de país basada en la solidaridad, el acceso universal a los servicios públicos y la gestión colectiva de bienes estratégicos para el desarrollo nacional.
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