Por Mauricio Álvarez Mora.
El asesinato de Sergio Rojas Ortiz no solo marcó a los pueblos originarios de Costa Rica, sino que dejó al descubierto una herida abierta en el Estado de derecho: la incapacidad de garantizar justicia cuando se trata de quienes defienden la tierra, el territorio y la vida. A casi dos años del crimen, la respuesta no ha sido el esclarecimiento, sino la persistencia de la impunidad.
Frente a este escenario, ha emergido algo que merece ser reconocido con toda su dimensión: un amplio y diverso movimiento social que se niega a aceptar el silencio como respuesta. Un pronunciamiento público respaldado por 67 organizaciones nacionales, 8 organizaciones internacionales y 123 personas evidencia que no se trata de una causa aislada, sino de una preocupación compartida por múltiples sectores de la sociedad.




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