Por Mauricio Álvarez Mora.
La situación en Cipreses de Oreamuno vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que no puede minimizarse ni tratarse con ligereza: la calidad del agua que consumen más de 2500 personas. Lo ocurrido tras la inspección comunitaria del 21 de junio del 2020 y los análisis posteriores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deja más dudas que certezas, y eso es precisamente lo que resulta más alarmante.
La comunidad documenta con evidencia clara que la naciente de Plantón está rodeada de cultivos que utilizan agroquímicos sin respetar las distancias de protección. No se trata de una sospecha sin fundamento, sino de una constatación en campo, respaldada incluso por imágenes aéreas. Ante esto, la respuesta institucional debería ser contundente, rigurosa y ajustada a la realidad productiva de la zona.
Sin embargo, lo que se observa es un abordaje que no logra responder a la preocupación de fondo. Se realizan análisis, sí, pero buscando sustancias que no corresponden al tipo de actividad agrícola predominante en el área. Analizar agroquímicos típicos de la industria piñera en una zona donde se cultiva papa y repollo no solo resulta técnicamente cuestionable, sino que también debilita la confianza de la población en las instituciones encargadas de proteger su salud.
Las voces de la comunidad, lejos de ser alarmistas, apuntan a algo elemental: no se puede encontrar lo que no se busca. Si existen estudios académicos previos que identifican cuáles plaguicidas son utilizados en la microcuenca de Plantón y Pacayas, lo mínimo esperable es que estos sirvan de guía para cualquier análisis oficial. Ignorar esa información es, en el mejor de los casos, una omisión preocupante.
A esto se suma otro elemento que no puede pasar desapercibido: los niveles de cloro libre residual detectados en el agua. Aunque el cloro es utilizado para garantizar la potabilidad, concentraciones elevadas generan inquietud legítima en quienes consumen el recurso a diario. Cuando una lideresa comunal expresa que teme por su salud y la de su familia, no se trata de una percepción aislada, sino de una señal que debe ser atendida con seriedad.
El punto central es que la comunidad no está rechazando la intervención institucional, todo lo contrario. Reconoce la rapidez de la respuesta por parte del AyA, pero exige que esa respuesta sea completa, pertinente y basada en evidencia adecuada. Solicitar un nuevo muestreo que incluya los agroquímicos realmente utilizados en la zona no es una exigencia exagerada, es una demanda razonable.
También lo es pedir inspecciones de campo acreditadas que verifiquen si se están respetando las distancias de protección de las nacientes. No basta con análisis de laboratorio si no se evalúa el contexto en el que se produce el agua. La protección del recurso hídrico comienza en el territorio, no únicamente en la red de distribución.
Lo que está en juego en Cipreses no es un debate técnico aislado, sino el derecho de una comunidad a tener acceso a agua segura. En un país que ha reconocido el agua como un derecho humano, cualquier duda sobre su calidad debería resolverse con el mayor nivel de rigurosidad posible.
La decisión del Frente Ecologista de Cipreses de buscar un muestreo independiente refleja tanto la organización comunitaria como la falta de confianza que dejan los procesos actuales. Cuando las comunidades sienten que deben recurrir a instancias externas para validar lo que consumen, es señal de que algo no está funcionando como debería.
Cipreses no puede conformarse con respuestas a medias. La salud de su población, la protección de sus nacientes y la credibilidad de las instituciones están en juego. En este caso, la prudencia no consiste en minimizar el problema, sino en investigarlo a fondo y actuar en consecuencia.
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