Por Mauricio Álvarez Mora.
Cada temporada de café en Costa Rica trae consigo una imagen que el país ha aprendido a normalizar: miles de personas llegando a los territorios cafetaleros para sostener, con sus manos, una de las actividades económicas más emblemáticas del país. Pero detrás de esa imagen, que muchas veces se presenta como tradición, hay una realidad que incomoda y que, en tiempos de crisis, se vuelve imposible de ignorar.
La pandemia no creó las desigualdades. Las expuso.
En los últimos años, y con mayor claridad desde la crisis sanitaria, ha quedado en evidencia que el riesgo no se distribuye de forma equitativa. Quienes más se enferman, quienes más se exponen, quienes más cargan con las consecuencias, suelen ser también quienes históricamente han vivido en condiciones de mayor vulnerabilidad. Personas trabajadoras en fincas, en empacadoras, en monocultivos, en construcción. Personas que, muchas veces, habitan espacios precarios, hacinados, invisibilizados.
En ese escenario, la llegada de la cosecha de café no es solo un evento productivo. Es un punto crítico.
Miles de personas, en su mayoría indígenas ngöbe-buglé provenientes de Panamá, junto con población migrante nicaragüense y trabajadores costarricenses, se desplazan hacia zonas como Los Santos o San Vito para sostener la recolección. Se trata de una migración cíclica, conocida, necesaria para la economía del país. Pero también profundamente desigual.
El café genera millones en divisas. Es uno de los principales productos de exportación y, paradójicamente, incluso ha mostrado crecimiento en medio de la pandemia. Sin embargo, esa riqueza no se distribuye de forma justa en la cadena que la produce. En el eslabón más bajo, el de la recolección, persisten condiciones laborales que rozan lo inaceptable.
No es la primera vez que se denuncian. Pago por destajo, ausencia de garantías laborales, exposición a riesgos físicos, falta de aseguramiento, condiciones insalubres de vivienda, trabajo infantil. La lista no es nueva. Lo que sí resulta inaceptable es que siga siendo vigente.
Las personas ngöbe-buglé, en particular, han sostenido durante décadas gran parte de la cosecha cafetalera del país. Y lo han hecho, muchas veces, en condiciones que no serían toleradas en otros sectores. Han sido esenciales, pero no reconocidas. Necesarias, pero no protegidas.
En este contexto, las medidas sanitarias y migratorias impulsadas por el Estado frente al COVID-19 abren nuevas preguntas. Exigir regularización, cuarentenas y controles de salud puede parecer razonable desde una perspectiva institucional. Pero cuando no se definen mecanismos claros para garantizar su cumplimiento, cuando no se asegura el acceso real a recursos, cuando la responsabilidad recae nuevamente sobre las personas más vulnerables, esas medidas corren el riesgo de convertirse en nuevas formas de exclusión.
El problema no es la norma. Es la forma en que se aplica, y sobre quién recae su peso.
Históricamente, el sector agroindustrial se ha beneficiado de esta estructura desigual. Mano de obra barata, condiciones flexibles, escasa fiscalización. Cambiar esto implica tocar intereses. Implica reconocer que no se trata solo de mejorar protocolos sanitarios en una coyuntura específica, sino de transformar un modelo que ha permitido, durante décadas, la precarización de quienes sostienen la producción.
También implica algo más profundo: cuestionar la forma en que se construye la narrativa nacional. Costa Rica se proyecta como un país respetuoso de los derechos humanos, comprometido con el bienestar social. Pero esa imagen pierde coherencia cuando se contrasta con la realidad de quienes recogen el café que exportamos al mundo.
No se puede hablar de desarrollo sostenible mientras se toleran condiciones cercanas a la explotación.
Las demandas planteadas por organizaciones sociales, comunidades y universidades no son exageradas. Son, en realidad, lo mínimo: garantizar acceso a salud, condiciones laborales dignas, protección para niñas y niños, respeto a la diversidad cultural, mecanismos efectivos de inspección, sanciones para quienes incumplen la ley. En otras palabras, garantizar derechos básicos.
Pero incluso eso parece, todavía, una meta lejana.
La pandemia debería haber sido una oportunidad para replantear prioridades, para corregir desigualdades, para poner la vida en el centro. Sin embargo, en muchos casos, lo que ha hecho es evidenciar la persistencia de un modelo que sigue funcionando a costa de los mismos de siempre.
La cosecha de café está por comenzar. Y con ella, una nueva prueba para el país.
La pregunta es si esta vez se actuará de forma distinta. Si el Estado asumirá su responsabilidad más allá del discurso. Si el sector empresarial entenderá que la rentabilidad no puede sostenerse sobre la precariedad. Si la sociedad, en su conjunto, dejará de mirar hacia otro lado.
Porque el café, ese símbolo nacional, no debería seguir cultivándose sobre la desigualdad.
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