Agua en riesgo: cuando las instituciones confirman lo que la comunidad ya sabía

Por Mauricio Álvarez Mora.

El conflicto por el agua en Cipreses de Oreamuno deja en evidencia una realidad que resulta difícil de ignorar: durante años, las denuncias comunitarias sobre la naciente Plantón no solo eran fundadas, sino que finalmente han sido confirmadas por las propias instituciones del Estado. Lo que durante mucho tiempo fue señalado por vecinos organizados hoy aparece respaldado por inspecciones oficiales, informes técnicos y visitas de campo.

El Área de Conservación Central del SINAC, mediante el oficio SINAC-ACC-OSC-0723-2020, respondió a las denuncias planteadas por el Frente Ecologista de Cipreses, que ya acumulaban antecedentes desde el año 2018, cuando el entonces administrador de la ASADA, Ricardo Rivera Rojas, alertó sobre la situación. La visita realizada el 26 de junio del 2020 permitió constatar no solo la invasión del área de protección de la naciente, sino también que el caso había sido elevado al Tribunal Ambiental desde el 2019 y se encontraba en etapa de investigación. Es decir, no se trata de un problema reciente ni aislado, sino de una situación prolongada que ha avanzado lentamente en los canales institucionales.

Por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados también realizó una inspección en la toma de agua de Plantón. En el informe entregado a la Presidencia Ejecutiva se reconoce claramente la presencia de actividades agrícolas dentro del área de protección. El documento señala que en los sectores norte, noroeste y noreste se desarrollan cultivos de papa, repollo y zanahoria, ubicados aproximadamente a 140 metros en línea recta del punto de captación. Este dato resulta particularmente relevante si se considera que se trata de una naciente destinada al consumo humano y que abastece a más de 2500 personas.

Lo que revelan estas visitas institucionales es, en esencia, la validación de las denuncias comunitarias. Tanto la gestión iniciada por la ASADA en el 2018 como las acciones posteriores del Frente Ecologista de Cipreses han logrado visibilizar una problemática que compromete directamente el acceso al agua y la salud de la población. No es menor que sean las propias instituciones las que reconozcan que las zonas de protección no están siendo respetadas.

El panorama se vuelve aún más preocupante cuando se observa la situación general de las nacientes en la comunidad. El informe del AyA indica que en las cuatro nacientes de Cipreses no se respeta el área de protección establecida por ley. A esto se suma que dos de las tomas han sido clausuradas por encontrarse rodeadas de tanques sépticos y en alto riesgo de contaminación, mientras que las otras dos enfrentan amenazas directas por actividades agrícolas intensivas. En un contexto donde ya existen problemas de racionamiento de agua, la presión sobre las fuentes disponibles aumenta considerablemente.

La situación plantea una pregunta inevitable sobre la eficacia de la regulación y el cumplimiento de la normativa ambiental. Si bien las leyes establecen claramente zonas de protección para nacientes destinadas al consumo humano, en la práctica estas disposiciones parecen ser insuficientes frente a la expansión de actividades agrícolas intensivas. El resultado es una tensión constante entre producción y conservación, donde el recurso hídrico queda expuesto.

Desde la comunidad, la respuesta ha sido insistir en la organización y en la defensa activa del agua. El llamado a unirse y trabajar de manera proactiva para proteger las nacientes refleja una conciencia clara de que, sin acción colectiva, el riesgo de contaminación es cada vez mayor. La advertencia es directa: si no se hacen cumplir las zonas de protección, la poca agua disponible podría terminar comprometida.

Lo ocurrido en Cipreses no es únicamente un conflicto local, sino un ejemplo de cómo las denuncias comunitarias pueden anticipar problemáticas que luego son confirmadas institucionalmente. También evidencia las dificultades para garantizar la protección efectiva de los recursos hídricos en contextos donde las actividades productivas avanzan sobre áreas sensibles.

En este escenario, la validación por parte de las instituciones no debería ser el punto final, sino el inicio de acciones concretas. La información ya está sobre la mesa. Las inspecciones se realizaron. Los informes reconocen la situación. Lo que sigue es determinar si esa evidencia se traducirá en medidas reales para proteger el agua de una comunidad que, desde hace años, viene advirtiendo sobre un riesgo que hoy ya no puede negarse.