Acuerdo de Escazú en disputa

 Por Mauricio Álvarez Mora

La Asamblea Legislativa discutirá el Acuerdo de Escazú en un contexto marcado por el silencio, la desinformación y, sobre todo, por tensiones profundas en torno al modelo de desarrollo y la participación ciudadana en Costa Rica. Durante dos años, este acuerdo no ha tenido mayor difusión en el país, lo que obliga a preguntarse a qué se debe esta ausencia en el debate público y qué intereses se mueven detrás de esa invisibilización.

El Acuerdo de Escazú, firmado el 28 de septiembre de 2018 por 23 países, es un instrumento regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente. Su eje central es el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Dos años después, el 28 de septiembre de 2020, el acuerdo entró en vigor, pero con una señal preocupante: Costa Rica, país que históricamente ha proyectado una imagen de liderazgo en derechos humanos y protección ambiental, no lo había ratificado.

Este hecho resulta inquietante. No se trata únicamente de un trámite legislativo pendiente, sino de una señal política que evidencia contradicciones internas. ¿Cómo es posible que un país que se presenta ante el mundo como defensor del ambiente y los derechos humanos mantenga en suspenso un acuerdo que precisamente fortalece esos principios?

Las implicaciones del Acuerdo de Escazú ayudan a entender las resistencias. Este instrumento viene a garantizar derechos que han sido sistemáticamente limitados durante décadas: acceso oportuno a la información ambiental, mecanismos reales de participación ciudadana y protección jurídica para quienes defienden el ambiente. En otras palabras, el acuerdo pone en el centro a las comunidades, a las personas defensoras y a los territorios que históricamente han enfrentado presiones de intereses económicos que afectan su vida cotidiana y sus entornos.

Las voces opositoras han intentado posicionar argumentos que apuntan a supuestos riesgos: que el acuerdo impediría el acceso a nuevas tecnologías, que frenaría la inversión en infraestructura, que pondría en peligro la confidencialidad empresarial o que generaría altos costos al Estado. También se ha señalado que podría derivar en procesos interminables de consulta. Sin embargo, estos argumentos no explican por qué el acuerdo sería inadecuado; más bien revelan una preocupación por limitar la participación y el acceso a la información. En el fondo, lo que surge es una pregunta más profunda: ¿qué tipo de democracia se está defendiendo cuando se cuestiona un instrumento que amplía derechos?

Costa Rica enfrenta deudas socioambientales que no pueden seguir postergándose. La discusión sobre el Acuerdo de Escazú no es únicamente jurídica o técnica, es profundamente política y ética. Define si el país está dispuesto a avanzar hacia una democracia más participativa, transparente y justa en materia ambiental, o si continuará sosteniendo un modelo donde las decisiones se toman a espaldas de las comunidades.

En este momento, la discusión legislativa se convierte en una oportunidad clave. No solo para saldar una deuda internacional, sino para replantear el rumbo interno del país en relación con el ambiente, los derechos humanos y la participación ciudadana. Escazú no es una amenaza; es un espejo que revela las tensiones de fondo sobre cómo se entiende el desarrollo y quiénes tienen derecho a decidir sobre él.