Defensa de las semillas al Tribunal Permanente de los Pueblos

 

Por Mauricio Álvarez Mora*

Las semillas parecen pequeñas. Cabían en la palma de una mano mucho antes de entrar en las leyes, en los mercados o en los tratados de libre comercio. Pero contienen algo inmenso: la memoria de los pueblos, la historia de la alimentación, las culturas que las mejoraron y la posibilidad misma del futuro.

Desde esa certeza se desarrolló una conversación que no fue técnica ni neutral, sino profundamente política y situada en los territorios. En el Programa Voces y Política de Radio Universidad de Costa Rica, participaron dos voces con trayectorias largas y profundamente enraizadas en la defensa de las semillas y los territorios. Desde México, Evangelina Robles, abogada e integrante del Colectivo por la Autonomía y Saberes Locales de Jalisco, y parte de la histórica Red en Defensa del Maíz, un proceso organizativo con más de dos décadas de trabajo sostenido frente a los transgénicos y en la protección activa de semillas nativas. Desde Uruguay, Marcelo Fossatti, productor agroecológico, educador y coordinador de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, una articulación que vincula producción campesina, cuidado del territorio y construcción de soberanía alimentaria.

No se trata de voces aisladas. Ambos forman parte de entramados colectivos amplios que, desde distintos territorios de América Latina, han sostenido procesos de resistencia, intercambio y creación de alternativas. Sus palabras no llegan como opiniones individuales, sino como síntesis vivas de experiencias compartidas, de luchas acumuladas y de vínculos profundos con la tierra.

Evangelina situó la discusión en la historia agraria de México, donde cerca del 60% de la tierra sigue siendo de propiedad social o colectiva, a través de ejidos y comunidades indígenas. Esta condición ha permitido sostener una gran biodiversidad y una relación distinta con el territorio. No se trata de ver la tierra como un recurso, explicó, sino como madre, como un espacio de vida donde las semillas no son objetos, sino parte de una red de relaciones que incluye a los seres humanos, los animales, el agua y el tiempo.

“Las semillas son memoria del pueblo”, afirmó, resaltando que su cuidado no responde a una lógica de mercado, sino a acuerdos comunitarios que han garantizado su continuidad durante miles de años. En esa misma línea, explicó que el intercambio es fundamental, porque “sin intercambio las semillas no serían lo que son ahora”. Las semillas no se conservan guardándolas, sino sembrándolas, compartiéndolas y devolviéndolas a la tierra en un ciclo continuo que involucra responsabilidad, conocimiento y comunidad.

Sin embargo, esa relación se ha visto profundamente amenazada. Evangelina describió cómo los tratados de libre comercio han fragmentado el territorio en múltiples regulaciones, separando lo que antes estaba integrado: la tierra, el agua, los bosques y ahora también las semillas. En ese proceso, México ha pasado de ser autosuficiente a importar más de 20 millones de toneladas de maíz transgénico. Para un país que es centro de origen del maíz, esta transformación no es solo económica, sino una ruptura en su tejido cultural y biológico.

Frente a este escenario, la respuesta de las comunidades ha sido clara y persistente: “el acto más político es seguir sembrando, cuidando e intercambiando nuestras semillas”. No como consigna, sino como práctica cotidiana que sostiene la vida frente a la imposición de un modelo que busca controlar, uniformar y romper los ciclos propios de la biodiversidad.

También alertó sobre los impactos del modelo agroindustrial, que no está orientado a alimentar, sino a producir mercancías para el mercado global. “No están produciendo alimentos, están produciendo mercancías”, señaló, refiriéndose a la expansión de monocultivos como el aguacate, la caña o la soya, que transforman territorios diversos en paisajes homogéneos, consumen grandes cantidades de agua y dejan tras de sí degradación ambiental y social.

Desde Uruguay, Marcelo Fossatti describió una realidad atravesada por el avance del agronegocio y la reducción sostenida de la vida rural. En las últimas décadas, miles de familias han sido desplazadas del campo, mientras se consolidan modelos de producción intensiva basados en monocultivos y en la industrialización de la ganadería.

Marcelo planteó con claridad la existencia de dos propuestas en disputa. “Hay dos modelos en disputa”, dijo. Uno que ve la semilla como un insumo dentro de un sistema productivo orientado al lucro. Otro que la reconoce como base de la vida, como herencia, como conocimiento acumulado y como vínculo entre generaciones.

Fue enfático al señalar lo que está en juego: “quien controla las semillas controla la alimentación”, y con ello, la capacidad de decidir sobre el presente y el futuro. Su testimonio evidenció cómo este modelo no solo transforma los sistemas productivos, sino que reconfigura los territorios y expulsa a quienes los habitan. Describió, por ejemplo, cómo las plantaciones forestales rodean pequeñas fincas campesinas hasta hacer inviable su producción, generando desplazamientos silenciosos pero constantes.

Aun así, reivindicó la práctica campesina como una forma de resistencia viva. “Uno no puede viajar despojado de su historia”, dijo, explicando por qué siempre lleva semillas consigo. No como un gesto simbólico, sino como una forma concreta de mantener vivo el vínculo con su territorio, con sus saberes y con su comunidad.

Como parte de ese intercambio, hoy en mi pequeño patio urbano germina una variedad de ayote que viajó, se adaptó en Uruguay y ahora retorna a su centro de origen, mejorada con cariño y tiempo por muchas personas y generaciones distintas. En ese recorrido, que parece mínimo, se condensan siglos de historia, cruces, cuidados y transformaciones. Es una prueba silenciosa de que las semillas no obedecen fronteras fijas y de que siempre encuentran caminos para seguir viviendo.

Volviendo al Programa, ambas voces coincidieron en que la regulación vigente no protege a los pueblos, sino que favorece los intereses de las grandes corporaciones. En ese contexto, y a partir de la articulación de múltiples redes y organizaciones a nivel global, surge la decisión de llevar estas denuncias al Tribunal Permanente de los Pueblos la defensa de las semillas. No como un gesto aislado, sino como un paso más en un proceso de acumulación de luchas y de construcción de una voz colectiva.

Evangelina explicó que este tribunal busca reunir argumentos de distintas regiones del mundo, evidenciando que, aunque los conflictos se manifiestan de forma local, responden a dinámicas estructurales. “La regulación no es para garantizar la alimentación, es para garantizar el negocio de las empresas”, afirmó, señalando con claridad el fondo del problema.

Por su parte, Marcelo enfatizó la necesidad de visibilizar estas luchas y de replantear conceptos clave. “Los obtentores somos los campesinos”, señaló, recordando que han sido los pueblos quienes, durante milenios, han seleccionado, cuidado y desarrollado las semillas que hoy sostienen la alimentación global.

Con esto, Marcelo hace referencia a marcos como UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), que forman parte de los sistemas legales que buscan regular la propiedad de las semillas. Como explicó Evangelina, este régimen reconoce derechos a quienes registran nuevas variedades, pero en la práctica termina restringiendo el uso, la reproducción y el intercambio de semillas que han sido construidas colectivamente por los pueblos. En su versión más reciente, conocida como UPOV 91, estos derechos se amplían al punto de limitar incluso variedades similares, consolidando un proceso de privatización de la vida. Detrás de esta normativa, advirtió, no hay un interés por proteger la biodiversidad ni la alimentación, sino por asegurar el control de uno de los negocios más grandes del mundo.

La Declaración final del Tribunal Permanente de los Pueblos, emitida en Cartago en enero de 2026, recoge y confirma muchas de estas denuncias. El Tribunal reconoce que los conflictos en torno a las semillas no son hechos aislados, sino parte de patrones estructurales que se repiten en distintos territorios.

Entre estos patrones, identifica la presencia de violencia y coerción territorial, que no siempre se expresa de forma directa, pero que instala condiciones de amenaza constante. También señala la existencia de presiones sistemáticas sobre las decisiones públicas por parte de grandes actores económicos, que inciden en la formulación de leyes y políticas.

El Tribunal advierte además sobre un vaciamiento de la justicia en los marcos legales, donde “se legisla y se reglamenta para ordenar el mercado, no para proteger la vida”. En este contexto, las leyes dejan de ser herramientas de protección y se convierten en mecanismos que facilitan la expansión de un modelo que concentra beneficios y distribuye daños.

Asimismo, señala una dinámica en la que los beneficios se concentran en pocos actores mientras los riesgos se distribuyen ampliamente. La contaminación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos y aguas, así como los impactos en la salud, son asumidos por las comunidades, mientras las ganancias se privatizan.

Publicado en: Defensa de las semillas al Tribunal Permanente de los Pueblos | Biodiversidad en América Latina