Por Mauricio Álvarez Mora.
La resolución de la Sala Constitucional que ordena al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) retirar de circulación los insecticidas que contienen fipronil representa una de las decisiones más importantes en materia de protección ambiental y agrícola de los últimos años. La sentencia responde a un recurso de amparo presentado por personas dedicadas a la meliponicultura y la apicultura de Lepanto, Puntarenas, quienes denunciaron la muerte masiva de sus colmenas y la inacción de las instituciones públicas frente a esta problemática.
La resolución constituye una excelente noticia para las abejas, para quienes viven de la apicultura y la meliponicultura, pero también para toda la sociedad costarricense. En un contexto marcado por la pérdida acelerada de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas agrícolas, proteger a los polinizadores significa proteger la producción de alimentos, la economía rural y el equilibrio ecológico del país.
El fipronil es un insecticida de amplio espectro utilizado para controlar diversas plagas agrícolas y domésticas. Su uso se ha extendido en cultivos como el mango, el aguacate y otros sistemas productivos, así como en aplicaciones pecuarias. Sin embargo, desde hace años existe abundante evidencia científica que demuestra sus efectos letales sobre las abejas y otros insectos polinizadores. Aun en dosis muy bajas, este compuesto puede alterar la orientación, el comportamiento y la capacidad reproductiva de las abejas, provocando finalmente el colapso de colonias enteras.
La importancia de las abejas trasciende la producción de miel. Cerca de tres cuartas partes de los cultivos destinados a la alimentación humana dependen, en alguna medida, de la polinización realizada por insectos. Sin esta función ecosistémica disminuiría la producción de frutas, hortalizas, semillas y numerosos alimentos esenciales. Proteger a las abejas es, en consecuencia, proteger la soberanía alimentaria y la salud del planeta.
Pero esta sentencia también deja otra enseñanza: los cambios importantes rara vez nacen de la voluntad de las instituciones. Son el resultado de la organización y persistencia de las comunidades afectadas. Durante años, apicultores, meliponicultores y pequeños productores documentaron la muerte de colmenas, denunciaron la falta de controles y enfrentaron enormes dificultades para que las autoridades atendieran sus reclamos. Su experiencia cotidiana terminó convirtiéndose en un argumento jurídico sólido que hoy obliga al Estado a actuar.
Sin embargo, conviene evitar triunfalismos. La Sala Constitucional ordenó retirar el fipronil, pero estableció un periodo de transición de dos años para la implementación de la medida. Ese plazo puede convertirse en una oportunidad para organizar una salida responsable del producto o, por el contrario, en un espacio para que los sectores vinculados al negocio de los agroquímicos intenten prolongar su permanencia en el mercado mediante presiones políticas, vacíos regulatorios o interpretaciones flexibles de la resolución.
La experiencia reciente de Costa Rica demuestra que estos riesgos no son hipotéticos. El caso del clorotalonil es un antecedente revelador, cuya prohibición no impidió la continuidad de prácticas ilegales de comercialización. Aunque la principal preocupación era la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano que abastecen a más de 50.000 personas mediante las ASADAS de la zona norte de Cartago, la respuesta del Estado, tras la prohibición del plaguicida, no fue fortalecer la protección de la salud pública, sino flexibilizar la normativa. En lugar de aplicar con firmeza el principio precautorio, se modificaron los límites permitidos de residuos de plaguicidas en el agua potable y se introdujeron cambios regulatorios que, en la práctica, redujeron las exigencias para la agroindustria. Mientras tanto, el clorotalonil continúa detectándose en las fuentes de agua para consumo humano. Este antecedente demuestra que una sentencia o una prohibición, por sí solas, no garantizan una protección efectiva cuando existen fuertes presiones económicas y políticas para debilitar su aplicación.
Precisamente por ello, en el caso del fipronil el desafío comienza ahora. Es indispensable fortalecer el monitoreo de las intoxicaciones de abejas, mejorar los sistemas de denuncia y garantizar que cada caso sea investigado de forma rigurosa por las instituciones competentes. También es necesario construir información pública y transparente que permita identificar patrones territoriales, registrar las afectaciones y exigir respuestas oportunas del Estado. La sistematización de denuncias, la georeferenciación de los casos y la elaboración de protocolos sencillos para que las personas apicultoras y meliponicultoras puedan documentar nuevas intoxicaciones constituyen herramientas fundamentales para que este problema deje de permanecer invisible. Pero, sobre todo, será indispensable mantener una vigilancia social activa y una fiscalización ciudadana permanente durante los dos años de transición establecidos por la sentencia, de manera que, cuando la prohibición entre plenamente en vigor, existan las capacidades, la información y la presión social necesarias para garantizar su cumplimiento efectivo y evitar que ocurra lo mismo que sucedió con el clorotalonil.
Del mismo modo, el Estado debe reforzar los controles sobre la comercialización e importación ilegal de plaguicidas. Las fronteras continúan siendo puntos vulnerables para el ingreso de sustancias cuya regulación resulta insuficiente, y la falta de trazabilidad facilita que productos prohibidos o restringidos sigan utilizándose en las fincas. Si el control falla, el costo termina siendo asumido por las comunidades rurales, los productores apícolas y los ecosistemas.
La sentencia también abre una discusión de fondo sobre el modelo agrícola que Costa Rica ha promovido durante décadas. La dependencia y sobre consumo creciente de plaguicidas altamente tóxicos no solo amenaza a las abejas; también afecta la salud humana, contamina suelos y fuentes de agua, reduce la biodiversidad y vuelve cada vez más frágiles los sistemas de producción. Proteger a los polinizadores implica avanzar hacia una agricultura que privilegie el manejo integrado de plagas, reduzca el uso de sustancias peligrosas y fortalezca prácticas agroecológicas capaces de producir alimentos sin tanto veneno.
No se trata únicamente de prohibir un producto agroquímico. Se trata de decidir qué tipo de agricultura queremos construir y qué lugar ocupan la biodiversidad y la salud pública en esa decisión.
Las abejas realizan diariamente un trabajo silencioso del que depende buena parte de nuestra alimentación. Durante demasiado tiempo se les ha considerado un daño colateral del modelo agroindustrial. La resolución de la Sala Constitucional corrige parcialmente esa injusticia y reconoce que su protección es un interés público.
Ahora corresponde al Estado demostrar que la sentencia no será una victoria simbólica. La verdadera prueba será garantizar que el fipronil desaparezca efectivamente del mercado, que se fortalezcan los controles, que se apoye a las personas productoras en la transición hacia alternativas más sostenibles y que nunca más las comunidades tengan que acudir a los tribunales para defender aquello que resulta indispensable para la vida.
Porque proteger a las abejas no es únicamente salvar un insecto. Es defender la agricultura, la biodiversidad, el agua, la alimentación, a las personas y el futuro de Costa Rica.
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