Por Mauricio Álvarez Mora.
En Costa Rica suele evaluarse la presencia del Estado en los territorios indígenas a partir del número de instituciones, proyectos o programas que llegan a las comunidades. Sin embargo, esa medición resulta insuficiente. La pregunta de fondo no es cuántas instituciones están presentes, sino si esa presencia contribuye efectivamente al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas o si continúa reproduciendo prácticas construidas desde una visión homogénea del Estado, poco sensible a la historia, la cultura y las formas propias de organización de estos pueblos.
Esta reflexión se motivó un programa de Voces y
Política dedicado a conversar sobre la investigación Expresiones
de la institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá, Trabajo Final de Graduación de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica elaborado por María
Fernanda Hernández Valverde, Kembly Dayana Ulate Rojas, Abigail Lacayo Zúñiga y
Evelyn Loaiza Romero. La investigación analiza la relación entre distintas
instituciones públicas y el territorio de China Kichá durante el período
2018-2023, precisamente cuando el proceso de recuperación territorial
transformó de manera profunda la dinámica entre la comunidad y el Estado.
Tuve la oportunidad de participar como lector de este
trabajo final de graduación. Las reflexiones que comparto a continuación no
constituyen conclusiones de las autoras, sino observaciones surgidas de su
lectura y del acompañamiento que, desde hace varios años, hemos realizado desde
el Programa Kioscos Socioambientales junto con la comunidad de China Kichá.
China Kichá: una historia de despojo
y borramiento
Para comprender la relación actual entre el Estado y
China Kichá es necesario conocer su historia.
China Kichá se ubica en el distrito de Pejibaye,
cantón de Pérez Zeledón. Se trata de un territorio indígena cabécar cuya
relación con el Estado costarricense ha estado marcada por el despojo
territorial, el abandono institucional y diversas formas de violencia.
El territorio fue reconocido oficialmente por primera
vez mediante el Decreto Ejecutivo N.° 34 de 1957, con una extensión aproximada
de 4.230 hectáreas. Sin embargo, en 1982 ese reconocimiento fue derogado
mediante el Decreto Ejecutivo N.° 13.570. Esta decisión provocó el
desplazamiento de la mayor parte de las familias cabécares y la ocupación
progresiva de las tierras por personas no indígenas.
No se trató únicamente de la pérdida de tierras. Se
produjo un proceso de borramiento institucional del territorio. Durante casi
dos décadas, China Kichá desapareció de los mapas oficiales como territorio
indígena. Ese borramiento tuvo consecuencias concretas: debilitó la presencia
institucional, invisibilizó las demandas de la comunidad y profundizó la
exclusión histórica que ya enfrentaba el pueblo cabécar.
No obstante, el territorio nunca desapareció para
quienes continuaron habitándolo. Algunas familias permanecieron en una pequeña
porción de tierra, conservando la memoria colectiva, la relación espiritual con
el territorio y la continuidad cultural del pueblo. Como explican las propias
familias cabécares, permaneció el Ditso, la semilla que permitió
mantener viva la existencia del territorio aun cuando el Estado había dejado de
reconocerlo.
A finales de la década de 1990 comenzó un proceso de
reorganización comunitaria que culminó con un nuevo reconocimiento oficial en
el año 2001 mediante el Decreto Ejecutivo N.° 29.447-G. Sin embargo, el
territorio reconocido fue de apenas 1.101 hectáreas, poco más de una cuarta
parte de la extensión reconocida en 1957.
La reducción territorial no constituye únicamente una
modificación cartográfica. Representa una expresión histórica del colonialismo
interno mediante el cual el Estado robó administrativamente territorios
ancestrales mucho más amplios, reduciendo progresivamente el espacio donde los
pueblos indígenas podían ejercer sus derechos colectivos.
La situación continuó deteriorándose. Para 2014 las
familias cabécares ocupaban únicamente 33 hectáreas; es decir, el 97 % del
territorio legalmente reconocido permanecía en manos no indígenas, dedicado
principalmente a la ganadería extensiva, con importantes procesos de
degradación ambiental y pérdida de cobertura forestal.
Frente a la ausencia de acciones estatales para
garantizar la restitución territorial establecida por la propia legislación
costarricense, la comunidad inició procesos de recuperación territorial a
partir del año 2018. Estas recuperaciones adquirieron un nuevo impulso tras el
asesinato del líder bribri Sergio Rojas Ortiz, convirtiéndose en un referente
para otros procesos territoriales de la Zona Sur.
Hoy China Kichá ha recuperado la totalidad del
territorio legalmente reconocido. Ese resultado constituye uno de los procesos
de recuperación territorial más significativos desarrollados por un pueblo
indígena en Costa Rica durante las últimas décadas.
El territorio ancestral y el
territorio legal
Uno de los aspectos que consideré importante destacar
durante la lectura de la investigación fue la necesidad de diferenciar
claramente el territorio ancestral del territorio legalmente reconocido.
Los territorios indígenas no nacen con los decretos
del Estado costarricense. Son espacios históricos construidos durante siglos
mediante relaciones culturales, políticas, económicas y espirituales que
anteceden ampliamente la conformación del Estado nacional.
Por ello, cuando el análisis institucional se limita
al territorio definido administrativamente por un decreto, corre el riesgo de
perder de vista la profundidad histórica de los procesos de ocupación, despojo
y resistencia que caracterizan a los pueblos indígenas.
Comprender esta diferencia permite interpretar las
recuperaciones territoriales no únicamente como conflictos por la propiedad de
la tierra, sino como procesos orientados a restituir derechos territoriales
históricamente vulnerados.
Participación comunitaria e
institucionalidad
Uno de los hallazgos de la investigación recoge la
percepción de diversas instituciones públicas sobre las dificultades para
desarrollar procesos participativos dentro del territorio.
Durante la lectura me llamó la atención que algunas
personas funcionarias atribuyeran estas dificultades a una supuesta falta de
participación comunitaria o a la existencia de divisiones internas. Considero
que esta explicación resulta insuficiente.
China Kichá es una comunidad pequeña. Participar en
reuniones institucionales implica dejar de atender actividades agrícolas, el
cuido de animales, la vigilancia del territorio recuperado o las
responsabilidades familiares. Cada reunión representa costos económicos y
organizativos que pocas veces son considerados por las instituciones públicas.
Más que preguntarse por qué las comunidades no
participan, convendría preguntarse si las instituciones han diseñado
metodologías acordes con las condiciones reales de los territorios indígenas.
La consulta previa, libre e informada no puede
reducirse a convocatorias generales o reuniones esporádicas. Requiere
comprender las formas propias de organización comunitaria, reconocer las
autoridades tradicionales y adaptar los mecanismos institucionales a las
particularidades culturales de cada pueblo indígena.
La diversidad comunitaria no puede
interpretarse como un problema
Otra reflexión surgida durante la lectura tiene
relación con la frecuente utilización del argumento de la "división
comunitaria".
Existe una tendencia institucional a esperar que los
pueblos indígenas actúen como comunidades completamente homogéneas. Sin
embargo, esa expectativa no se aplica a ninguna otra colectividad social.
Las diferencias políticas, familiares, generacionales
o ideológicas existen en cualquier comunidad. Interpretarlas automáticamente
como un obstáculo para la acción institucional puede conducir a diagnósticos
equivocados y, en algunos casos, a la deslegitimación de las propias demandas
territoriales.
Reconocer la diversidad interna constituye una
condición necesaria para construir procesos participativos democráticos y
respetuosos de la autonomía indígena.
El racismo institucional como
problema estructural
Uno de los aportes más relevantes de la investigación
consiste en incorporar el concepto de racismo institucional para analizar la
actuación del Estado.
El racismo institucional no se expresa únicamente
mediante actos abiertos de discriminación. También puede manifestarse cuando
las instituciones diseñan políticas sin considerar las particularidades
culturales de los pueblos indígenas, cuando aplican metodologías homogéneas a
contextos profundamente distintos o cuando interpretan las dinámicas
comunitarias a partir de estereotipos.
Nombrar este problema resulta importante porque
permite desplazar la discusión desde las responsabilidades individuales hacia
las formas en que históricamente se han construido las instituciones públicas y
sus modelos de intervención.
Construir una institucionalidad no racista exige
revisar procedimientos administrativos, criterios técnicos, formas de
participación y mecanismos de coordinación que, en muchos casos, continúan
respondiendo a una lógica centralista y homogénea.
La fragmentación del Estado
La investigación también evidencia un problema
estructural de la institucionalidad costarricense: su fragmentación.
Las distintas instituciones trabajan con
delimitaciones territoriales diferentes, responden a prioridades particulares y
utilizan mecanismos de planificación que pocas veces dialogan entre sí.
Como resultado, las comunidades deben relacionarse
simultáneamente con múltiples instituciones cuyos diagnósticos, agendas y
formas de intervención no siempre coinciden.
Más que incrementar el número de proyectos o
programas, uno de los principales desafíos consiste en construir una acción social
pública articulada, capaz de comprender la especificidad de los territorios
indígenas y de coordinar respuestas integrales.
Más allá de la recuperación
territorial
El proceso desarrollado por China Kichá no concluye
con la recuperación jurídica del territorio.
Actualmente la comunidad impulsa procesos de
restauración de nacientes, recuperación de bosques, fortalecimiento de la
agroecología, protección de la fauna silvestre, recuperación de semillas
criollas, fortalecimiento de la soberanía alimentaria y revitalización cultural
a partir del acceso nuevamente a sitios de importancia ancestral.
Desde hace varios años, el Programa Kioscos
Socioambientales de la Universidad de Costa Rica ha acompañado parte de estos
procesos mediante proyectos de acción social, espacios de formación, programas
de radio y visitas que han permitido
acercar la universidad pública a las dinámicas territoriales de China Kichá y
de otros territorios indígenas de la Zona Sur.
Estas experiencias muestran que la relación entre
universidad, comunidad e instituciones públicas puede construirse desde el
diálogo y el reconocimiento mutuo, siempre que se respeten la autonomía y las
prioridades definidas por las propias comunidades.
Reflexiones finales
La investigación elaborada por María Fernanda
Hernández Valverde, Kembly Dayana Ulate Rojas, Abigail Lacayo Zúñiga y Evelyn
Loaiza Romero constituye un importante aporte para comprender la relación entre
la institucionalidad pública y el territorio indígena de China Kichá.
Al mismo tiempo, abre preguntas que trascienden este
caso específico. ¿Qué transformaciones requiere el Estado costarricense para
relacionarse de manera efectiva con los pueblos indígenas? ¿Cómo avanzar hacia
una institucionalidad que incorpore la diversidad cultural como un principio
transversal y no como una excepción? ¿Qué implica reconocer plenamente los
derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas en la acción
cotidiana de las instituciones públicas?
Estas preguntas fueron parte de la conversación que
sostuvimos en Voces y Política. Invito a escuchar el programa
completo porque, más allá de presentar una investigación académica,
constituye una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta
Costa Rica para construir una institucionalidad pública que reconozca la
diversidad cultural del país y contribuya a saldar la deuda histórica que el
Estado mantiene con los pueblos indígenas.
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