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Por Mauricio Álvarez Mora, ecologista y Docente UCR UNA
Hoy, 24 de febrero, se cumplen seis años del asesinato de Jehry Rivera Rivera, joven dirigente indígena Bröran del territorio de Térraba. Son seis años de impunidad, dolor y una herida abierta que interpela de manera directa al Estado costarricense y a su sistema de justicia.
Jehry nació el 1.º de noviembre
de 1974 en Térraba. Desde muy joven se destacó como un dirigente
valiente y vehemente, comprometido con la lucha contra el despojo territorial,
la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas y la defensa de los
bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos en la resistencia frente a
la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquís, defendiendo el río Grande de
Térraba con una claridad que aún resuena: “El río no se entrega a cambio de
una carretera o una construcción”.
Jehry fue asesinado por la
espalda, a balazos, dentro del territorio indígena Bröran de Térraba, a los 46
años. Su asesinato fue el resultado de un linchamiento promovido por personas
no indígenas que usurpan tierras indígenas desde hace décadas. Este crimen no
puede comprenderse sin señalar la responsabilidad directa del Estado: la Fuerza
Pública estaba presente, fue testigo directo de los hechos y no intervino.
La mañana de ese día, hace seis
años, varias familias del pueblo Bröran iniciaron un nuevo proceso de
recuperación territorial. Entre ellas estaba la familia Rivera. Antes de estas
recuperaciones, el pueblo Bröran apenas ejercía control efectivo sobre el 10 %
de su territorio, mientras que el 90 % permanecía en manos de personas no
indígenas, incluyendo fincas ganaderas de hasta mil hectáreas concentradas en
una sola persona. Muchas familias indígenas fueron expulsadas de sus tierras
legalmente asignadas y forzadas a migrar.
La respuesta a esa recuperación
fue brutal. Una turba de personas no indígenas se organizó con el objetivo, según
sus propias expresiones, de “tajadear” al líder indígena Pablo Sibar Sibar,
quien también ha sobrevivido a múltiples atentados y actos de violencia. Por
milagro no hubo más víctimas mortales. La familia de Jehry relató que la noche
anterior al asesinato sobrevivieron a un ataque armado perpetrado por más de
cien personas no indígenas, que actuaron con total violencia, a la vista y
paciencia de la Fuerza Pública.
En 2020, el Juzgado Penal de
Buenos Aires de Puntarenas elevó a juicio la causa contra un hombre de
apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y
portación ilegal de arma. En agosto de 2022, este mismo sujeto se presentó de
noche a una actividad pública con autoridades en la Escuela de Buenos Aires de
Puntarenas y declaró, con cinismo y agitación: “yo fui el que lo maté”.
El público lo aplaudió. Todo quedó registrado y fue transmitido en vivo por
Facebook.
El 1.º de febrero de 2023, un
tribunal de Pérez Zeledón lo condenó a más de 20 años de prisión por homicidio
calificado, portación ilegal de arma y amenazas agravadas contra una testigo.
Sin embargo, el 17 de julio de 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia
Penal de Cartago ordenó su liberación, anuló el juicio y dispuso la realización
de uno nuevo, alegando vicios en el procedimiento. A finales de 2024, el
Tribunal de Pérez Zeledón absolvió al principal imputado, argumentando que las
declaraciones y pruebas no permitieron comprobar la tesis de la Fiscalía ni de
la familia querellante.
Este asesinato y el largo proceso
judicial que le siguió han dejado al sistema de justicia seriamente
cuestionado, con evidentes signos de racismo institucional. Han dejado a la
familia de Jehry profundamente herida y abatida; al pueblo Bröran con la amarga
lección de cuánto vale la vida de una persona indígena en este país; y a
quienes hemos acompañado durante años estos procesos de defensa del territorio
y de los derechos humanos, en un estado de indignación profunda.
A seis años del asesinato de
Jehry Rivera Rivera, la impunidad no es solo una falla judicial: es un mensaje
político. Un mensaje que normaliza la violencia contra los pueblos indígenas
protege a los usurpadores y castiga, una y otra vez, a quienes defienden la
vida, el territorio y la dignidad. Recordar a Jehry no es un acto simbólico: es
una exigencia de verdad, justicia y reparación, y una denuncia permanente
contra un Estado que sigue llegando tarde -o no llegando- y que, cuando llega,
protege y legitima a los agresores, no a los pueblos originarios.
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