Por Mauricio Álvarez Mora
Con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, el gobierno abrió otro frente, en esta ocasión contra el futuro abastecimiento de agua en Limón. No bastó con declararle la guerra a los mares en los últimos días (Extra. Opinión. 27-3-2015).
El AyA aseguró que el megaproyecto del Tajo Asunción pone en riesgo tanto la cuenca del Río Banano –área protegida estratégica desde hace décadas- como la construcción del nuevo acueducto de Limón, que significaría nada más y nada menos que agua potable para 94.000 personas y para los próximos 200 años.
El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente (Luis Guillermo Solís y Edgar Gutiérrez respectivamente) vuelven a apartarse de criterios técnicos de semejante calibre y, sin mayor problema, le facilitan la apertura a uno de los principales tajos que abastecería de materiales de construcción a otro megaproyecto como lo es la construcción de la Terminal de Contenedores en Moín por AMP Terminals, operación que necesitará miles de toneladas de material rocoso para reseñar y sustituir más de 10 millones de metros cúbicos de sedimento y fondo lodoso y construir una isla del tamaño del Parque La Sabana.
Cada día queda más en evidencia que por encima del ambiente para el gobierno están las incuestionables inversiones y megaproyectos de infraestructura: aval a la destrucción del humedal Cariari, desalojo del refugio de vida silvestre y hogar de Jairo Mora, el retorcido aval ambiental al muelle de APM terminal, la refinería China, la regresión ambiental que incluye el proyecto de la ruta 32, la eliminación de la moratoria a la incineración por la presión de alcaldes del “PLUSC” o impulsar Diquis, todo amalgamado por el provechoso continuismo en Setena (Secretaría Técnica Ambiental).
Estos escandalosos casos tan siquiera parecen ruborizar a quienes llegaron al poder ganando votos con un Pacto Ambiental que ya quedó en el olvido en menos de un año de gestión, señal clara de activar todas las alarmas de parte del sector ambiental y la ciudadanía en general.
Así que al menos en materia ambiental, no aconteció el mentado gobierno del cambio, sin embargo sí cambió el movimiento social y comunitario, bajamos la guardia, y nos volvimos más pasivos: hemos tolerado lo que no hubiésemos dejado pasar a un gobierno del “PLUSC”.
¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que no corresponde otorgarle al gobierno toda la responsabilidad, por eso con el Pacto Ambiental las expectativas fueron de trabajo conjunto. Así mismo ha actuado la fracción del FA en su alianza legislativa, cosa que estuvo bien al principio para facilitar la estabilidad, pero que no han sabido leer a tiempo la necesaria ruptura en más de una ocasión, siguiendo el estilo cantinflesco del gobierno del PAC en su vaivén de apoyo a cuestionables proyectos como la ruta 32, que al final no ha hecho más que contribuir a dar señales confusas y desmovilizar a la sociedad civil, confirmando la necesaria autonomía de organizaciones sociales de la línea y dinámica de partidos políticos, y aunque se compartan “camisetas”, no se disminuya la capacidad de disentir y cuestionar.
Una tras otra mala decisión ha llevado a que el MINAE sea una mala copia de la anterior administración, y ante su actuación hemos incurrido en un grave descuido como movimiento ambiental: no hemos anticipado y rechazado a tiempo los tremendos retrocesos en la protección al ambiente por parte del Gobierno, cosa que sí hicimos ante la anterior administración. Es un año perdido, con un gobierno sin la mínima intención de cumplir la palabra, es así, solo si se trata de un negocio, un proyecto de infraestructura, o la sumisión colonial a holandeses, chinos y gringos.
El caso del Tajo Asunción nos dejó dos lecciones: Primero nos confirmó que ya un criterio técnico o principio precautorio no aplica en grandes inversiones o proyectos, ya nos debió haber quedado claro cuando presentamos un extenso recurso de revocatoria por la manera en que se otorgó la viabilidad ambiental a APM Terminals, con una “contorsión olímpica” se reinterpretó la normativa en la Comisión Plenaria de la Setena y se separó del criterio de su Unidad Técnica, con muy poca argumentación de fondo se convirtió en defensora de la empresa para aprobar, a como diera lugar, el proyecto.
Segundo, que si bien hay gente sensible y amiga en el gobierno, los más altos jerarcas se apartan del criterio técnico para facilitar los negocios de “otros”. El tema es que ya se empieza a sospechar que esos “otros” no necesariamente son del régimen anterior.
En conclusión, este gobierno fijó su norte en megaproyectos e infraestructura a cualquier precio y por encima de cualquier criterio, lo cual nos lleva a separarnos de defender esta continuidad de guerra contra la naturaleza e interiorizar que seguimos gobernados por “otros” que trabajan para los negocios de los “mismos.”
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