Por Mauricio Álvarez Mora.
La Susana Fallas Cubero, Procuradora Agraria y Ambiental, desvirtuó el peritaje ordenado por la jueza para facilitar a la empresa no pagar por los daños ambientales cometidos al deforestar 60 hectáreas de bosques.
La Procuradora Agraria y Ambiental perdió toda objetividad al decir que los honorarios de los abogados ambientalistas eran estimados a partir del peritaje, cuando aún no hay un monto final ni un fallo que haga vinculante el peritaje ordenado por la jueza, que además en su momento no fue objetado por la Procuraduría. El peritaje es un insumo que la jueza puede o no tomar para fijar el monto del daño ambiental por remoción de la cobertura vegetal, impacto en el suelo, fuentes de agua, corta de árboles, belleza escénica y costo de remediación.
Este proceso de ejecución de sentencia es el final de una segunda fase del juicio, donde los ecologistas lograron que la valoración de los daños ambientales por la corta del bosque en Crucitas fuese realizada por un equipo técnico interdisciplinario que incluyen especialistas en economía ecológica, suelos, bosques, y biología, altamente calificado como para dimensionar con precisión el impacto de la minera, trabajo realizado sin recibir honorarios, y sostenido con contribuciones voluntarias y solidarias hechas por personas que forman parte del histórico movimiento, que después de 20 años de lucha, logró establecer la primera ley en América Latina para prohibir la minería a cielo abierto que además fue votada por unanimidad.
Los peritos estimaron que la empresa debería pagar entre $6.2 y los $10.4 millones por el daño ambiental causado. Los ecologistas aseguran que el peritaje es un avalúo o una estimación con base en una metodología que trata de aproximar valores a bienes que en realidad son invaluables y sujetos a valores subjetivos y éticos y no son tablas prestablecidas. La suma que la jueza determine ingresará a las cuentas del SINAC y no a las cuentas de ninguna organización o persona como podría derivarse del comentario de la procuradora.
Por otro lado, el interés por cuidar los recursos públicos quedó en entredicho cuando la Procuradoría no aportó en el tribunal un estudio que solicitó. Fueron los abogados ambientalistas quienes presentaron como prueba la valoración Económico Ecológica Rápida, elaborado por la Fundación Neotrópica y la organización estadounidense Earth Economics, que estimó en $4.6 millones de dólares los daños ambientales y los costos de restauración del Proyecto Crucitas. Sin respuesta aún ¿cuánto costó el estudio? y ¿por qué no lo aportó?.
En la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que condena a la empresa, los mismos jueces cuestionarion el papel del Procurador de ese momento, Mauricio Castro Lizano, por su constante intercambio y apoyo a las posiciones que durante el juicio defendió la empresa Industrias Infinito y el mismo tribunal asegura que solo la incorporación de la Procuradora cambió la actitud de Lizano. Además, el funcionario reconoció que un tío suyo tiene contratos firmados con la empresa minera, por lo que los diputados consideran necesario que aclare sus actuaciones. Por este caso fue sancionado con un mes sin goce de salario.
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