Muerte en Río Acapulco por concesiones para riego en Puntarenas

Por Mauricio Álvarez Mora.

El verano no sede en el Pacífico y las concesiones para riego están sobrexplotando el Río Acapulco y otras cuencas, dando paso a ríos secos donde mueren fauna y flora acuática y compromete la existencia de la misma cuenca. De este lamentable hecho son testigos los  obladores de Santa Rosa de Guacimal, en Puntarenas, que ven consternados y con tristeza el impacto que dos concesiones de agua otorgadas por la Dirección de Aguas del MINAE suman a la crisis que viven las cuencas en el periodo seco.

Además de ser un crimen ambiental propiciado por la falta de cautela del MINAE y el SENARA, que tanto han defendido sus atribuciones técnicas cuando las comunidades han denunciado la amenaza de los proyectos, este desastre ecológico se convierte en un suceso revelador, que ahora debe llamar la atención de toda la población de Costa Rica en torno al trabajo de las instituciones que tienen en su competencia la gestión del agua.

“Las concesiones están registradas a nombre de Grupo de Maquinaria Rexte S.A. y la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa respectivamente, que sumadas extraen 22.55 litros por segundo para proyectos de riego, de un río que registra solo 24.46 litros de caudal en la misma base de datos de la Dirección de agua de MINAE. Es decir, las instituciones que dieron los permisos podían prever esta crítica situación”, informa Dany Alberto Villalobos vecino de Guacimal. 

Comunidades desinformadas. Los proyectos de riego de SENARA han sido denunciados porque se han llevado adelante sin que los concesionarios y las instituciones dieran ningún tipo de información a las comunidades sobre los alcances ambientales de las extracciones. Ahora, varias pruebas como videos, fotos y análisis de los datos de las concesiones y aforos con los que cuenta el río Acapulco serán presentados a las autoridades para exigir que se tomen medidas inmediatas para corregir la situación. 

Problemática generalizada en Puntarenas. Comunidades organizadas como Monteverde (2005), Guacimal (2013) y Aranjuecito (2015) de Puntarenas, han tenido conflictos por el tema de acceso al agua en la última década, y al igual que el caso del Río Acapulco, por causa de proyectos de riego promovidos por el SENARA que atentan contra la biodiversidad acuática y el acceso al agua para otros usos en medio de condiciones climáticas cada vez más adversas. Hoy es un hecho que las comunidades han tenido la razón, como el caso de Guacimal donde según la Resolución Nº 2014008486 de la Sala Cuarta, la falta de estudios para conocer las posibles afectaciones en el río y las contradicciones en los informes institucionales del MINAE demostraron su incapacidad de garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto que pretendía para riego del río Veracruz.

La presidenta de la Asociación del Acueducto de Santa Rosa de Guacimal Roxana Jiménez quien es propietaria colindante con el río atestigua que es la primera vez en 40 años se ve el río seco “descubrí camarones y peces muertos y otros tratando de salir, hay algunos vivos tratando de sobrevivir en pequeñas pozas”.

Se pone en evidencia que no existe la tal supervisión o respeto al caudal ecológico que dicen realizar las instituciones como la Dirección de Aguas y SENARA al entregar de volúmenes casi proporcionales a la capacidad de los ríos.  Es un hecho también, lo absurdo de la política del MINAE, que reconoce el 10% del caudal de un río como remanente suficiente para la sostenibilidad ecológica. Más bien, a simple vista, es clara la inclinación de los actores institucionales a considerar el agua como un recurso meramente económico, a merced de sus depredadores o mal llamados desarrolladores. 

Intereses económicos entre el desabastecimiento y la contaminación. Mientras los proyectos de riego secan el río Acapulco, y otros amenazan el Veracruz y el Aranjuecito, en otros pueblos de la zona baja ya no dan abasto las nacientes que abastecen los acueductos para consumo humano como en Sardinal, o tienen altos niveles de contaminación, como en La Pita, o en Villa Bruselas, cuyos vecinos han tenido que manifestarse para exigir una solución, aún no dada por el AyA.  

En Miramar, la amenaza de los intereses turísticos sobre el agua fue denunciados por organizaciones locales, además de que los deslizamientos relacionados con la minera de oro en Bella Vista han puesto en riesgo la salud de la población por contaminación de aguas subterráneas con venenos mortales usados en esa actividad.