Más asesinatos de ecologistas

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento ecologista y popular de la región mesoamericana aún no logra reponerse del asesinato de Jairo Mora en Costa Rica, cuando ya enfrenta otro hecho trágico. Esta vez, el activista mexicano Noé Vázquez Ortiz, del estado de Veracruz, fue asesinado en Amatlán de los Reyes, lo que genera profunda consternación y rechazo.

Vázquez Ortiz, integrante del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), fue asesinado la mañana del viernes 2 de agosto de 2013. Según los reportes, fue atacado a pedradas por dos presuntos pobladores mientras preparaba una ceremonia para inaugurar el décimo aniversario del MAPDER. Este movimiento agrupa a comunidades afectadas por represas y lleva más de una década denunciando el despojo de ríos en territorios campesinos e indígenas en México.

Ante este crimen, se envió una carta a la embajada de México solicitando medidas urgentes para garantizar justicia, así como protección para las personas defensoras de los ríos y sus comunidades. También se exigieron garantías de seguridad para la familia de la víctima y para el menor que presenció el asesinato.

Este hecho no es aislado. En la región se vive un patrón creciente de criminalización de la protesta social vinculada a la defensa del territorio y de la vida. A los casos de Jairo Mora en Costa Rica y Noé Vázquez Ortiz en México, se suman los asesinatos de Tomás García en Honduras —donde también resultó herido su hijo— y de Silverio Vicente en Guatemala, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado.

Paralelamente, se intensifican los procesos de judicialización contra líderes sociales. Casos como los de Berta Cáceres y Tomás Membreño en Honduras, o Daniel Pascual, Lolita Chávez e Irma Alicia Velázquez en Guatemala, evidencian una estrategia regional de persecución contra quienes defienden los bienes comunes.

Esta situación se inscribe en una tendencia más amplia en América Latina. En México, al menos 20 defensores ambientales han sido asesinados en los últimos seis años sin que en la mayoría de los casos se haya hecho justicia. En Brasil, Amnistía Internacional reportó 20 asesinatos de activistas entre 2011 y 2012. A nivel continental, se han documentado cientos de casos de amenazas, intimidación y violencia contra personas defensoras del ambiente.

En Costa Rica, esta problemática también es alarmante. Ante el experto independiente de Naciones Unidas sobre derechos humanos y ambiente, John Knox, se presentó una propuesta para crear una Comisión de la Verdad que investigue asesinatos, atentados y amenazas contra activistas ambientales. Durante su visita, el relator mostró interés en la iniciativa y señaló que podría convertirse en un modelo innovador a nivel internacional.

Según la información presentada, en los últimos 20 años en Costa Rica se han registrado al menos nueve asesinatos de defensores ambientales, diez atentados directos, quince amenazas de muerte y diez incendios contra viviendas, instituciones públicas y organizaciones sociales. A esto se suman al menos 19 demandas judiciales contra activistas, académicos, autoridades locales y líderes indígenas, así como múltiples acciones legales colectivas contra comunidades organizadas que se oponen a proyectos extractivos.

La propuesta de crear esta Comisión de la Verdad fue presentada al Ministerio de Ambiente hace más de dos meses. Sin embargo, la falta de respuesta institucional refuerza un preocupante clima de impunidad. El silencio del Estado no solo invisibiliza estos crímenes, sino que también permite que continúe la criminalización de quienes defienden el ambiente.

En un contexto de creciente conflictividad socioambiental, resulta urgente que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a las personas defensoras y garantizar justicia. De lo contrario, la defensa del ambiente seguirá siendo una actividad de alto riesgo en Costa Rica y en toda la región.