Combo plus: Despierta la generación electica privada

Por Mauricio Álvarez Mora. 

A pesar de las críticas y cuestionamientos por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (Ice), las Universidades, la Procuraduría, la Aresep, la Contraloría General, las Comisiones Legislativas, los sectores sociales y las comunidades, en contra la generación privada de electricidad, el Gobierno habilitó nuevamente la actividad. 

Para esto, realizó un proceso de selección de proyectos para comprar 140 megavatios (MW) a los generadores privados, amparados en polémicas leyes (No. 7200 y  No.7508), que permitieron  a políticos-empresarios apoderarse del 30 % del mercado de la electricidad. Lo que ha contribuido al debilitamiento del Ice -y de nuestro bolsillo-, en los últimos 20 años. 

Con una capacidad de generación total de 355 MW,  por ejemplo, se les pagó en un año (2011) un   total de $109.701.774,72 millones de dólares US -más de 55 mil millones de colones-. (Durán, 2013).  Si multiplicamos, en promedio, por 20 años de contrato, se les habrá pagado más que el costo de la refinería China, por generar solo un pequeño porcentaje de la energía nacional. 

El Ice adjudicó a 11 empresas privadas (5 proyectos eólicos y 6 hidroeléctricos) y habría firmado con las 6 primeras de ellas a finales de febrero del 2013. De los 140 megavatios (MW), 100 MW están destinados a proyectos eólicos y 40 MW a hidroeléctricos. Se firmaron 4 proyectos eólicos en  Campos Azules con la empresa Inversiones Eólicas Campos Azules S.A, el proyecto Altamira con Inversiones Eólicas Guanacaste S.A, proyecto Vientos de la Perla con la empresa Vientos del Volcán S.A y proyecto Vientos de Miramar con Costa Rica Energy Holding S.A. Además, 2 proyectos hidroeléctricos: el  P.H. El Angel  con El Angel S.A. y P.H Consuelo con la compañía Comercial Talamanca El General S.A.

 

Sin embargo, hoy en Setena hay una lista de más de 9 proyectos más ( Ver tabla 1), presentando estudios de impacto ambiental en comunidades de Cajón y El General de Pérez Zeledón, Jiménez de Pococí, Sarapiquí, Alajuela, San Pablo de Turrubares, Varablanca, Palmira de Cañas, Bijagua, Upala, La Palmera de San Carlos, Brasil, Santa Ana y Brunka, en Buenos Aires. (Setena, 2013) 

Tabla 1. Lista de proyectos hidroeléctrico en trámite de Evaluación Ambiental dela Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) al 15 junio del 2013
Número de Expediente SETENA	Proyecto	Empresa	Ubicación
10515	PH PEÑAS BLANQUITAS I	HIDROELECTRICA BUENOS AIRES-HDBA S.A	Cajon, Perez Zeledon, San José
10516	PH PEÑAS BLANQUITAS II	HIDROELECTRICA BUENOS AIRES-HDBA S.A	El General, Perez Zeledon, San José
9884	PH TORO AMARILLO-MERCEDES	GREEN ENERGY GROUP GEG S.A.	Jimenez, Pococi, Limón
10514	PH DON FERNANDO	ENERGIAS RENOVABLES DEL ATLANTICO ERA S.A	Sarapiqui, Alajuela, Alajuela
9559	PH CAPULIN SAN PABLO	HIDROTARCOLES S.A.	San Pablo, Turrubares, San José
9070	PROYECTO HIDROELECTRICO ARRAYAN	CENTRAL HIDROELECTRICA ARRAYAN S.A.	Varablanca, Heredia, Heredia
9299	PROYECTO HIDROELECTRICOTENORIO I	HIDROELECTRICA DE MIRAVALLES H M S.A.	Palmira, Cañas, Guanacaste
9220	PROYECTO HIDROELECTRICO CHIMURRIA	HIDROCHIMURRA S.A.	Bijagua, Upala, Alajuela
9193	HIDROELECTRICO AGUAS ZARCAS SUPERIOR	HIDROSUR S.A.	La Palmera, San Carlos, Alajuela
8568	PROYECTO HIDROELECTRICO CONSUELO	COMERCIAL TALAMANCA EL GENERAL S.A.	Brunka, Buenos Aires, Puntarenas
Fuente: SETENA archivo digital, Fecha de Ingreso de expedientes están  entre 16/08/2012 y el 10/05/2013, consulta realizada en línea el 15 -06-2013

 Este cuadro evidenciaría que muchos proyectos están adelantándose al nuevo sistema de licitación establecido por el Gobierno y a una eventual apertura del mercado, a partir de las leyes en discusión en Asamblea Legislativa. Esto pues los generadores privados tendrían apenas un año para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental después de firmado el contrato.

Financiamiento de campaña 

No es de extrañar tampoco que se apuren antes que termine el gobierno para buscar financiamiento para la campaña y pagar favores políticos de generadores privados- como lo denunciará el diputado Juan Carlos Mendoza afínales del año pasado- en la tramitación del proyecto Ley de Contingencia Eléctrica. El denuncio que varias empresas hicieron donaciones económicas y compras de bonos en la pasada campaña del Partido Liberación Nacional (PLN), que llevo a Laura Chinchilla a la Presidencia. Esto mediante aportes por ¢220 millones con aportes económicos directos por ¢117 millones y en compra de bonos de deuda hasta por ¢103 millones.

Según consta en la denuncia entre quienes hicieron los aportes hay varios que están ligados a empresas de generación eléctrica a nivel centroamericano, por eso hay una presión por privatizar el mercado eléctrico nacional. Lo más grave es que sería financiamiento extranjero encubierto a través del mecanismo en compra de bonos de deuda política. Entre de las empresas que menciona el congresista se encuentran la familia Esquivel Volio, que según él tiene intereses en Hidroeléctrica Río Lajas; el grupo de capital guatemalteco Campollo Codina, propietario de Catsa; e Ingenieros de Azúcar Asociados, accionistas de Corporación Jeromo y Azucarera El Viejo, a su vez accionistas del Ingenio Taboga. (Quirós, 2012) 

Alta conflictividad socio ambiental

 Este nuevo impulso a la generación privada se tomó sin una nueva Ley del Recurso Hídrico ni tampoco considerando la reforma constitucional que declara agua de dominio público. No se consideró ningún ordenamiento ni ningún otro mecanismo efectivo, para definir el uso racional de las cuencas que se emplean para la generación eléctrica, asunto que ha provocado conflictos por el uso del agua en diversas regiones del país. (Programa del Estado de la Nación, 2004)

 La Universidad de Costa Rica se ha pronunciado contra los proyectos de ley que pretenden aumentar la participación privada, en detrimento del Ice. Los cuales, no tienen claridad sobre el tema de  los precios, ya que “en el pasado una fijación inadecuada de tarifas promovió costos de operación de la generación privada muy superiores a los estándares del Ice.” La UCR afirma que los pequeños proyectos privados no solucionarán, en un largo plazo, la demanda eléctrica. Considera que  el país requiere de energías firmes; es decir, disponibles en toda época del año. (Siles, 2011).

Mediante la ley 7200 y la ley 7508 se construyeron 27 proyectos hidroeléctricos privados instalados en los ríos; despertando la oposición en las comunidades y consecuentemente se han desencadenado conflictos. Las movilizaciones contra el Combo eléctrico, los plebiscitos de Sarapiquí (2000) y Guácimo (2001), fueron respuestas a la cadena de 50 proyectos que se encontraban en fila, para ser construidos. (ICE, 2001)

Todos estos proyectos estarían construidos de no ser por la lucha de las comunidades campesinas de Pérez Zeledón. Estas presentaron un Recurso de Amparo y una Acción de Inconstitucionalidad que paralizaron todas las gestiones de las empresas de generación eléctrica por décadas, al quedarse sin la posibilidad de obtener una concesión de aguas para genera mediante la fuerza hidráulica. Hoy, estas mismas comunidades se enfrentan estos y otros proyectos hidroeléctricos nuevos. (Monge, 2013)

Estos proyectos no solo causan conflictos sociales, si no que tienen graves impactos ambientales sobre los ríos. Por ejemplo, la privación del agua para otros usos, los cambios en el caudal que terminan matando la vida del río, cabezas de agua río abajo, la construcción de caminos en el bosque y la deforestación del área, el desvío de quebradas y desplazamiento de poblaciones y  de propietarios.

Lo más grave es que los instrumentos de mitigación como los EIA, no están diseñados para prever estos efectos acumulativos y sinérgicos. Por ejemplo, hay 40 proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Río San Carlos (Astorga, 2013) y muchos más están planificados, según comentan los vecinos.  A pesar de ello, la Setena o Minae no ejerce mecanismos legales para rechazar estos proyectos por acumulación de efectos negativos al ambiente.

Exportación como fin

Bajo las actuales leyes de generación privada no se necesita una reforma legal para completar el porcentaje total de generación, pero los empresarios y el gobierno insistirán en tratar de aprobar la Ley de Contingencia Eléctrica (Exp. N°18.093), que aumenta la producción privada. Abriendo un “mercado del gran consumidor” que entregaría a generadores privados los grandes clientes de las cooperativas eléctricas o del ICE. Sin embargo, no se dice que el otro objetivo de la nueva reforma es buscar algún portillo para permitir la exportación de generación privada al mercado centroamericano. 

Para esto último ya se hizo -sin mayor consenso o discusión- una mega inversión (US$494 millones) de interconexión eléctrica (SIEPAC) y se habla abiertamente que la exportación como “conveniencia nacional” independientemente de quien lo haga (Araya, 2012). Falta además,  ver como disimularán la entrega  de la inversión del  SIEPAC  y  otra infraestructura hecha  con fondos públicos, como  se hizo con el peaje en telecomunicaciones que generó en pérdidas ¢300 mil millones al Ice, al dejar estipulado en el TLC los peajes de interconexión a precios de “costo base”. (González, 2012). 

El ICE hace lo propio y asegura: “esos proyectos grandes como Reventazón y Diquís en el momento en que entren en operación, producirán excedentes importantes en el sistema. A través de estos proyectos, se puede incursionar con fuerza en el mercado centroamericano haciendo contratos a mediano plazo de venta de energía, con lo cual, la rentabilidad de los proyectos se beneficia enormemente”  (Durán,2013)

Lo que no nos dicen es que el ambiente y las comunidades correrán con la mayoría de los costos necesarios para la exportación de energía. Mientras que las ganancias irán a las empresas trasnacionales como Unión Fenosa o Endesa, socia del proyecto Siepac, y a la banca multinacional. En este sentido, consolidar la exportación de energía podría ocasionar graves impactos socio-ambientales y es una amenaza a la soberanía energética del país.

En la reciente visita del presidente de Estados Unidos trascendió ue los empresarios pidieron la bendición “Obámica” para lograr el convencimiento de que exportar electricidad. Esto consiste en la panacea y con ello, lo que se pretende es “dar corriente” a alguno de los proyectos que permitirían liberalizar el negocio a privados a partir de nuestras cuencas.

Beneficiar a las trasnacionales

Este gobierno convirtió en el mayor productor de electricidad privada a la transnacional española Unión Fenosa, al otorgarle nuevamente un proyecto (Torito, 50 MW) aprovechando la Ley 7508 hecha a la medida de las transnacionales. Sobre el tema, cabe preguntarse: ¿Qué pasó con la investigación sobre un “premio” por ¢25 millones, recibido por el exdirectivo del Ice, José Antonio Lobo, del exdiputado Gerardo Bolaños, vinculado con el la adjudicación del proyecto hidroeléctrico La Joya en el 2000 a Fenosa? (Martín, 2004)

Tampoco quedó claro si el premio tuvo algo que ver con el diseño final del proyecto, relacionado con problemas durante su construcción en octubre de 2004. En aquel momento hubo un cierre por parte del Tribunal Ambiental Administrativo (Expediente No 96-04-TAA). Esto pues la construcción del túnel afectaba  el caudal de los acuíferos. Las comunidades de Tucurrique denunciaron  que las obras de construcción de la central "estaban secando las fuentes de agua", e incluso se produjeron manifestaciones en contra.

Igual suerte parece correr hoy la comunidad de Peralta de Turrialba, quienes se “benefician” del proyecto de Unión Fenosa llamado el Torito S.A. en el cauce del río Reventazón. Allí, la comunidad ha denunciado sistemáticamente  incumplimientos y problemas ambientales. Como por ejemplo, la erosión del principal camino que da acceso a la comunidad, además temen que una crecida del río ahora pueda “barrer” el pueblo y la falta de consulta para realizar el proyecto (Chacón, 2012).

Este proyecto cuenta con su viabilidad ambiental y declaratoria de interés nacional o  licencia para cortar árboles. Incluso, a pesar de la presencia de especies vedadas, cuenta con la firma de Laura Chinchilla y el ministro René Castro. (Decreto Ejecutivo, No. 36982-Minaet). Esta licencia para destruir, le permitió cortar 101 árboles  y otros 100 más –sin autorización-  por estar dentro del área de protección de dos importantes nacientes de agua de la zona, así lo denunciaron los vecinos y autoridades ambientales mediante tres denuncias (Fiscalía,  Tribunal Ambiental Administrativo y Geología y Minas del Ministerio de Ambiente). Estas últimas, porque la empresa aparentemente habría extraído materia de río, sin permiso (“Empresa Unión Fenosa denunciada”, 2013). 

También los vecinos denunciaron que se han incumplido con las disposiciones que le dictó la Secretaría Técnica Nacional, de arreglar caminos y generar proyectos de bienestar comunal en el informe de viabilidad ambiental. Además, a los vecinos se les prometieron empleos, proyectos comunales  y otras demás, a cambio de aceptar el impacto socio-ambiental del proyecto. Por la falta de complimiento y tras los impactos negativos, los vecinos realizaron manifestaciones y bloqueos en las calles en la entrada del proyecto (Soto, 2013). 

Este  ejemplo de una trasnacional con millones de dólares en ganancias, ilustra el comportamiento y la mal llamada responsabilidad social empresarial, que son formas de caridad -barata- que ni si quiere no se cumplen. También, visibiliza la falta de cumplimiento de los -de por sí-  débiles instrumentos de gestión socio ambiental. Se pone en evidencia que solamente la resistencia y la organización frente a estos proyectos logra devolver algo de los millones de ganancias que estas compañías se llevan a partir de nuestros bienes comunes y públicos. 

Ahora, multipliquemos el conflicto con los siguientes factores: compañías más pequeñas, con márgenes de ganancia menor, que no poseen gran capacidad ni técnica ni económica para gestionar el ambiente ni la relación con comunidades. Que tampoco quieren  generar mayores inversiones  o “costos”. Hablamos de  varios proyectos donde ya existen otros usuarios del agua – incluyendo al ser humano-  y un mercado centroamericano, que urge de energía más barata que el petróleo. Todo potenciado por alguna de todas las propuestas de ley que abre parcial o totalmente la producción de electricidad. Con todos estos ingredientes tendremos un ¡mega -combo eléctrico plus!

 Referencias bibliográficas

 Araya, D. (2 de junio del 2012). Exportación de energía: ¿negocio para quién? CRHoy. Disponible en: http://www.crhoy.com/exportacion-de-energia-negocio-para-quien/

 Astorga, A. (1 de abril del 2013). Opinión: ¿Urgirá tanto extraer energía de los parques nacionales? CRHoy.  Disponible en: http://www.crhoy.com/opinion-urgira-tanto-extraer-energia-de-los-parques-nacionales/

Chacón, V. (31 de octubre del 2012). Pobladores de Peralta de Turrialba reclaman a Unión Fenosa por cambios en el río Reventazón. Semanario Universidad. Disponible en: http://n1.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/component/content/article/1897-Pa%C3%ADs/7845-pobladores-de-peralta-de-turrialba-reclaman-a-union-fenosa-por-cambios-en-el-rio-reventazon.html

Durán, Osvaldo. (2013). Energía y explotación comercial de Parques Nacionales. Cátedra de Agenda Nacional [Presentación]. Disponible en: http://www.feconcr.org/doc/geotermia/universidades/osvaldoduranTEC.pdf

 Empresa Unión Fenosa denunciada por tala ilegal de árboles en construcción de represa Torito 1. (18 de marzo del 2013). En Telenoticias. Disponible en: http://www.teletica.com/Noticias/1697-Empresa-Union-Fenosa-denunciada-por-tala-ilegal-de-arboles-en-construccion-de-Represa-Torito-1.note.aspx

 González, M. (25 de junio del 2012). Estado obligó a perder ¢300 mil millones al ICE. La Prensa Libre. Disponible en: http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/66085-estado-obligo-a-perder-c300-mil-millones-al-ice.html

 Instituto Costarricense de Electricidad (junio de 2001). Lista de proyecto Privados con Elegibilidad y en estudio. Disponible en: http://feconcr.org/doc/Energi-a/Generacion%20Privada/lista_de_proyectos_privados_2.pdf

 Martín, R. (2 de octubre del 2004). Un giro por $82 mil es clave. Al Día. Disponible en: http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2004/octubre/02/nacionales1.html 

Monge, C. (20 de marzo del 2013).Proyecto eléctrico entre indecisión y nubarrones. Pérez Zeledón.net. Disponible en: http://www.perezzeledon.net/9408/proyecto-electrico-entre-indecision-y-nubarrones/

Programa del Estado de la Nación. (2004). Décimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Capítulo 4: Armonía con la naturaleza. Disponible en: http://www.estadonacion.or.cr/biblioteca-virtual/costa-rica/estado-de-la-nacion/informes-anteriores/informes-por-capitulo/informe-x/275-informe-x

Quirós, J. (14 de agosto del 2012). Vinculan Empresas Eléctricas Privadas con Campaña del PLN.Diario Extra. Disponible en http://anteriores.diarioextra.com/2012/agosto/14/nacionales3.php 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). (2013). Expedientes digitales. Disponible en: http://www.setena.go.cr/

Siles, Z. (9 de setiembre del 2011). UCR recomienda rechazar Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica. Consejo Universitario. Noticias. Disponible en: http://www.cu.ucr.ac.cr/noticias/2011/nota11-31.html 

Soto, J. (16 de octubre del 2012). Empresa encargada de Proyecto Torito incumple disposición de la Setena. CRHoy. Disponible en: http://www.crhoy.com/251897/