Nueve años sin agua potable: la lucha de las comunidades de Siquirres frente a la contaminación por piñeras

Por Mauricio Álvarez Mora

La protesta realizada el 11 de mayo por las comunidades de El Cairo, La Francia y Luisiana de Siquirres no fue un hecho aislado. Fue la expresión del cansancio acumulado tras nueve años de convivir con la contaminación de sus fuentes de agua potable, atribuida al uso intensivo de agroquímicos en la finca piñera Hacienda Ojo de Agua S.A. Después de casi una década de denuncias y gestiones institucionales, los vecinos decidieron salir nuevamente a las calles para exigir soluciones definitivas a un problema que continúa afectando su salud, su calidad de vida y su derecho al agua.

La contaminación de los acueductos obligó al Estado, desde hacía ya dos años, a suministrar agua potable mediante camiones cisterna. Lo que inicialmente debía ser una medida de emergencia terminó convirtiéndose en la única forma de abastecimiento para cientos de familias. Mientras tanto, las comunidades observaban cómo el problema persistía sin que las instituciones responsables adoptaran acciones capaces de eliminar la fuente de contaminación.

Para las personas afectadas, las consecuencias han ido mucho más allá de la falta de agua potable. Los vecinos sostienen que el consumo de agua contaminada con plaguicidas y las constantes fumigaciones realizadas por la piñera han provocado numerosos problemas de salud. Entre los padecimientos señalados se encuentran intoxicaciones, alergias, sarpullidos, gastritis, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Además, expresan una creciente preocupación por posibles efectos de largo plazo, como abortos espontáneos, malformaciones congénitas e incluso distintos tipos de cáncer.

Las comunidades afirman que existen estudios que demuestran la presencia de plaguicidas en las fuentes de agua de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana. Sin embargo, consideran que esta evidencia no se ha traducido en decisiones concretas por parte del Estado. A su juicio, las instituciones públicas han permitido que el problema se prolongue durante años sin exigir responsabilidades ambientales a la empresa señalada como responsable de la contaminación.

Uno de los principales cuestionamientos se dirige al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Los habitantes consideran que la institución no ha mostrado la voluntad necesaria para impulsar una solución integral y definitiva al problema del abastecimiento. Mientras las comunidades continúan dependiendo de los camiones cisterna, el Estado ha asumido elevados costos económicos para garantizar el suministro de agua potable, sin que esos gastos hayan sido recuperados mediante mecanismos que responsabilicen a quienes provocaron el daño ambiental.

Como parte de sus demandas, el comité de vecinos manifestó que la administración del futuro acueducto debe permanecer bajo control comunitario mediante la ASADA. Asimismo, solicitó que el AyA dé seguimiento efectivo al proyecto del nuevo sistema de abastecimiento, establezca plazos concretos para su construcción, gestione las servidumbres necesarias y asuma los costos requeridos para iniciar cuanto antes las obras.

Las exigencias comunitarias también incluyen medidas dirigidas directamente a la empresa responsable de la actividad piñera. Los vecinos solicitan el cierre inmediato de la finca Hacienda Ojo de Agua, ubicada al sur de la Ruta 32, por considerar que sus operaciones continúan generando contaminación sobre las fuentes de agua y afectaciones permanentes a la salud de la población debido a las fumigaciones.

Del mismo modo, demandan que el Estado obligue a la empresa a asumir los costos derivados de los daños ambientales ocasionados por la contaminación de los acueductos, así como los recursos públicos invertidos durante años para abastecer de agua potable a las comunidades mediante camiones cisterna. Desde la perspectiva de los habitantes, resulta injusto que toda la sociedad financie las consecuencias económicas de una actividad productiva mientras quienes ocasionaron el daño no asumen plenamente su responsabilidad.

Las comunidades también solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Salud. Entre sus peticiones destacan la realización de un estudio epidemiológico que permita conocer los efectos de la exposición prolongada a plaguicidas sobre la población, tanto por el consumo de agua contaminada como por las fumigaciones agrícolas. Asimismo, pidieron ampliar el monitoreo ambiental mediante análisis de las aguas de quebradas y ríos cercanos, como los ríos Peje y Herediana, para determinar si la contaminación se ha extendido más allá de los acueductos destinados al consumo humano.

Finalmente, los vecinos plantearon la necesidad de establecer una regulación más estricta que impida la presencia de agroquímicos en las fuentes de agua destinadas al abastecimiento de la población. Para ellos, la experiencia vivida durante casi una década demuestra que las medidas existentes han sido insuficientes para garantizar un derecho tan fundamental como el acceso al agua potable.

El caso de El Cairo, La Francia y Luisiana constituye uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos asociados a la expansión del monocultivo de piña en Costa Rica. La protesta realizada por estas comunidades no expresa únicamente el malestar frente a la contaminación de un acueducto; representa también el reclamo por una mayor responsabilidad ambiental, por instituciones capaces de prevenir este tipo de conflictos y por políticas públicas que coloquen la protección del agua y la salud de las personas por encima de cualquier interés económico. Nueve años después del inicio de la contaminación, las comunidades continúan recordándole al país que el acceso al agua potable no puede depender de camiones cisterna ni convertirse en una solución permanente, sino que constituye un derecho humano cuya garantía corresponde al Estado.