Atentados contra ecologistas en Costa Rica: una historia que se repite en la impunidad

Por Mauricio Álvarez Mora.

En Costa Rica persiste una narrativa internacional que presenta al país como un referente en materia ambiental. Sin embargo, detrás de esa imagen se esconde una historia menos visible, marcada por amenazas, agresiones y muertes contra quienes defienden el ambiente. No se trata de hechos aislados ni recientes, sino de un patrón que atraviesa décadas y que, en muchos casos, permanece en la impunidad.

El trabajo del Proyecto Kioscos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica ilustra bien esta tensión. Nacido al calor de los debates del referendo sobre el Tratado de Libre Comercio, este espacio ha acompañado a comunidades afectadas por monocultivos, desarrollos inmobiliarios desregulados y diversas formas de explotación ambiental. Su labor ha sido, esencialmente, informar, visibilizar conflictos y fortalecer procesos comunitarios. Sin embargo, precisamente por ello, ha sido objeto de presiones directas e indirectas por parte de sectores empresariales, políticos y actores anónimos que cuestionan el rol de la acción social universitaria.

Las recientes amenazas de muerte y el saqueo del equipo de trabajo del activista Aquiles Rivera, en la zona sur del país, no son un hecho aislado. Se inscriben en una larga lista de agresiones contra personas que han decidido denunciar los impactos ambientales de actividades como la expansión piñera o la contaminación de fuentes de agua. Esta lista, dolorosa y persistente, obliga a mirar hacia atrás.

Desde finales de la década de 1980 se registran casos que siguen sin esclarecimiento. La muerte del líder indígena Antonio Zúñiga en 1989, la del dirigente Oscar Quirós en 1992, o el incendio en el que fallecieron tres miembros de la Asociación Ecologista Costarricense en 1994, son apenas algunos ejemplos de una violencia que no ha sido adecuadamente investigada. A estos se suman incendios provocados contra viviendas de activistas, desapariciones, amenazas constantes y procesos judiciales utilizados como mecanismos de intimidación.

La criminalización también ha sido parte de este patrón. Marchas pacíficas reprimidas, demandas contra programas universitarios y líderes ambientales, así como persecuciones legales contra comunidades que exigen el cumplimiento de la ley ambiental, revelan una estrategia más amplia: deslegitimar y desgastar la lucha social. En lugares como Guácimo o Alajuela, vecinos organizados han enfrentado amenazas y procesos judiciales por denunciar actividades que afectan el agua y los territorios.

Este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. A nivel mesoamericano, la violencia contra defensores ambientales ha sido aún más evidente. El asesinato de la activista hondureña Jannette Kawas, que derivó en una condena internacional contra el Estado de Honduras, o los ataques contra líderes comunitarios en Guatemala, México y El Salvador, forman parte de un mismo entramado regional donde los intereses económicos asociados a los recursos naturales chocan con los derechos de las comunidades.

Lo que resulta particularmente preocupante es la normalización de esta violencia. La acumulación de casos sin resolver envía un mensaje claro: quienes defienden el ambiente pueden ser atacados sin consecuencias. Esta impunidad no solo afecta a las víctimas directas, sino que debilita el tejido democrático y limita la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta y a la defensa del territorio.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser el silencio. La defensa del ambiente es, en esencia, una defensa de la vida, de los bienes comunes y de un futuro posible. Quienes asumen esta tarea no deberían enfrentar amenazas por ello. Sin embargo, la realidad muestra que existen intereses económicos y políticos dispuestos a sobreponerse incluso a la legalidad para mantener sus privilegios.

El llamado que emerge desde organizaciones como Kioscos Ambientales y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente es claro. Se requiere no solo solidaridad, sino también una acción decidida de las instituciones públicas, las universidades y la sociedad en su conjunto para proteger a quienes defienden el ambiente. Esto implica investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la acción social y ambiental.

Costa Rica no puede sostener su imagen ambiental mientras ignora la violencia contra quienes la hacen posible. La historia de los atentados contra ecologistas no es solo un recuento del pasado. Es una advertencia sobre el presente y una pregunta abierta sobre el futuro. Mientras la impunidad persista, la defensa del ambiente seguirá siendo, también, una actividad de riesgo.