Por Mauricio Álvarez Mora.
El anuncio del presidente Óscar Arias Sánchez de no permitir la exploración petrolera en Costa Rica fue recibido con aplausos, titulares y una sensación momentánea de alivio. En un país que ha construido buena parte de su identidad internacional sobre la protección ambiental, escuchar que se reafirma ese camino resulta, al menos en apariencia, una buena noticia. Sin embargo, cuando se examina el contexto y la trayectoria reciente del propio gobierno, el entusiasmo se matiza y da paso a una pregunta incómoda: ¿estamos ante una convicción o ante un giro coyuntural?
La frase presidencial, pronunciada en la Asamblea Legislativa, no surgió en el vacío. Llegó después de años de señales contradictorias. Apenas iniciada su administración, el gobierno de Arias abrió la puerta a la exploración petrolera, promoviendo conversaciones con empresas extranjeras y planteando incluso la posibilidad de explorar a decenas de millas de la costa. Estas iniciativas no fueron rumores: fueron declaraciones públicas, gestiones diplomáticas y propuestas institucionales que evidenciaban una clara intención de reactivar el tema petrolero en el país.
Este viraje resulta aún más llamativo si se recuerda que Costa Rica había establecido una moratoria a la exploración y explotación petrolera desde el 2002, durante la administración de Abel Pacheco de la Espriella, quien acuñó una frase que sigue resonando con fuerza: “nuestro petróleo es el agua”. Aquella declaración no fue solo simbólica; representó una apuesta política por un modelo de desarrollo que priorizaba los bienes naturales por encima de la renta petrolera.
Frente a ese antecedente, la administración Arias no solo coqueteó con revertir esa política, sino que avanzó en acuerdos y negociaciones que apuntaban en esa dirección. Por eso, el reciente anuncio de rechazo a la exploración petrolera genera más preguntas que certezas. ¿Qué cambió? ¿Se trata de una revisión profunda del modelo energético o de una respuesta a presiones políticas y sociales?
Es innegable que la presión de organizaciones ecologistas, comunidades y sectores académicos jugó un papel clave. Durante años, estos actores han insistido en que la exploración petrolera no solo contradice los compromisos climáticos del país, sino que pone en riesgo ecosistemas frágiles y comunidades enteras. En ese sentido, el anuncio presidencial puede leerse también como una victoria parcial de la movilización social.
Pero precisamente por eso, la reacción del movimiento ecologista ha sido de cautela. Celebrar, sí, pero sin bajar la guardia. Porque la historia reciente demuestra que las decisiones en materia energética pueden cambiar con rapidez, especialmente cuando entran en juego intereses económicos de gran escala. La existencia de procesos pendientes con empresas como Harken Energy o concesiones en discusión en la zona norte recuerda que el tema está lejos de cerrarse.
Además, hay un elemento estructural que no puede ignorarse. Apostar por no explotar petróleo implica mucho más que una declaración política. Requiere coherencia en la política energética, inversión sostenida en fuentes renovables y, sobre todo, una visión de país que no sucumba ante la tentación de soluciones rápidas basadas en la extracción de recursos. En ese sentido, las palabras de Arias sobre la necesidad de impulsar energías limpias son correctas, pero deben traducirse en acciones consistentes y sostenidas.
Costa Rica se encuentra, una vez más, ante una encrucijada. Puede reafirmar su liderazgo ambiental con decisiones firmes y coherentes, o puede quedar atrapada en una ambigüedad que erosiona su credibilidad. El anuncio presidencial abre una oportunidad, pero no garantiza un cambio de rumbo definitivo.
Al final, la discusión no es solo sobre petróleo. Es sobre el modelo de desarrollo que el país está dispuesto a sostener. Y en esa discusión, la memoria es clave: recordar lo que se ha dicho, lo que se ha hecho y, sobre todo, lo que aún está en juego.

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