Por Mauricio Álvarez Mora.
Costa Rica se encuentra en este momento en una discusión muy importante para nuestro futuro: la definición de nuestro modelo energético y del marco jurídico que regirá las concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico.
Esta discusión esta siendo impulsada mientras los actores económico dominantes están impulsando acuerdos de mayor apertura e inversión comercial. Estos nuevos tratados y planes profundizaran las leyes que permiten la generación y cogeneración privada de electricidad. Esto significa más caos a nivel nacional: impactos ambientales, mayores costos para todos los pobladores, mayor cantidad de gastos para el Instituto costarricense de electricidad y conflictos socio ambientales en todo el país. Si a lo anterior le sumamos algunas críticas los proyectos hidroeléctricos del ICE podemos concluir que la discusión sobre el modelo energético es legítima y necesaria.
Reconocemos que la electricidad ha ayudado en mucho al desarrollo de este país y que esta es necesaria, nuestro rol social es apuntar los impactos ambientales y sociales que el crecimiento desordenado de hidroeléctricas ha traído a Costa Rica. Entre los impactos sociales mas evidentes tenemos el conflicto social y el desplazamiento de pobladores .Entre los impactos ambientales podemos ubicar la interrupción del flujo de ríos que afecta a poblaciones migratorias y especies que dependen de ella, detienen la dinámica del caudal y las inundaciones causan otros impactos.
Hay evidencias claras de que el desarrollismo hidroeléctrico no tiene como meta única el mercado local. Si bien hasta hace poco el ICE no aceptaba que un objetivo de la generación fuera el negocio de la exportación, ya reconoció, al menos, que se vende la energía ”secundaria”, es decir la sobrante en el país (ICE reunión con Junta Directiva FECON). La interconexión eléctrica Centroamericana, SIEPAC, que ahora es un proyecto de punta del Plan Puebla Panamá, PPP, con participación directa de la transnacional Endesa de España, liga física y financieramente la generación eléctrica nacional con su venta en los países de Mesoamérica, e incluso hasta en California.
Antecedentes
Muchos de los impactos lo mismo que esta realidad fue diagnosticada en el primer foro nacional represas hidroeléctricas y comunidades organizado por la FECON en del 2001.Sobre el foro se puede apuntar que contó con la participación de unas 80 personas y que permitió generar un primer espacio de encuentro entre las comunidades y organizaciones .
Sobre la metodología del foro fueron una sección de mesa redonda de sobre la situación política, económica y energética de las hidroeléctricas, esto combinado con pequeñas exposiciones que abarcaron los casos de Jiménez ,La esperanza, Sarapiquí, Peñas Blancas; Pérez Zeledón , Chocosuela , Boruca. Seguido se tuvo un trabajo en grupo de discusión y elaboración de posiciones. Para concluir se elaboro un documento de posición .
Sobre el foro podemos apuntar que sirvió de espacio de encuentro pero que no permitió amarrar un plan colectivo y estratégico mas sistemático de seguimiento. En teoría hubo la intención de conformar una Coordinadora para la defensa de las cuencas Hidrográficas como mecanismo de seguimiento y articulación lo que no se concreto por distintos motivos .
Este foro primer genero una gran demanda para la federación para dar seguimiento de esta creciente problemática. Esta necesidad fue satisfecha con trabajo sobre los casos mas enigmáticos. Además esto apuro la conformación mas orgánica de un grupo de trabajo.
Este grupo se fortaleció y se proyecto mediante reuniones periódicas de organización y discusión, foros Público, apoyos puntuales a campañas locales de resistencia , incidencia a nivel de los distintos poderes del estado y un trabajo de fuerte presencia publica en los medios de comunicación .
Este trabajo a podido posesionar a la federación como un actor y un referente sobre este tema . Se ha apoyado el trabajo y la difusión de las campaña de Peñas Blancas, Sarapiquí, Pirris ,Boruca y Turrialba. Actualmente este trabajo da sus frutos al estar dentro de la comisión mixta que analiza el fortalecimiento del ICE en la Asamblea legislativa
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