Extorsión petrolera en medio del TLC

Por Mauricio Álvarez Mora.

Por casi un año y medio los y las costarricenses, y muchas personas alrededor del mundo, celebramos con alegría el rumbo que había tomado nuestro país, las concesiones petroleras se declararon inviables ambientalmente para las costas del Caribe Costarricense.

La valiente decisión de SETENA fue no solo oportuna, sino histórica, el Estado Costarricense por primera vez acata las múltiples razones y límites ambientales para cierto tipo de inversiones, o mejor dicho, mega-inversiones.

 Al no poder demostrar que las actividades de perforación petrolera fueran inofensivas para el ambiente y las personas que dependen del mismo, la SETENA no tuvo otra opción que declarar inviable esta inversión en un lugar, en el que el Estado Costarricense junto con los habitantes de la zona, vienen  haciendo grandes esfuerzos para equilibrar de la mejor forma las actividades humanas con las productivas, económicas y ambientales.

Estamos hablando de un pozo de más de 2000 metros de profundidad a 5km de la costa Caribe, muy cerca de parques nacionales y refugios de vida silvestre. Cerca de comunidades afrocaribeñas para quienes en el mar es la vida. 

En marzo del año pasado, la SETENA toma una decisión difícil, adoptada no al calor de los alegatos de los extremistas, sino después de largas sesiones de estudio, de análisis, de consulta. Una decisión tomada luego de la revisión de miles de páginas entre cartas y documentos científicos. Luego de haber escuchado el parecer de buena parte de la población, no solo del Caribe sino de las organizaciones, partidos políticos, figuras públicas, comunidades, sectores, etc.

Es posible que SETENA no haya tomado nunca una decisión más democrática que ésta. Decisión que el Ministerio del Ambiente y el mismo Presidente de la Republica respaldaron, con la firme decisión de que expandir la frontera petrolera hasta nuestro país no es una buena opción ni para el presente ni para el futuro. Sobre todo tomando en cuenta las leyes de hidrocarburos que nos rige, donde el petróleo no le pertenece al Estado sino a la empresa dueña de la concesión.  

Chantaje petrolero 

Durante este año y medio vivimos la alegría de que las instituciones más democráticas de nuestro sistema constitucional -la Sala Cuarta, la SETENA, el Ministerio del Ambiente, la Municipalidad de Talamanca y algunos diputados de la Asamblea Legislativa - le dan la razón al ambiente. Pero también seguimos haciendo esfuerzos para revertir las amenazas de la exploración y explotación petrolera, la Derogación de la actual Ley de Hidrocarburos para el movimiento antipetrolero es el siguiente paso.

 Junto a eso, el Ministerio del Ambiente estuvo estudiando todo el caso de las concesiones con toda la asesoría necesaria, desde el punto de vista legal y de derecho internacional. Finalmente decide rescindir el contrato hace unas semana y notificar a la parte afectada: la compañía Harken Costa Rica Holdings.  

En los días pasados nos enteramos de que la compañía está buscando una salida a ésta situación. Pero la sorpresa fue que jamás nos imaginamos una cifra tan astronómica. Habíamos escuchado versiones de “$550 millones de dólares!” - 23 billones con 199 mil millones es una cifra impronunciable en colones- como bien lo dijo la Nación es 15 veces la deuda externa de Costa Rica y 11 presupuestos estatales anuales. 

La empresa presentó una solicitud para un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés). Dicho organismo está adscrito al Banco Mundial y tiene su sede en Washington, EE. UU.

No cabe duda que la empresa no está buscando otra cosa más que hacer a nuestro pequeño Estado Costarricense desistir de tan importante decisión. Como si la voluntad de el Estado y su soberanía no contara para definir una decisión nacional. Lo que hacen las reglas del Libre Mercado lo estamos viendo de forma emblemática con el caso petrolero. Menos mal que aún no hemos firmado el capítulo de inversiones del TLC, con el cual no tendríamos ni siquiera derecho a una legislación que permitiera la decisión que se tomó hace año y medio.

Días después de presentada la  demanda de la compañía petrolera Harken se esfumó tan rápido como improcedente. Justo cuando en Costa Rica se discute ampliamente sobre el TLCAN, sus influencias y cuando Estados Unidos insiste una y otra vez sobre la apertura comercial de dos de sus negocios favoritos (telecomunicaciones, energía y petróleo) llegó la noticia de que Harken empresa en la que George W. Bush fue directivo y accionista) "pide" a Costa Rica la "ridícula"  suma de sus inversión en Costa Rica($15millones)  y no las posibles ganancias devenidas por sus operaciones petroleras en el país ($57 mil millones).

Este anuncio que hizo la compañía es parte  de su estrategia, pues ahora pretende tener una carta en la mano para la negociación, pues “acaba descender en una de sus aspiraciones, que era el arbitraje internacional. 

Como lo  declaro el gobierno, la empresa incumplió el contrato pues no logró que se aprobara un estudio de impacto ambiental (EIA). Esta era una cláusula que claramente se indicaba. Es claro que no hay ningún sustento en esta demanda más bien es una forma de extorsionar. El país  ha cumplido legalmente con  el contrato y Harken  sí incumplió con el mediocre Estudio de Impacto Ambiental presentado. Si la compañía hubiera querido seguir con el debido proceso tendría que haber interpuesto un juicio contencioso contra una decisión técnica de SETENA o  presentar un  mejor estudio de impacto ambiental.

Sin embargo la posición de la embajada de Costa rica en Estados Unidos  no esta tan clara en el sentido que fue la compañía que rompió el contrato por eso para los ecologistas pagar cualquier indemnización  podría tipificarse como  un acto de desviación de fondos públicos y podría ser eventualmente  denunciado por la Contraloría de la Republica  de nuestro  país. 

Desde que  se  monitorea  la actividad y el historial de esta compañía es claro que es un  fraudulento negocio. La compañía Harken tiene intereses y concesiones desde Colombia hasta Belice, a través de la costa Atlántica, queriendo incluir a Costa Rica en su estrategia geopolítica de apoderarse de un territorio y convertir la región en parte de sus negocios transnacionales. La empresa Harken estaba ligada al actual presidente de los Estados Unidos y según reportajes del New York Times, Times y otros periódicos norteamericanos del 2002, mientras era director de la compañía, habían irregularidades en los informes contables, se exageraron bienes de la empresa, no se reportaban ganancias y se evadieron impuestos. Nos damos cuenta que durante la ejecución de la licitación en Costa Rica la empresa hizo traspasos de una compañía a otra, nunca tuvo una oficina en nuestro país, ni hizo un trabajo serio para presentar un EIA.

No es la primera vez en nuestro país que Harken hace esas “jugadas” pues cuando un recurso de amparo los obligo  a renunciar a las exploraciones en reservas indígenas o  tener que realizar una consulta a las comunidades, usaron este golpe para hacerlo pasar como otro acto de buena voluntad “para mejorar relaciones con las comunidades renunciaba a estas áreas”,  obviando que resolución que así se lo exigía y que en primer término anulo completamente las concesiones.

Lo mismo habría que apuntar  que Harken  ya había sacado su tajada en la exploración petrolera en  Costa Rica, pues hicieron subir la cotización de las acciones en la Bolsa ( y vendieron caro). Cuando el "mercado" se dio cuenta de que lo de Costa Rica no avanzaba -- y que había una campaña exitosa contra  Harken pidiéndole abandonar sus propósitos aquí -- las acciones se vinieron al suelo (bajaron de $ 14 a $ 2).