Por Mauricio Álvarez Mora.
En la actualidad, la Asamblea Legislativa se encuentra en sesiones extraordinarias, es decir, la iniciativa de qué se analiza en este recinto la tiene el Poder Ejecutivo. Pues bien, el Poder Ejecutivo ha enviado a la corriente legislativa algunos de los proyectos con implicaciones ambientales más negativas de los últimos tiempos:
1.La privatización de las islas: se encuentra en sexto lugar en el Plenario un proyecto de ley que pretende eliminar la facultad que tiene la Asamblea Legislativa para autorizar o concesionar islas e islotes, que son bienes de dominio público, es decir nos pertenecen a todos y a todas. El proyecto de ley en su lugar le da a la Asamblea Legislativa esa facultad siempre y cuando se trate de islas enteras que no estén en el mar interior que lo definirá el Poder Ejecutivo. Es decir, podemos solicitar el uso del 90% de una isla que esta en el mar interior y la Asamblea Legislativa no entrará en el juego. Como ejemplo: seguramente San Lucas tan apetecida por ciertos grupos no estará en el ámbito legislativo ya que se encuentra en el mar interior y puede ser solicitada para su explotación y uso en un 80% para construir casinos y grandes hoteles. Por medio de este proyecto de ley se privatiza nuestro territorio para favorecer seguramente proyectos turísticos que posiblemente seguirán el modelo de enclave y megaproyecto. Este tipo de desarrollo, según el Estado de la Nación en su análisis sobre Guanacaste, no beneficia a las poblaciones locales y causa enormes impactos ambientales además de crear conflictos por el uso del agua, el consumo de energía y la disposición de desechos principalmente.
2.El combo de Coneléctricas: gracias al Poder Ejecutivo se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto que permite la expropiación de terrenos dedicados a la conservación, se permite proyectos energéticos de fuentes no renovables que son los que mayor impacto ambiental generan, se debilita al ICE y se promueve por lo tanto el desorden existente que la construcción de represas hidroeléctricas ha generado en el país. Igualmente no se le garantiza al usuario que la electricidad generada por estos entes será menos costosa.
3.Torres para telecomunicación en parques nacionales: se están construyendo en la actualidad torres de telecomunicación en parques nacionales como el Braulio Carrillo a pesar de que la ley prohíbe este tipo de construcción.
Estos proyectos se suman al reciente decreto Nº 30965-S este es un Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto- contagiosos que se generan en establecimientos que presten atención a la salud y afines. Este decreto habré la puerta para la incineración y con ello la legalización de esta nociva practica para el manejo de desechos.
Dentro de esta políticas anti-ambiéntales están el incentivo y la entrega de nuestras instituciones a proyectos como El Hotel Melia Conchal, que está enfrentada a rece comunidades de la zona de la costa de Santa Cruz de Guanacaste, porque pretende apoderarse de las aguas del acuífero de Nimboyores(para regar su cancha de golf) porque están construyendo edificios de condominios al margen de la ley, y a pesar de existir una orden de paralizar las obras de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental – SETENA (Resolución 340-2002-SETENA) emitida en mayo. Los ecologistas y comunidades se preguntan ¿Recibirá Melia como premio por violar la ley una concesión de las aguas de Lorena, entregada por el MINAE?
Con todo este panorama, nos preguntamos ¿para qué garantías ambientales si lo que vienen a proteger ya está siendo privatizado y nuestros recursos naturales dejarán de existir?
El presidente tiene el prestigio ambiental del país en sus manos :si no cambia el rumbo y veta el proyecto de ley de CONELECTICAS , pasara a la historia como el gobierno que abrió los Parques Nacionales a las hidroeléctrica. Pensamos que con el veto sobre este proyecto estaría dando una señal clara que si existe voluntad para que los proyectos desde tengan garantías ambientales y de participación.
Hacemos un vehemente llamado al Poder Ejecutivo para frenar este tipo de proyectos que envían a la Asamblea Legislativa ya que lo único que provocan son conflictos socio-ambientales, deterioro en nuestros recursos naturales y promueven la privatización de los bienes de dominio público.
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