Por Mauricio Álvarez Mora.
Hay personas que el tiempo no logra borrar, no porque la historia sea justa, sino porque la memoria se niega a ceder. Sergio Rojas Ortiz es uno de esos seres humanos. Siete años después de su asesinato, su ausencia sigue siendo una presencia incómoda, una pregunta abierta que el país aún no ha querido, o no ha sabido, responder con verdad. Como dice Pablo Sibar su compañero de luchas a Sergio lo mato todo Costa Rica.
Este 18 de marzo el Pretil de la Universidad de Costa Rica volvió a ser punto de encuentro. No es solo fue una convocatoria. Fue un gesto de resistencia, un acto de memoria florecida. Fue un plantón organizado por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y las Juventudes Indígenas no busca únicamente recordar a Sergio, sino interpelar a un Estado. Porque cuando la pregunta surge, clara y sin rodeos, ¿quién lo mató?, la respuesta no titubea: el Estado lo mató. Y esa afirmación, lejos de ser una consigna vacía, carga el peso de años de abandono, omisión y violencia.
Sergio Rojas no era un nombre más. Era Bribri del clan Uniwak, del territorio indígena de Salitre. Era también una voz firme en la defensa de la autonomía indígena y la recuperación de tierras en el sur del país. Fundador y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, dedicó su vida a una causa que, en Costa Rica, todavía incomoda: la recuperación de los territorios y la autonomía para sus pueblos originarios.
Pero defender la tierra, en este país que se enorgullecía de su imagen verde, tiene un costo. Y ese costo, demasiadas veces, se paga con el cuerpo. Sergio fue estigmatizado, perseguido, criminalizado, exhibido y encarcelado. Fue judicializado por hacer lo que el propio Estado debería garantizar. Y finalmente, en la madrugada del 18 de marzo de 2019, fue asesinado en su propia casa, con quince disparos que no solo apagaron una vida, sino que intentaron silenciar una lucha.
Sin embargo, la violencia no comenzó aquella noche. El racismo heredó desde antes nacer y el terror desde que decidió romper el orden colonial que los hacia invisibles. Cuando decidió luchar para cambiar esa realidad empezó a vivir la violencia sistemática. Ya desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado medidas de protección para él y su pueblo. El peligro era conocido. Las amenazas eran reales. Y aun así, no fueron suficientes para activar una protección efectiva. Ahí es donde la responsabilidad deja de ser difusa y empieza a tomar corporalidad.
Lo que ha ocurrido después no alivia la herida, la profundiza. A inicios de 2024, el sistema judicial decidió cerrar el caso. El sobreseimiento definitivo a favor de las personas imputadas llegó con el argumento de que no había pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. No había pruebas suficientes, después de años de investigación, después de testimonios, después de indicios que incluso hablaban de mensajes donde se sugería que “lo cazaran”. No había pruebas suficientes, o no hubo voluntad suficiente.
El proceso judicial ha sido largo, errático, doloroso como todos los casos de asesinatos de defensores. Hubo intentos tempranos de archivar la causa, decisiones cuestionadas, presiones nacionales e internacionales que lograron, por momentos, mantener abierta la investigación. Pero al final, la justicia no llegó. Y cuando la justicia no llega, lo que queda es la certeza de que la vida de algunos vale menos que la de otros.
Hablar del asesinato de Sergio Rojas como un hecho aislado sería una forma de tranquilizar conciencias. Pero no lo es. Es un crimen político, inscrito en un contexto más amplio de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y contra los defensores de la vida. Una violencia que no siempre se expresa en balas, pero que también se manifiesta en el despojo, en la estigmatización, en el racismo institucional, en la indiferencia.
Costa Rica sigue tratado de vender al mundo una imagen de país comprometido con el ambiente y los derechos humanos. Pero esa narrativa se resquebraja cuando se mira hacia los territorios indígenas. Allí, la defensa de la tierra sigue siendo una actividad de alto riesgo. Allí, la deuda histórica sigue creciendo.
Por eso el plantón del séptimo aniversario no es solo un acto simbólico. Es una forma de decir que la memoria no se apaga, que la dignidad no prescribe. Es una manera de sostener, frente al silencio institucional, una verdad incómoda: que la impunidad también es una forma de violencia.
Y quizás lo más importante es que, siete años después, la lucha que Sergio Rojas encarnó no ha desaparecido. Sigue viva en las comunidades, en las juventudes, en quienes entienden que defender la tierra no es solo proteger un territorio, sino resguardar una forma de vida, una relación con el mundo que hoy, más que nunca, resulta urgente.
Algo de lo más significativo del plantón fue ver a jóvenes de pueblos originarios que, sin haber conocido a Sergio, ya empiezan a habitar conquistas en los territorios que él ayudó a sembrar. Hoy recogen algunos de esos frutos, pero también saben que pueden perderlos. Lo saben porque crecen en medio de este mar de impunidad que no deja de avanzar, y porque han entendido, quizá demasiado pronto, que si no luchan, la historia volverá a repetirse.
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