Por Mauricio Álvarez Mora,
En el marco del Día Internacional del Ambiente, el próximo 5 de junio de 2022 en Cipreses de Oreamuno, Cartago, se reabre un debate que la comunidad lleva años planteando con insistencia: la calidad del agua, el uso de agroquímicos y la protección efectiva de las nacientes que abastecen a miles de personas.
Como parte de estas discusiones, diputados de la provincia de Cartago del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio han solicitado cuentas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud, ante las preocupaciones surgidas por la presencia de compuestos derivados del plaguicida clorotalonil en el agua de la zona. Paralelamente, se han girado consultas formales desde los despachos legislativos para esclarecer la situación y la capacidad institucional de respuesta ante estos hallazgos.
En este contexto, la Universidad de Costa Rica será sede del foro académico “Plaguicidas en Costa Rica, el agua de Cipreses y el cuido del bien común”, que se realizará en la Ciudad de la Investigación, en la Facultad de Ciencias Sociales. El encuentro busca abrir un espacio de análisis técnico y social sobre los impactos de los agroquímicos en la salud pública y el ambiente, especialmente a partir de las evidencias recientes sobre contaminación en el sistema de abastecimiento de Cipreses.
Las alertas se han intensificado tras los resultados presentados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, que ha documentado la presencia de productos de degradación del clorotalonil en el agua de consumo humano. Este agroquímico ha sido prohibido en varios países, entre ellos los de la Unión Europea y otras jurisdicciones, debido precisamente a su potencial contaminante en fuentes hídricas.
El tema no es menor en términos de salud pública. En el foro también se contará con la participación de la investigadora Rebeca Alvarado, quien junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha contribuido a estudios que estiman costos económicos asociados al uso de plaguicidas en el país, incluyendo gastos en salud, incapacidades y pérdida de productividad. Estos análisis han puesto sobre la mesa la magnitud del problema, aunque aún se reconoce que existen impactos difíciles de cuantificar, como enfermedades crónicas y afectaciones de largo plazo.
Costa Rica figura entre los países con mayor consumo de agroquímicos a nivel mundial, según diversos informes internacionales. Este dato se ha convertido en un punto de tensión entre modelos productivos, regulación ambiental y protección de la salud de las comunidades rurales.
Desde las comunidades, las preocupaciones se expresan con mayor urgencia. El Frente Ecologista de Cipreses ha señalado que la discusión no puede centrarse únicamente en la incorporación de nuevas sustancias al mercado, mientras persisten plaguicidas ya cuestionados o prohibidos en otros países que continúan utilizándose localmente. En esa línea, advierten que la presencia de estos compuestos en el agua de consumo representa un riesgo directo para la población.
La diputada Rosaura Méndez y el diputado Antonio Ortega han impulsado gestiones ante las instituciones responsables, solicitando explicaciones técnicas y cuestionando la capacidad de respuesta del sistema de laboratorio estatal para atender las denuncias planteadas desde la comunidad.
Para las personas organizadas en Cipreses, estas acciones legislativas representan un respaldo importante en la defensa del agua como bien común. La ASADA de Cipreses abastece a más de 3000 personas en distintos cantones de Cartago, lo que amplifica la relevancia del problema más allá de una sola comunidad.
En medio de este escenario, también persiste la preocupación por los impactos en la salud. Habitantes de la zona han señalado la incidencia de enfermedades que asocian al consumo prolongado de agua contaminada con agroquímicos, lo que mantiene vivo el debate sobre prevención, regulación y responsabilidad institucional.
El foro académico del 8 de junio se plantea así como un espacio para confrontar evidencia científica, testimonios comunitarios y decisiones políticas en torno a un tema que sigue sin resolverse: cómo garantizar agua segura en un territorio marcado por la agricultura intensiva y el uso extendido de plaguicidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario