Por Mauricio Álvarez Mora.
La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita y el Consejo Local de Manejo del Parque Nacional Cahuita han reiterado su defensa del modelo de co manejo que desde hace casi tres décadas articula la gestión del parque con la participación directa de la comunidad. Para sus representantes, hablar del Parque Nacional Cahuita es hablar también de la comunidad misma, sin separación posible entre territorio protegido y vida comunitaria.
Enrique Joseph, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral y del Consejo Local, ha explicado que este modelo de gobernanza no es reciente ni improvisado. Surge de un proceso de más de 29 años en los que la comunidad ha insistido en ser parte activa de la administración del área protegida, enfrentando desde el inicio la oposición recurrente de la Contraloría General de la República. A pesar de ello, el modelo ha logrado sostenerse gracias a distintos apoyos políticos y a la construcción de herramientas legales mediante decretos ejecutivos impulsados en administraciones anteriores.
En particular, se recuerda el respaldo del expresidente Luis Guillermo Solís, quien en una visita al parque destacó la importancia de consolidar la figura de co manejo como una experiencia que podría replicarse en otras áreas protegidas del país. Bajo ese marco, el Consejo Local ha sostenido que ha cumplido con los requisitos legales y administrativos exigidos para la gestión del parque.
Sin embargo, recientemente la Contraloría General de la República ha vuelto a cuestionar el modelo, esta vez impulsando acciones a través del Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Entre las medidas discutidas se encuentra la posible implementación de cobros en el sector de Playa Blanca, una decisión que ha generado preocupación en la comunidad, ya que se considera que tendría un impacto directo sobre la actividad turística y la economía local.
Desde el Consejo Local se ha manifestado oposición a estas medidas, argumentando que han sido elaboradas sin considerar suficientemente la realidad comunitaria ni los estudios que respaldan el modelo de gobernanza compartida. En este contexto, señalan que la participación comunitaria en espacios institucionales recientes ha permitido abrir el debate y solicitar una pausa para la revisión de los elementos técnicos y sociales involucrados.
Los representantes comunitarios también han cuestionado que este tipo de tensiones se repitan de manera periódica, especialmente en momentos de transición gubernamental, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del modelo. Aun así, insisten en que la responsabilidad de la situación no recae en la comunidad ni en las instituciones locales de gestión ambiental, sino en decisiones externas que no siempre toman en cuenta la experiencia acumulada en Cahuita.
Pese a ello, desde la Asociación de Desarrollo Integral y el Consejo Local se ha reiterado un mensaje de continuidad y defensa del modelo. Afirman que seguirán defendiendo la gestión compartida del parque y que, de ser necesario, acudirán nuevamente al respaldo de la comunidad organizada.
En su posicionamiento también incorporan el marco de derechos de los pueblos tribales, recordando que recientemente se han emitido decretos vinculados al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, destacan que Cahuita ha sido reconocido como pueblo tribal y que esta condición refuerza la defensa de su modelo de gestión, el cual integra dimensiones ambientales, culturales y socioeconómicas.
En los últimos días, se han sostenido reuniones entre la Asociación de Desarrollo Integral, el Consejo Local, instituciones del sistema de áreas protegidas, fuerzas vivas de la comunidad y representantes legislativos de la región Caribe. También se han realizado encuentros con autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, en los que, según las partes involucradas, se ha expresado respaldo a la continuidad del modelo de gobernanza compartida.
Desde la comunidad se insiste en que este modelo es una experiencia exitosa que refleja la identidad de Cahuita, su historia y su forma particular de convivencia con el parque. Por ello, sus defensores aseguran que continuarán articulando esfuerzos para que las decisiones sobre el territorio se mantengan bajo esquemas más participativos y consensuados, en defensa de lo que consideran un patrimonio natural y social inseparable.
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