Por Mauricio Álvarez Mora.
17 diputados enviaron un documento con argumentos técnicos contra varias partes del nuevo reglamento sobre plaguicidas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene en etapa de consulta pública. El documento lo firman: Víctor Morales, Emilia Molina y Marlene Madrigal del PAC, Juan Marín y Aracelly Segura del PLN, José Alfaro de los Libertarios y Jorge Rodríguez y Luis Vásquez del PUSC, más toda la bancada del Frente Amplio.
Las principales objeciones giran alrededor de la eliminación de controles para los plaguicidas, a la hora de darles autorización para registrarse y comercializarse en el país. Según el documento, se le eliminan tanto al Ministerio del Ambiente, como al Ministerio de Salud, los roles de salvaguardar la salud y el ambiente en el caso de nuevos plaguicidas que estarían entrando.
Uno de los puntos más importantes en el documento enviado por los diputados al MAG, es el de Registro por incorporación. El mismo, según alega el documento, pasa a otorgar autorización automática sin estudios previos. En este momento, cualquier empresa que quiera inscribir un nuevo agro tóxico, tiene que aportar pruebas de que su producto es seguro para el ambiente y la salud, y de que se pueden tomar las medidas técnicas para una manipulación segura del mismo. Con el nuevo reglamento, se otorga el permiso de registro, y no se aportan las pruebas. El registro entra en un período de prueba, ya siendo comercializado, pero además se elimina el rol de los Ministerios de Salud (MINSA) y Ambiente (MINAE), tanto en el proceso de registro, como en el proceso de evaluación de los posibles impactos durante esos primeros tres años de registro.
El nuevo reglamento también hace una derogatoria del Decreto Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-MEIC.Según las críticas de los diputados, hay una lista de funciones que se suprimen, que son actualmente responsabilidades que tienen los Ministerios de Salud y Ambiente: Uso , manejo y restricciones de plaguicidas, Manejo de envases vacíos, y derrames tóxicos, Monitoreo de residuos de plaguicidas en los vegetales, y Fumigaciones aéreas.
Finalmente, según el documento firmado por los diputados, hay un “recargo de funciones y eventual conflicto de intereses para la Autoridad Competente (AC), en el (Transitorio Quinto)”
Actualmente es responsabilidad de la empresa interesada el presentar pruebas de que el producto que va a comercializar es seguro para la salud y el ambiente. Con el Transitorio Quinto, esta responsabilidad se le traslada a la Autoridad Competente.
En el documento firmado por los diputados, también se menciona: “Con esto también se está dejando a la Autoridad Competente, con una doble potestad: escoge cuál es el perfil de referencia y además, toma la decisión final sobre estos registros. Con lo cual se debilita el control y la calidad de los datos, de manera que esta propuesta no garantiza que la toma de decisión sea objetiva e imparcial. Lo correcto es que los registros se den presentando toda la información que se pide en el cuerpo de este reglamento”.
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