¿Gobierno incinera PACto Ambiental?

Por Mauricio Álvarez Mora.

Ecologistas y comunidades que se verían afectadas con la incineración de desechos, consideramos que con la firma del reglamento que permite esta actividad los ministros de Ambiente y de Salud actuarían en contra de los bienes que tutelan, al ceder a la presión de los alcaldes y diputados del PLN, PUSC y Movimiento Libertario para facilitar un negocio a costa del bienestar colectivo.

Ante este aval, como movimiento ambiental y cuidadano, estamos estudiando las acciones contra el reglamento y además solicitando al presidente que no lo firme hasta no ser realmente consultado a las organizaciones ambientales, ONGs, recuperadoras y comunidades que podrían verse afectadas y que estuvieron ausentes en la elaboración y discusión del reglamento, contradiciendo así la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales, instaurado por la Constitución Política.

Estos ministros no honraron la palabra del Pacto Ambiental donde se comprometen a:  “Desestimar cualquier forma de transformación térmica y de residuos en el país hasta tanto no se demuestre su inocuidad para la salud pública y no se haya logrado establecer a nivel nacional, casa por casa, urbanización por urbanización, cantón por cantón, una cultura hacia el rechazo en el consumo, reducción, reutilización y separación de residuos valorizables como hábito social.”(PACto Ambiental).

¿Con cuáles estudios, metodologías y procesos participativos demostraron inocuidad para la salud de estos procesos? ¿Cuándo ocurrieron estas acciones hacia el rechazo y separación de residuos? ¿Por qué priorizaron reglamentación la incineración antes de legislar otras acciones prioritarias que decían hacer previo a considerar esta riesgosa actividad? Son preguntas incomodas que le quejan los ministros al presidente para responder.

El PAC en campaña política diagnosticó muy bien que el problema básico de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N°8839 del 2010) está en la falta de cumplimiento de sus principios  sustantivos como lo son: responsabilidad de los Gobiernos Locales, responsabilidad compartida, responsabilidad extendida del productor, internalización de costos, prevención en la fuente, precautorio, acceso a la información, deber de informar y participación ciudadana. En los 5 años de vigencia de la ley aún no se reglamentan y cumplen esos aspectos sustantivos por lo que reglamentar la incineración va en detrimento de la integralidad de la ley. De hecho es decretar la muerte de la ley de la misma.

Con esta firma «incineraron» una vez más el pacto ambiental y si el presidente firma el reglamento este pacto solo habría servido para legitimar la repartición de unos cuantos puestos y llevar votos a la campaña electoral. Además el MINAE desechó (sin reciclaje) el decreto de moratoria que había sido, talvez, su logro más sustantivo en materia ambiental. ¡Lo que hizo con la mano izquierda, lo borró con la derecha!

A pesar de que la Sala Cuarta avaló el Decreto Ejecutivo 38500-S-MINAE de moratoria acción que celebramos como una victoria, el MINAE no esperó tener en cuenta el fallo íntegro de la Sala IV luego de que el diputado Juan Marín de Guanacaste interpusiera una acción contra el decreto para presionar al gobierno (Sentencia 006059-15).

Un gigante negocio y por tanto mucha presión está detrás del reglamento: generar energía a partir de los residuos sólidos produjo el interés de 50 empresas y de 20 países. En este momento son 12 proyectos los que avanzan en Carillo, Cañas, Abangares, Parrita, San Carlos, Alajuela, Atenas, Gran Área Metropolitana, Barranca, León Cortés y Goicoechea.

¿Por qué decir no a la incineración? La producción de energía mediante el procedimiento de gasificación o incineración ha sido ampliamente cuestionada en muchos países por considerarla insostenible, no renovable, con intensivo uso de carbono y por tanto contribuyente al calentamiento global incrementando el fenómeno del cambio climático, y retrasando las propuestas integrales de reducción de generación de basura.

¿Qué hacer? Lo que corresponde realizar en el país es incentivar desde las carteras mencionadas, tal como predicó el Pacto Ambiental, establecer a nivel nacional, casa por casa, urbanización por urbanización, cantón por cantón, una cultura hacia el rechazo en el consumo, la reducción, la reutilización y la separación de residuos como habito social. O sea cumplir la ley.

Lo que corresponde hoy es generar cientos de empresas a partir de los miles y miles de personas que hoy recuperan residuos sin el más miserable apoyo estatal. Al mismo tiempo que se establezca un incentivo a las cultura del compostaje de desechos orgánicos. Esa debería ser una tarea para la cacareada Economía Social Solidaria.

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https://www.elmundo.cr/opinion/gobierno-incinera-pacto-ambiental/