Por Mauricio Alvarez Mora.
El viernes 13 de febrero la organización comunitaria junto con el apoyo jurídico del diputado ecologista, Edgardo Araya y por una moción del regidor Álvaro Carrillo, hicieron posible una moratoria para la construcción de hidroeléctricas en el cantón de Upala.
El Concejo Municipal acordó, a partir del trabajo de las organizaciones sociales y comunales que llevan adelante la defensa de nuestros ríos, declarar una moratoria por 5 años para el otorgamiento de cualquier autorización municipal que se requiera para la instalación de proyectos hidroeléctricos en el cantón, mientras se elaboran estudios del impacto social y ambiental acumulativo de todas las represas ya autorizadas en el municipio.
El cantón de Upala llevaba discutiendo la moratoria por varios años, el pasado 21 de marzo del 2014 en una gran manifestación se lo solicitaron a la Municipalidad, quienes acordaron enviar la solicitud para ser evaluada por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad. En los cantones de Upala y Guatuso existen 10 proyectos hidroeléctricos de los cuales tres (Canalete II, Los Negros I y Cote) ya entraron en operación y 7 se encuentran en trámites (Los Negros II, P.H La Jabalina y el P.H Chimurria, Caño Grande, Las Delicias y El Niño).
Las organizaciones locales y habitantes denunciaron impactos en las zonas de protección de los ríos Zapote y Bijagua con el inicio de las obras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Bijagua (4-3-2014 en informa-tico.com).
Este impacto se viene a sumar a los impactos del funcionamiento (2008) de la planta hidroeléctrica Canalete, aguas abajo, cuya planta aprovecha las aguas del mismo Río Zapote y al impacto del Proyecto hidroeléctrico los Negros que utiliza las aguas de los ríos Caño Negro, Frijoles y Raudales, todos afluentes del río Pizote, que a su vez desemboca en el lago Nicaragua.
Expansión incontrolada. A pesar de que existen límites a la generación privada las compañías se están adelantando eventual apertura del mercado eléctrico. Hay 60 proyectos hidroeléctricos que evalúa el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para generación privada (32 con elegibilidad vigente y 28 en trámite al 02-5-2013), de los cuales ya 23 presentaron su Estudio de Impacto Ambiental a la SETENA.
Frente a estas situaciones, las organizaciones y las comunidades han promovido moratorias a los proyectos, tomando en consideración que en este momento los municipios no cuenta con el personal técnico capacitado para dar los permisos correspondientes al desarrollo de esta actividad, en razón de no faltar al artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, evitando los actos administrativos carentes del sustento técnico suficiente. Con ello, se evita (principio precautorio) que las premuras por satisfacer las necesidades del mercado eléctrico (nacional e internacional), terminen agotando los recursos que son de todos los costarricenses, pero que además, le pertenecen a las futuras generaciones.
Democracia directa. La Municipalidad de Coto Brus ratificó un acuerdo para del 23-4-14 que declara una moratoria a todos los proyectos hidroeléctricos del cantón, hasta no contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
La decisión del unánime del Concejo Municipal de Coto Brus se suma a la decretada (2013) y ratificada (2014) por la Municipalidad de Buenos Aires y que actualmente se encuentra en tribunales . También se decretó moratoria en Pérez Zeledón, pero por la presión de los empresarios interesados se derogó el acuerdo. Ambos cantones sureños registran 14 proyectos hidroeléctricos.
Las comunidades de Guácimos sostienen una moratoria a las represas en Zonas de recarga acuífera, las organizaciones indígenas se han pronunciado en el mismo sentido y las de San Carlos hicieron una solicitud que fue rechazada por el Concejo Municipal.
Finalmente los acuerdos municipales contra los transgénicos (75), los acuerdos de moratoria a la siembra de piña (anulados por la Sala Constitucional tras la solicitud de la Cámara de piñeros) se unen a las moratorias a las represas, y son formas de “municipalismo ecologista”, basado en la autonomía, la libre determinación y derechos humanos y ambientales.
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