Por Mauricio Álvarez Mora.
El lugar de Jairo Mora, la base de trabajo para el cuido de tortugas y otras especies en Moín, cedió al “progreso” del nuevo muelle. Lo que albergaba vida silvestre ahora albergará instalaciones para la construcción del muelle.
Las piezas empiezan a calzar y hasta sobra señalar. Lo que era impensable toma sentido. El conjunto multimillonarios proyectos para Moín hace pensar en un poderoso tejido de influencias políticas y de intereses económicos enormes, ante los cuales cualquier acción de protección de los ecosistemas de la zona, se convierte en un obstáculo. Los hechos y acciones hablan por sí solos.
Las inversiones proyectadas para Moín suman cerca de US$ 5.000 millones de dólares para obras como una mega-marina, la ampliación del muelle petrolero, una nueva refinería, incluida la exploración de hidrocarburos, otro megapuerto de transferencia del contenedores, un sistema ferroviario, la modernización portuaria, la terminal de importación y almacenamiento del gas natural (ver más).
Para completar estos negocios el gobierno promovió y aprobó la ley nº 9205 sobre la titulación de propiedad JAPDEVA (impugnada por FECON Y SITRAMINAE), para desafectar áreas silvestres protegidas como Humedal Cariari y 8 zonas más, sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de privados, facilitando la industrialización de la Costa Caribe Norte.
Jairo Mora y sus datos hacen peligrar megainversiones. Mora trabajó de manera sistemática desde 2012 y logró identificar en Moín alrededor de 1474 nidos de tortugas baula, lo que demostró que esa playa se convirtió en uno de los sitios de mayor anidación en el país, más que una zona protegida como el Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, donde se encontraron algo más de 200.
Los gobiernos, lejos de asumir la protección de ese sitio, permiten su devastación: obras como la carretera de la ruta 257 que corta el humedal para conectar el pretendido megapuerto, que significa al menos la tala de 1399 árboles según la Setena ( ver Decreto ejecutivo N° 38172 -MINAE-MOPT). Para la construcción de esta ruta, según el SINAC, se afectan 88,16 hectáreas de humedales, de las que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC –GASP-320-13).
Para los abogados de SETENA el proyecto significa la mutilación del área protegida, y para esto requieren de una ley especial con base en la Ley Forestal y estudios técnicos que justifiquen esta reducción. Por razón similar, la Procuraduría de la República debe resolver la nulidad absoluta presentada contra la viabilidad otorgada por SETENA al proyecto Marina de Moín dado que afectaría el Humedal Cariari, contraviniendo lo dispuesto por la Convención Ramsar, así como lo contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, entre otras normas (ver más).
No se le puede buscar más simbolismos, la impunidad que ronda en nuestro país queda explícita. En ese lugar no quedarán ya ni rastros de tortugas ni huellas de Jairo Mora. La suerte está dada: no queda más que exiliar la vida silvestre que resguardaba el lugar para llevarla a otro donde tenga una mejor oportunidad de sobrevivir, ¿es ese el destino también para quienes cuidan la Naturaleza y quieren vivir para contar la historia?
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