Por Mauricio Álvarez Mora.
Después de 9 años el Tribunal Contencioso da la razón al Estado la sentencia No. 1754-2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo asegura que“…se rechaza en todos sus extremos la demanda interpuesta por HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C., representada por Claude Barry CHANDLER, en contra del ESTADO. Se condena a la parte actora vencida al pago de ambas costas…”
Con esta extensa e histórica resolución el tribunal dio la razón a las comunidades y organizaciones del Caribe agrupadas en la Coalición Acción de Lucha Anti-petrolera (ADELA) que fueron coadyuvantes del Estado Costarricense.
Aunque la empresa quiso que las comunidades, ecologistas y otros miembros de la sociedad civil no participaron en el juicio, es decir, que solo el Estado sin la asesoría y colaboración de los sectores que manejan de cerca la información técnica-científica y los argumentos legales-ambientales como coadyuvantes en la defensa del Estado, esa intención fue rechazado en 2008 por el Tribunal (resolución 248-2008) y luego reafirmado en la sentencia final de la Corte.
La empresa Harken Costa Rica Holdings L.L.C inició su demanda contra el Estado Costarricense en octubre del 2005, solicitando la nulidad absoluta de la resolución 019-2005-P-MINAE en la cual el Gobierno declara la resolución y caducidad del contrato suscrito entre el Estado Costarricense y la petrolera exigiendo la restitución de la concesión para explotar petróleo en la zona caribeña del país. Además, solicita al Tribunal que ordene al Estado indemnizar a Harken por sus alegatos daños y perjuicios causados durante la vigencia del contrato (entre 1999 y 2005) para una suma de trece millones de dólares ($13.000.000,00).
El Estado resolvió la caducidad del contrato por incumplimiento por parte de la empresa al no cumplir los requisitos legales, como lograr la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el de no presentar los informes anuales de sus actividades en los bloques marítimos concesionados. Tampoco cumplió la empresa con el depósito de la garantía de cumplimiento de un 10% del total de la inversión en la fase exploratoria de $300.000 ni el 1% de “garantía ambiental” de $30.000. Esta es la garantía con que la empresa debiera responder en caso de un desastre ambiental lo que resulta ridículo en términos del costo real de los impactos ambientales.
La petrolera tejana Harken Energy, en la que en algún momento George W. Bush fue directivo, intentó llevar este asunto a niveles internacionales en setiembre del 2002 presentando una demanda por compensación de 57 mil millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) adscrito al Banco Mundial. La demanda no prosiguió y fue retirada una semana después de que el gobierno de Costa Rica se negara a participar en el arbitraje, ya que el contrato firmado con la empresa estipulaba que los conflictos se conocieran y agotaban en foros nacionales. Posteriormente, la empresa interpuso otra demanda, esta vez ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Costarricense. Ninguna de las demandas prosperó.
La pugna por la explotación petrolera en el país lleva años, agravándose en 1997, cuando el entonces presidente Figueres viajó a Houston a promocionar al país para la exploración petrolera en Costa Rica. Inicialmente los cuatro bloques en el Caribe fueron concesionados a MKJ Xplorations como único postulante y luego la empresa Harken Energy adquirió dichas concesiones. El desarrollo petrolero en el Caribe del país parecía detenerse en febrero 2002, cuando la SETENA rechazó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Harken .declarando el EIA del proyecto “ambientalmente no viable” (Resolución SETENA 146-2002).
No hay comentarios:
Publicar un comentario