Por Mauricio Álvarez Mora.
A comienzos del siglo XXI, el municipio de Ixcán se convirtió en uno de los escenarios más importantes de la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas y campesinos a decidir sobre el destino de sus territorios. La realización de una consulta comunitaria de buena fe en 2007 marcó un hito para Guatemala y para toda Mesoamérica, al constituirse en una de las primeras experiencias de participación popular orientadas a pronunciarse sobre concesiones petroleras, proyectos hidroeléctricos y otros megaproyectos impulsados por el Estado y empresas privadas.
Ixcán, cuyo nombre significa “maíz en plena madurez”, se ubica en el extremo norte del departamento de El Quiché, a unos 374 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Durante muchos años fue una región de difícil acceso, con caminos en mal estado que podían convertir un viaje de pocas centenas de kilómetros en una travesía de diez o doce horas. Su historia reciente está profundamente marcada por los procesos de colonización agrícola, el conflicto armado interno y las luchas por la defensa de la tierra y los recursos naturales.
Hasta mediados de la década de 1960, gran parte del territorio permanecía prácticamente despoblado. Los procesos de colonización promovidos por la Iglesia Católica, el gobierno guatemalteco y organismos internacionales atrajeron a familias campesinas procedentes de distintas regiones del país, especialmente de Quiché, Huehuetenango y San Marcos. Como resultado, Ixcán se transformó en un territorio multicultural habitado por pueblos Q’anjobal, Jakalteko, Mam, Ixil, K’iche’, Kaqchikel, Popti’, Q’eqchi’, Poqomchi’, Achi y población ladina.
La región posee una enorme riqueza natural. Sus extensos bosques tropicales, abundantes fuentes de agua, tierras fértiles y diversidad biológica la convirtieron en una zona estratégica para diversos intereses económicos. A ello se suma la existencia de reservas de petróleo y otros minerales que desde hace décadas despertaron el interés de empresas nacionales y extranjeras.
Sin embargo, la historia de Ixcán no puede entenderse sin recordar la violencia sufrida durante el conflicto armado interno. La región fue una de las más golpeadas por la represión estatal. Cooperativas campesinas, dirigentes comunitarios y organizaciones sociales fueron objeto de persecución, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. La estrategia militar conocida como “tierra arrasada” obligó a miles de personas a refugiarse en México o desplazarse hacia otras regiones del país. Otras comunidades permanecieron durante años en la montaña resistiendo las operaciones militares.
En ese contexto surgieron las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), una de las expresiones más significativas de organización y supervivencia comunitaria durante la guerra. Con la firma de los Acuerdos de Paz y el retorno de los refugiados comenzó una nueva etapa para la región, marcada por la reconstrucción social y la búsqueda de alternativas de desarrollo. Las sucesivas oleadas petroleras
El interés petrolero en Ixcán no era nuevo cuando se realizó la consulta de 2007. Desde la década de 1970 distintas empresas intentaron explorar y explotar hidrocarburos en la región.
Una de las primeras fue PetroMaya, asociada con la empresa estadounidense Shenandoah Oil. Ambas desarrollaron actividades exploratorias durante los años setenta sin obtener resultados comerciales significativos. Su presencia estuvo acompañada de conflictos con las comunidades locales y de una creciente oposición social.
El sacerdote Guillermo Woods, impulsor de las cooperativas de Ixcán Grande, se convirtió en uno de los principales críticos de las actividades petroleras. Las cooperativas denunciaron que las exploraciones se realizaban sin consentimiento de las comunidades y llevaron a la empresa a los tribunales. En 1980 obtuvieron una resolución favorable que se convirtió en uno de los primeros antecedentes de resistencia comunitaria frente a la industria petrolera en la región.
Posteriormente, durante el gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores, la empresa estadounidense AMOCO recibió un amplio contrato de exploración en la zona. Al igual que las iniciativas anteriores, el proyecto no produjo los resultados esperados y fue suspendido en 1986.
Durante la década de 1990 la compañía Triton Energy perforó nuevos pozos exploratorios en territorios cercanos a las cooperativas Mayalán y San Lorenzo. Aunque tampoco encontró reservas comercialmente explotables, su presencia generó tensiones y divisiones entre comunidades.
La apertura económica promovida durante el gobierno de Álvaro Arzú impulsó una nueva expansión de las actividades petroleras. El Estado promovió activamente la inversión extranjera en el sector y amplió las posibilidades de otorgar concesiones en diferentes regiones del país.
En ese contexto reapareció el interés por Ixcán. Hacia 2006, representantes del Ministerio de Energía y Minas anunciaron nuevas iniciativas destinadas a promover la exploración y explotación petrolera. Entre ellas destacaba la licitación del área petrolera 9-2005, que abarcaba extensas zonas del municipio y podía afectar territorios de comunidades como Santa María Tzejá, Santo Tomás Ixcán, Xalbal y Kaibil Balam.Megaproyectos y conflictividad social
La expansión petrolera no era el único proyecto que preocupaba a las comunidades. También se impulsaban proyectos hidroeléctricos, nuevas carreteras y otras iniciativas vinculadas a la integración regional promovida por el Plan Puebla Panamá y por los acuerdos comerciales impulsados en la región.
Diversas organizaciones comunitarias denunciaron que muchas de estas iniciativas avanzaban sin información adecuada y sin procesos de consulta a las poblaciones afectadas. También señalaron intentos de división comunitaria mediante la contratación de dirigentes locales como promotores de los proyectos.
Las autoridades municipales y los Consejos Comunitarios de Desarrollo comenzaron entonces un amplio proceso de discusión sobre las implicaciones sociales, ambientales y económicas de estas propuestas. Asambleas comunitarias, reuniones microregionales y sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo permitieron que miles de personas debatieran sobre el futuro del municipio.
La experiencia de otras regiones influyó significativamente en estas discusiones. Delegaciones comunitarias visitaron zonas afectadas por actividades extractivas y conocieron testimonios de comunidades que convivían con operaciones petroleras.
Uno de los casos más impactantes provenía de comunidades cercanas a las operaciones de Perenco en Alta Verapaz. Allí se denunciaban problemas de contaminación atmosférica asociados a los mecheros de gas, deterioro de cultivos, contaminación del agua y múltiples afectaciones a la salud de la población. Entre los padecimientos señalados se encontraban enfermedades respiratorias, irritaciones de la piel, conjuntivitis, sangrados nasales, dolores de cabeza y fatiga permanente. También se reportaban daños materiales provocados por la lluvia ácida y una disminución en la productividad agrícola.
Estos testimonios contribuyeron a fortalecer las preocupaciones de las comunidades de Ixcán respecto a las consecuencias potenciales de los proyectos extractivos.La consulta comunitaria de buena fe
Frente a este escenario, el gobierno municipal decidió impulsar una Consulta Comunitaria de Buena Fe. La iniciativa surgió a solicitud de representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de segundo nivel de las siete microrregiones del municipio.
La organización de la consulta implicó varios meses de trabajo. Se creó una comisión coordinadora integrada por representantes comunitarios y organizaciones sociales. Cada comunidad definió los mecanismos de participación de acuerdo con sus propias prácticas organizativas y culturales.
El proceso combinó formas tradicionales de deliberación colectiva con mecanismos formales de votación. En algunas comunidades las decisiones fueron tomadas en asambleas abiertas mediante la manifestación pública de la voluntad colectiva. En otras se utilizaron papeletas.
La pregunta sometida a consideración de la población fue directa:
“¿Está de acuerdo con la ejecución del megaproyecto hidroeléctrico Sálala y otras represas sobre los ríos en la circunscripción territorial del municipio de Ixcán, así como la exploración y explotación de petróleo y sus derivados y demás recursos del subsuelo?”
La consulta se desarrolló en un ambiente de amplia participación comunitaria. A pesar de las campañas promovidas por sectores interesados en los proyectos extractivos y de las dificultades para difundir información sobre el proceso, miles de personas acudieron a expresar su opinión.
Los resultados mostraron una oposición contundente a los megaproyectos sometidos a consulta. Más de veintiún mil personas participaron en el proceso, una cifra altamente significativa para un municipio cuya población rondaba los setenta y cinco mil habitantes y donde una gran proporción de la población era menor de edad.
Posteriormente, los resultados fueron presentados ante diversas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, la Corte de Constitucionalidad y representantes de la Organización Internacional del Trabajo. La disputa por la validez de las consultas
La consulta de Ixcán formó parte de un proceso más amplio que se desarrollaba en Guatemala desde mediados de la década del 2000. Municipios de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Zacapa y otros departamentos comenzaron a utilizar las consultas comunitarias como mecanismos para expresar su posición frente a proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos.
Sin embargo, estos procesos enfrentaron cuestionamientos desde sectores empresariales y estatales. La Corte de Constitucionalidad emitió resoluciones que limitaban los efectos jurídicos de las consultas, argumentando que sus resultados tenían carácter indicativo y no podían sustituir las competencias de otros órganos del Estado.
Diversas organizaciones sociales y ambientales criticaron estas interpretaciones por considerar que reducían el alcance político y ético de las consultas comunitarias. Para estas organizaciones, las consultas constituían expresiones legítimas de autodeterminación y de participación democrática de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
A pesar de los intentos por restringir sus efectos, las consultas continuaron realizándose en distintas regiones del país. Para muchas comunidades se convirtieron en una herramienta fundamental para defender sus territorios, exigir respeto a los derechos colectivos y cuestionar modelos de desarrollo basados en la extracción intensiva de recursos naturales.
La experiencia de Ixcán se transformó así en un referente regional. Más allá de sus efectos inmediatos, representó la afirmación del derecho de las comunidades a debatir y decidir sobre el futuro de los territorios que habitan y protegen. En un contexto de creciente expansión de las industrias extractivas en Mesoamérica, la consulta de 2007 quedó inscrita como uno de los episodios más significativos de la defensa comunitaria del territorio y de la construcción de alternativas desde el poder local.
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