Por Mauricio Álvarez Mora.
A finales de 2006, el municipio de Cobán, en Alta Verapaz, protagonizó uno de los episodios más significativos de resistencia local frente a la expansión de la industria petrolera en Guatemala. La decisión adoptada por el Concejo Municipal de rechazar nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la finca municipal Salinas Nueve Cerros representó una importante victoria para las comunidades organizadas de la región y evidenció las crecientes tensiones entre los intereses de las empresas extractivas, las políticas impulsadas desde el gobierno central y las demandas de las poblaciones locales por participar en las decisiones que afectan sus territorios.
La controversia surgió cuando la empresa Petrolatina Corporation, subsidiaria en Guatemala de la compañía británica Taghmen Energy, buscó obtener autorización para utilizar terrenos de la finca municipal Salinas Nueve Cerros como parte de sus operaciones petroleras en Alta Verapaz. La empresa ya había obtenido del gobierno central, en septiembre de 2005, concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas conocidas como Tortugas y Atzam, ampliando así la presencia de la industria petrolera en una región caracterizada por su riqueza natural, cultural e histórica.
Sin embargo, el proyecto encontró una fuerte oposición local. El 23 de noviembre de 2006, mediante el Acta 95-2006, el Concejo Municipal de Cobán acordó por mayoría de votos no arrendar el casco urbano de la finca a la empresa petrolera. La decisión impidió que la compañía ingresara al área para desarrollar actividades exploratorias y eventualmente perforar pozos de extracción.
Aunque formalmente la resolución correspondió al gobierno municipal, el acuerdo fue resultado de un intenso proceso de discusión pública y de presión ejercida por organizaciones sociales, autoridades comunitarias y poblaciones locales que manifestaron reiteradamente su rechazo a las actividades petroleras en la zona.
Durante los meses previos a la decisión municipal se desarrollaron múltiples reuniones entre representantes comunitarios, organizaciones civiles y autoridades locales. Las comunidades insistieron en que decisiones de tal magnitud no podían tomarse de manera unilateral ni a espaldas de la población. Reclamaban el derecho a ser escuchadas y a participar en asuntos que podían tener consecuencias profundas sobre su territorio, sus recursos naturales y su patrimonio cultural.
Al mismo tiempo, representantes del Ministerio de Energía y Minas y de la propia empresa petrolera promovían el proyecto como una oportunidad para generar empleo, inversión y desarrollo económico. Este discurso, utilizado frecuentemente para justificar la expansión de proyectos extractivos en distintos puntos del país, encontró escasa receptividad entre las comunidades que observaban con preocupación los posibles impactos ambientales, sociales y culturales de la actividad petrolera.
La oposición al proyecto no se explicaba únicamente por consideraciones ambientales. Salinas Nueve Cerros posee una enorme importancia histórica y cultural para los pueblos de la región. La finca municipal comprende aproximadamente veintiocho caballerías de extensión y se encuentra ubicada en las cercanías de la Laguna Lachúa, uno de los ecosistemas más valiosos del norte de Guatemala.
Además de su riqueza natural, el área alberga más de doscientos vestigios arqueológicos y es reconocida por diversas comunidades como un territorio sagrado. Diversos estudios e investigaciones identifican la zona como uno de los asentamientos prehispánicos más importantes de la región, asociado al desarrollo de la civilización maya y a antiguas rutas comerciales vinculadas a la producción y distribución de sal.
La posibilidad de que actividades petroleras se desarrollaran en un territorio con estas características generó preocupación entre organizaciones comunitarias, ambientalistas y defensores del patrimonio cultural. Para muchos habitantes de la región, la discusión trascendía la simple explotación de recursos naturales y se relacionaba con la protección de sitios considerados fundamentales para la memoria histórica y la identidad de los pueblos indígenas.
Entre las organizaciones que asumieron una posición activa frente al proyecto destacó la Mesa Ambiental Q’eqchi’ (MAQ), una articulación regional integrada por veintidós organizaciones sociales, comunitarias y ambientales de Alta Verapaz.
La MAQ cuestionó públicamente las licencias otorgadas por el gobierno central a la empresa petrolera y denunció la falta de transparencia en los procesos de concesión. Según sus pronunciamientos, las decisiones estatales evidenciaban una estrecha relación entre las autoridades gubernamentales y las empresas transnacionales interesadas en la explotación de recursos naturales.
Las organizaciones agrupadas en la Mesa Ambiental sostenían que el Estado estaba favoreciendo intereses privados mediante la entrega de bienes considerados patrimonio histórico, cultural y ambiental de la población guatemalteca. Asimismo, advertían sobre la ausencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana y consulta a las comunidades potencialmente afectadas.
Las preocupaciones expresadas por estas organizaciones formaban parte de un debate más amplio que comenzaba a extenderse por distintos territorios de Guatemala. Durante esos años crecían las discusiones sobre minería, petróleo, hidroeléctricas y otros megaproyectos impulsados en el marco de políticas orientadas a facilitar la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales.
En este contexto, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo adquiría una importancia cada vez mayor. Las comunidades indígenas y campesinas comenzaron a reivindicar este instrumento internacional como una herramienta jurídica para exigir participación efectiva en las decisiones relacionadas con sus territorios.
Precisamente, uno de los episodios más significativos ocurrió en junio de 2006, cuando los presidentes de los treinta y cuatro Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) del área de Santa Lucía, en el municipio de Cobán, realizaron una asamblea en la que manifestaron de manera explícita su rechazo a las actividades petroleras.
Durante ese encuentro, las autoridades comunitarias demandaron a la municipalidad y a las instituciones del Estado respetar las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, particularmente aquellas relacionadas con el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de la implementación de proyectos susceptibles de afectar sus territorios, recursos naturales y formas de vida.
La posición asumida por los COCODES reflejaba una creciente conciencia sobre los derechos colectivos de las comunidades y sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de participación local frente a decisiones adoptadas desde instancias nacionales o desde intereses empresariales externos.
La resolución adoptada por el Concejo Municipal de Cobán en noviembre de 2006 constituyó, en este sentido, un reconocimiento de las preocupaciones expresadas por las comunidades y una muestra de la capacidad de los gobiernos locales para actuar como espacios de defensa territorial frente a proyectos percibidos como amenazas para el patrimonio natural y cultural.
Aunque las presiones para ampliar la frontera petrolera continuaron en diversas regiones del país, el caso de Salinas Nueve Cerros se convirtió en un referente para otros procesos de resistencia comunitaria que se desarrollaban simultáneamente en Alta Verapaz, El Quiché, Huehuetenango, San Marcos y otros departamentos.
La experiencia demostró que las comunidades organizadas podían influir en las decisiones públicas cuando articulaban sus demandas mediante mecanismos de participación local, fortalecían sus estructuras organizativas y construían alianzas con gobiernos municipales dispuestos a escuchar sus preocupaciones.
Más allá de la decisión específica sobre una concesión petrolera, la defensa de Salinas Nueve Cerros puso en evidencia una discusión de fondo que atravesaba Guatemala a inicios del siglo XXI: quién tiene el derecho de decidir sobre los territorios, los bienes naturales y el patrimonio histórico de los pueblos. Para las comunidades de Cobán, la respuesta era clara. El desarrollo no podía imponerse desde fuera ni construirse sacrificando territorios sagrados, ecosistemas estratégicos o espacios fundamentales para la memoria colectiva de la región.
No hay comentarios:
Publicar un comentario