Por Mauricio Álvarez Mora.
La reciente intervención del Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en la naciente Plantón, en Cipreses de Oreamuno, abre un nuevo capítulo en el conflicto por el agua que afecta a esta comunidad. Aunque la visita oficial permitió delimitar un área de protección mediante estacas georreferenciadas, las acciones realizadas no logran disipar las preocupaciones de fondo sobre la seguridad del recurso hídrico que abastece a más de 2500 personas.
La delimitación se llevó a cabo con base en la Ley Forestal 7575, estableciendo un radio de 100 metros alrededor de la naciente. Sin embargo, este criterio ha sido cuestionado debido a que la Ley de Aguas establece una protección de 200 metros cuando se trata de fuentes destinadas al consumo humano. Esta diferencia no es menor, ya que define el nivel de resguardo real de la fuente de agua y, en consecuencia, la exposición a posibles contaminantes.
El proceso que conduce a esta delimitación no ocurre de forma espontánea. Es resultado de la presión sostenida, las denuncias y el trabajo organizativo del Frente Ecologista de Cipreses, que ha insistido en la necesidad de proteger la naciente ante la expansión de actividades agrícolas en sus alrededores. Sin embargo, la intervención institucional parece quedarse corta frente a la magnitud del problema.
Incluso dentro del área delimitada, el propio informe oficial evidencia situaciones preocupantes, como la aparente construcción de un drenaje de aguas negras y la preparación de terrenos para siembra agrícola. Estas actividades, que deberían estar estrictamente restringidas en una zona de protección, reflejan una realidad que va más allá de la colocación de estacas en el terreno.
Las observaciones comunitarias refuerzan esta preocupación. Mediante un vuelo con dron realizado el 30 de agosto, se documenta que las labores agrícolas continúan en sectores cercanos a la toma de agua, incluyendo preparación de suelo en áreas que deberían estar destinadas a la protección ambiental. La posibilidad de lixiviación de agroquímicos y arrastre de sedimentos hacia la naciente durante las lluvias intensas se convierte así en un riesgo concreto, no en una hipótesis lejana.
El problema de fondo no es únicamente técnico o legal, sino también de visión sobre el territorio. La afirmación de que el agua no sale del tubo, sino que nace en los bosques y montañas, resume una realidad que muchas veces se pasa por alto en la toma de decisiones. La reducción de cobertura forestal en las zonas de recarga acuífera tiene efectos directos en la cantidad y calidad del agua, afectando incluso la continuidad del servicio mediante racionamientos.
La comunidad no solo cuestiona el criterio utilizado por las autoridades, sino que también evidencia un patrón que genera desconfianza. Surge la interrogante sobre por qué se aplica la normativa más flexible cuando existe una disposición más estricta diseñada precisamente para proteger fuentes de agua potable. Esta decisión, lejos de cerrar el conflicto, lo profundiza.
El señalamiento de que cada avance en la protección del recurso requiere presión constante e incluso acciones legales refleja una relación desgastada entre comunidad e institucionalidad. Cuando la defensa del agua depende de la insistencia permanente de la ciudadanía, queda en evidencia una debilidad en los mecanismos de protección ambiental.
La delimitación del área de protección es, sin duda, un paso importante, pero no suficiente. Mientras continúen las actividades agrícolas dentro o en las inmediaciones de la zona protegida, y mientras no exista claridad en la aplicación de la normativa más adecuada, el riesgo para la naciente Plantón se mantiene.
En Cipreses, el conflicto por el agua no se resuelve con estacas en el terreno, sino con decisiones coherentes, cumplimiento efectivo de la ley y una visión integral que priorice el bienestar colectivo sobre cualquier otra consideración.
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