martes, 12 de septiembre de 2000

Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo presentado por las comunidades del Caribe contra la exploraciones petroleras


Por Mauricio Álvarez Mora.

Comunidades locales y grupos ecologistas presentaron desde de enero un recurso de amparo contra las concesiones de exploración petrolera (número 00-0543-007-00).

 En el recurso se reclamaba el respeto a los compromisos adquiridos en los  acuerdos y convenios internacionales, sobre todo con relación al respeto y consulta a las comunidades indígenas. El recurso de amparo se plantea contra la resolución R-702-98 del MINAE que adjudica la concesión de exploración y explotación de hidrocarburos del Cartel de Licitación No. 1 en los Bloques 2, 3, 4 y 12 a la Empresa MKJ XPLORATION INC ya que "nunca se produjo un proceso de consulta popular dirigido a las comunidades que evidentemente se verían afectadas por estas actividades". 

La Sala Constitucional en el por tanto (voto 8019-00) anula el acto de adjudicación de la licitación número LP 1-97 a la compañía MKJ XPLORATION INC. resolución R-702-98 MINAE de las 10 hs. del 20 de julio de 1998. El fallo ordena al MINAE a que lleva a cabo un procedimiento de consulta con las comunidades indígenas que estarían relacionadas con la exploración y explotación a que se refiere la licitación LP 1-97. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta sentencia. 

Este fallo es sumamente importante, un hito es la historia de la lucha ambientalista, ya que afirma la participación ciudadana y el respeto a la consulta indígena obligatoria según lo establece el Convenio 169 de la OIT. 

La aprobación del recurso por parte de la Sala Constitucional se suma al reciente pronunciamiento de la sociedad civil  de "Declarar a Costa Rica libre de toda exploración y explotación petrolera e invitar a nuestro gobierno a convertirse en un ejemplo mundial haciendo lo mismo.” Esta declaración nacional está suscrita por decenas de organizaciones locales, ambientales, sociales, estudiantiles y nacionales que se han venido reuniéndose con las organizaciones y promotores de la campaña. 

El turismo, la conservación ambiental y la actividad petrolera no son compatibles. “Frente a ningún sitio turístico del mundo existe una actividad petrolera como la que intentan desarrollar en el Caribe costarricense” dijeron voceros del Comité Coordinador Amenaza Exploración Petrolera en Talamanca (conformado por asociaciones de desarrollo, cámaras de turismo, grupos ecologistas y asociación de indígenas de la zona). La población local del Caribe Sur ha manifestado su preocupación ante lo que podría ser una amenaza para la actividad turística que es la principal fuente de ingresos de la zona y ha realizado una  campaña "por un Caribe limpio, no al petróleo"  durante toda una temporada. 

Tras el primer concurso de licitación se adjudicó a la firma estadounidense MKJ Xploration (socio minoritario de Harken Energy Corporation) la búsqueda de hidrocarburos en cuatro segmentos (dos terrestres y dos marinos) en la Zona del Caribe. Esta ha iniciado estudios de evaluación sísmica marina en un área de 107 kilómetros cuadrados, frente al Puerto de Limón y ha solicitado la construcción de una plataforma marina para extraer pruebas de subsuelos 300 metros debajo del fondo marino. 

Ante esta situación comunidades locales y grupos ecologistas se han opuesto a lo que consideran es "incompatible con el turismo y el desarrollo sostenible tan promovido por las últimas dos administraciones" alegando que esa resolución viola los compromisos de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992 (Declaración de Río, Agenda 21 y Convenio de Biodiversidad) y de la Cumbre Social en Copenhague, 1995. También viola al Convenio CITES, el Convenio OIT 169 (autonomía indígena) y el Convenio RAMSAR (protección de humedales). Asimismo, se alega violación de los artículos 7 (convenios internacionales), 46 (derecho a informar y ser informado), 50 (ambiente sano) y 121, inciso 14 (competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa "decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación" como "fuentes y depósitos de petróleo", entre otras). 

Los firmantes del Pronunciamiento Público Nacional han pedido “al Ministerio Público que inicie causas penales contra aquellos funcionarios que gestionaron  las concesiones, violando las restricciones y regulaciones que establece la Constitución Política y la legislación nacional , tales como dar concesiones para la exploración petrolera en áreas  protegidas, como son los sitios bajo protección del convenio RAMSAR o los territorios indígenas”, al mismo tiempo que señalaron la necesidad de “invita a todos los ciudadanos, instituciones y organizaciones a sumarse a este esfuerzo de declarar a Costa Rica un país libre de explotación petrolera y líder de la comunidad internacional en promover un modelo de desarrollo sostenible, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la suscripción de convenios internacionales”. 

El fallo aun no está redactado, por lo que nos estaremos comunicando con ustedes de nuevo cuando tengamos el pronunciamiento para convocarlos a una conferencia de prensa para analizar el alcance de este histórico fallo. 

El recurso de amparo fue presentado por la organización JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, en  nombre de las siguientes organizaciones:La Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe; Cámara de Turismo del Caribe-Sur; Cámara de Turismo de Cahuita; Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita; Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo; la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo;  Grupo de Guías Turísticas de Manzanillo; Grupo de COVIRENAS de Manzanillo; Grupo de COVIRENAS Playa Chiquita – Punta Uva; Aquamor; Manzanillo Caribe, S.A.; Proyecto Namasöl; CODEBRIWAK, Asociación de Productores Gandoqueños, Asociación de Conservación y Desarrollo Agroforestal de Carbon Dos, Asociación de Conservación y Desarrollo Forestal de Talamanca, Asociación de Pequeños Productores de Talamanca, Fundación IRIRIA TSOCHOK, Asociación de Desarrollo Ecológico de Manzanillo, Gandoca y Cocles, Asociación de Desarrollo Integral Indígena Bribri, Asociación Desarrollo Integral Indígena Cabecar, Asociación ANAI, Asociación Wakakoneke, Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación; Asociación San Migueleña Para la Conservación y Desarrollo, Asociación Pro Delfines de Talamanca, Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios de Cocles;  la compañía Recicaribe, S.A.; Empresa de Servicios Básicos del Caribe Sur S.A.;   Asociación de Desarrollo Integral  Indígena Bribrí;  Red de Resistencia a las Actividades Petroleras y contra el Cambio Climático Oilwatch Costa Rica; la sociedad "DUOLA S.A.", y la compañía Marma de Puerto Viejo S.A., Caribbean Conservation Corporation

 

 

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