Por Mauricio Álvarez Mora.
La situación que enfrenta la comunidad de Cipreses, en el cantón de Oreamuno, se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la crisis ambiental y sanitaria relacionada con el agua potable en Costa Rica. Lo que inició como una denuncia vecinal sobre la desprotección de nacientes terminó revelando un problema mucho más profundo: la incapacidad institucional para garantizar la protección efectiva de las fuentes de agua, incluso después de existir órdenes judiciales explícitas de la Sala Constitucional.
El pasado 22 de septiembre, la Universidad de Costa Rica presentó en la comunidad el “Estudio de Caracterización y Evaluación Hidrogeomorfológica del sitio de emplazamiento de la infraestructura de toma de agua de las nacientes Plantón y Carlos Calvo”, elaborado por la Escuela de Geografía de la UCR bajo la dirección de Pascal Girot.
La investigación fue desarrollada a solicitud del Frente Ecologista de Cipreses, organización comunitaria que desde hace varios años viene denunciando la contaminación de las fuentes de agua con productos derivados del agroquímico clorotalonil y exigiendo la protección ecológica de las nacientes que abastecen a cerca de 5000 personas.
Los hallazgos del estudio son preocupantes porque evidencian que las áreas de protección obligatorias alrededor de las nacientes continúan siendo ocupadas por actividades incompatibles con la conservación del recurso hídrico. Esto ocurre pese a que desde el año 2021 existe un fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica que ordenó a instituciones públicas actuar para resolver las denuncias presentadas por la comunidad.
Mediante el expediente 20-021797-0007-CO, la Sala Constitucional ordenó al Área Rectora de Salud de Oreamuno y a la oficina regional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) realizar todas las actuaciones necesarias dentro de sus competencias para atender de forma definitiva la denuncia ambiental presentada por vecinos y vecinas de Cipreses.
La resolución establecía un plazo claro de dos meses para actuar. Sin embargo, el estudio presentado por la UCR muestra que las condiciones de desprotección persisten y que, en la práctica, el mandato judicial no se ha cumplido plenamente.
La investigación analizó el uso del suelo tanto en las microcuencas como en las áreas de protección establecidas por la Ley de Aguas N.° 276 alrededor de las nacientes Plantón y Carlos Calvo.
En el caso de Plantón, apenas una tercera parte de la microcuenca mantiene cobertura densa de bosque, mientras que el resto está dominado principalmente por pastos y actividades hortícolas. Incluso dentro del área de protección que exige la legislación, más del 65% permanece sin cobertura boscosa adecuada.
La situación de la naciente Carlos Calvo resulta todavía más alarmante. Aunque cerca de la mitad de la microcuenca conserva bosque, el área específica protegida por ley presenta un fuerte deterioro: apenas poco más de una sexta parte mantiene cobertura forestal, mientras que el 84,7% restante corresponde a usos incompatibles con la protección hídrica, incluyendo horticultura, pastos y expansión urbana.
Estos datos reflejan no solo un incumplimiento legal, sino también una contradicción estructural en la gestión ambiental del país. Costa Rica posee legislación que reconoce la importancia de proteger las fuentes de agua, pero en muchos territorios las instituciones encargadas de aplicar esas normas carecen de capacidad, voluntad política o coordinación suficiente para hacerlas cumplir.
Durante la presentación del estudio, Isabel Méndez destacó el acompañamiento académico de la universidad pública en la defensa comunitaria del agua.
“Gracias a instituciones como la Universidad de Costa Rica y su gran aporte académico desde la Vicerrectoría de Acción Social y desde la Escuela de Geografía hemos logrado obtener elementos técnicos y acompañamiento para defender los bienes comunes y avanzar hacia la protección del recurso hídrico de nuestra comunidad”, afirmó.
Por su parte, Pascal Girot subrayó un elemento especialmente relevante: el radio de protección de 200 metros establecido por la Ley de Aguas podría ser insuficiente para prevenir contaminación por agroquímicos. Según explicó, se requieren estudios hidrogeológicos más complejos para determinar con precisión las zonas de recarga acuífera que deben resguardarse.
Esta observación pone en evidencia una realidad que muchas comunidades rurales ya experimentan: la normativa actual no siempre responde adecuadamente a las dinámicas de contaminación asociadas al modelo agrícola intensivo.
Fabián Pacheco señaló durante la actividad que la experiencia de Cipreses podría convertirse en un ejemplo nacional de defensa del agua.
“Agradecemos a la Universidad de Costa Rica su invaluable aporte académico en esta nuestra lucha para que Cipreses pueda ser un modelo a seguir en materia de protección y cuido del recurso hídrico”, expresó.
Y precisamente ahí radica la importancia de este conflicto. Lo ocurrido en Cipreses dejó de ser un problema exclusivamente local. El hallazgo de contaminantes derivados del clorotalonil en agua destinada al consumo humano impulsó un movimiento nacional que hoy exige la prohibición de este agroquímico en Costa Rica, siguiendo el camino ya adoptado por la Unión Europea y otros países donde la sustancia fue vetada por sus riesgos ambientales y sanitarios.
El caso demuestra además el valor de la organización comunitaria y de la universidad pública en la generación de evidencia científica independiente frente a problemáticas ambientales que muchas veces son minimizadas por las instituciones oficiales.
La pregunta de fondo sigue siendo incómoda para el país: ¿de qué sirve contar con leyes ambientales avanzadas y sentencias constitucionales favorables si, en la práctica, las fuentes de agua continúan desprotegidas y expuestas a contaminación?
No hay comentarios:
Publicar un comentario