Por Mauricio Álvarez Mora.
Un grupo de 74 personas académicas ha solicitado aclaraciones a la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica tras las recientes declaraciones de su jerarca, Catalina Crespo Sancho, en el contexto de una visita al territorio indígena de Salitre. La preocupación central gira en torno a lo que consideran un giro en el posicionamiento institucional sobre las recuperaciones de tierras indígenas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.
Según el pronunciamiento, la visita de la Defensora al territorio estuvo mediada por la participación de personas vinculadas a conflictos previos por usurpación de tierras indígenas, lo que, a juicio de las personas firmantes, podría haber influido en la interpretación de la situación en el territorio. Se señala además que algunas de las personas presentes en esa visita han sido objeto de denuncias por parte de organizaciones indígenas y ambientales.
En el debate público posterior, algunas declaraciones atribuidas a la Defensoría han sido interpretadas como un desconocimiento de la complejidad histórica de los conflictos territoriales en la zona sur del país. Las personas firmantes advierten que esto puede generar lecturas simplificadas que no reflejan décadas de disputas por la tierra, procesos judiciales prolongados y reiteradas denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
El pronunciamiento recuerda que organismos internacionales, organizaciones sociales y la propia institucionalidad costarricense han documentado de forma reiterada la situación de vulneración de derechos que enfrentan los pueblos indígenas. Sin embargo, señalan que persiste una brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su cumplimiento efectivo, especialmente en lo relativo a la restitución territorial y la protección de la vida.
En ese contexto, las recuperaciones de tierras son interpretadas por las personas firmantes como una respuesta a procesos históricos de despojo y a la falta de ejecución efectiva de resoluciones judiciales que, en muchos casos, han reconocido el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Estas acciones, sostienen, no pueden ser analizadas únicamente desde una óptica de legalidad formal sin considerar el trasfondo de desprotección estructural.
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento es la preocupación por una posible criminalización de estas recuperaciones, así como por el impacto que podrían tener ciertas interpretaciones institucionales sobre la legitimidad de las luchas indígenas. También se hace referencia a la violencia sufrida por líderes indígenas en años recientes, lo que refuerza la urgencia de un abordaje cuidadoso y coherente por parte de las instituciones del Estado.
Las personas firmantes enfatizan que el marco jurídico costarricense e internacional reconoce derechos específicos a los pueblos indígenas sobre sus territorios, y que el papel de las instituciones defensoras de derechos humanos debe alinearse con la protección de esos derechos, especialmente en contextos de conflicto.
Finalmente, el llamado principal se dirige a la Defensoría de los Habitantes para que aclare su posición institucional y mantenga una línea de coherencia con su mandato de protección de derechos humanos. Asimismo, se insta a evitar que los conflictos internos de instituciones públicas influyan en el abordaje de la situación de los pueblos indígenas, en particular en lo relativo a la restitución de sus territorios y la garantía de su integridad como pueblos.
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