Ecologistas anuncian dura lucha contra la geotermia en Parques Nacionales

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento ecologista anunció que intensificará su oposición a los proyectos de explotación geotérmica dentro de Parques Nacionales, tras una serie de decisiones legislativas que consideran contradictorias y peligrosas para la integridad de las áreas silvestres protegidas del país.

El conflicto gira en torno al expediente legislativo N.° 19.339, denominado “Ley para la Explotación del Recurso Geotérmico”. Esta iniciativa fue archivada de forma unánime por la Subcomisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, integrada por los diputados Gerardo Vargas Rojas (PUSC), Juan Marín Quirós (PLN) y Edgardo Araya Sibaja (Frente Amplio). En su dictamen, los legisladores señalaron que el proyecto carece de los estudios técnicos y ambientales exigidos por el ordenamiento jurídico, lo que podría derivar en eventuales problemas de constitucionalidad.

No obstante, el archivo del expediente no significó su fin. En una maniobra que ha sido ampliamente cuestionada, los diputados oficialistas Cambronero y Solís retomaron el proyecto y lo trasladaron a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, donde contaban con los votos necesarios para impulsarlo. Este traslado, que en la práctica permitió revivir una iniciativa ya desestimada en la instancia especializada en materia ambiental, ha sido interpretado por organizaciones ecologistas como una forma de imponer intereses ajenos al bien común.

Durante el proceso de consulta legislativa, más de 30 instituciones, organizaciones sociales, pueblos indígenas y municipalidades de todo el país emitieron criterio sobre el proyecto. La mayoría de estas instancias rechazó la propuesta y solicitó su archivo, coincidiendo en los riesgos ambientales, legales y sociales que implicaría su aprobación.

Para el movimiento ecologista, este caso refleja una preocupante tendencia en la política pública nacional. Denuncian la consolidación de una “nueva política de Estado” en la cual los temas ambientales son desplazados de los espacios técnicos y trasladados a instancias donde predominan intereses productivos. Según advierten, esto se traduce en decisiones que favorecen a sectores desarrolladores en detrimento de la protección ambiental y del cumplimiento de principios básicos de gobernanza democrática.

En el plano jurídico, especialistas han advertido serias debilidades en el proyecto. El abogado ambientalista Álvaro Sagot ha señalado que no existen los estudios técnicos necesarios para que la iniciativa supere un eventual control de constitucionalidad. Asimismo, recuerda que existe abundante jurisprudencia que limita los cambios en el uso del suelo dentro de áreas silvestres protegidas, así como obligaciones derivadas de convenios internacionales que el país no puede desconocer.

Uno de los puntos más críticos del debate es el impacto potencial sobre el Área de Conservación Guanacaste, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. Dentro de esta área se encuentra el Parque Nacional Rincón de la Vieja, uno de los territorios que podrían verse afectados por la explotación geotérmica. La Convención de la UNESCO establece la obligación del Estado costarricense de garantizar la protección y conservación efectiva de estos sitios, lo que, según los ecologistas, entra en contradicción directa con el proyecto de ley.

El movimiento ecologista también ha denunciado irregularidades en el trámite legislativo. Señalan que, pese a existir un acuerdo interno en la fracción del Frente Amplio para rechazar el proyecto, la ausencia de la diputada Suray Carrillo al momento de la votación en la Comisión de Agropecuarios facilitó su aprobación. Asimismo, critican la actuación de los diputados oficialistas que impulsaron el proyecto, a quienes responsabilizan de debilitar la institucionalidad ambiental y de contradecir compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Estas contradicciones también se reflejan en el discurso internacional del país. Mientras en foros globales sobre cambio climático el gobierno ha asegurado que la expansión de la energía geotérmica no afectará los Parques Nacionales, a nivel interno se promueven iniciativas que abrirían la puerta a la explotación de estos territorios protegidos.

El movimiento ecologista sostiene que el proyecto es abiertamente inconstitucional, ya que plantea una autorización genérica, amplia y sin delimitación clara para intervenir en Parques Nacionales. Subrayan que cualquier modificación en la categoría de manejo de estas áreas debe realizarse mediante leyes específicas, sustentadas en estudios técnicos previos que justifiquen la medida, condiciones que no se cumplen en este caso.

Además, advierten que permitir la explotación geotérmica implicaría un cambio en la categoría de protección de los Parques Nacionales, actualmente definida como de protección absoluta. Este cambio no solo contravendría principios constitucionales, sino también tratados internacionales en materia ambiental que obligan al país a conservar estos territorios.

A este escenario se suma un contexto más amplio de cuestionamientos a la gestión ambiental del Estado. Organizaciones ecologistas señalan que decisiones recientes, como la autorización para exportar aletas de tiburón o la creación de órganos de consulta fuera de la autoridad ambiental, evidencian un debilitamiento sistemático de la institucionalidad ambiental.

Ante este panorama, el movimiento ecologista ha anunciado que dará una batalla en múltiples frentes. Entre las acciones previstas se incluyen la interposición de recursos legales, la incidencia política, la movilización social y la articulación con comunidades locales, pueblos indígenas, universidades y organizaciones internacionales.

Para estas organizaciones, la defensa de los Parques Nacionales no es solo una cuestión ambiental, sino también un asunto de soberanía, justicia intergeneracional y cumplimiento de obligaciones legales. En este sentido, advierten que no permitirán que se abra la puerta a la explotación de recursos dentro de áreas protegidas, consideradas uno de los pilares fundamentales del modelo de conservación costarricense.

La lucha contra la geotermia en Parques Nacionales, concluyen, apenas comienza.