Por Mauricio Álvarez Mora.
El gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera fue denunciado por comunidades del norte del país, junto a organizaciones sociales y el movimiento ecologista, por incumplir los acuerdos firmados el pasado 19 de mayo de 2017 en Casa Presidencial, orientados a atender los impactos de la expansión piñera a gran escala.
Los acuerdos surgieron tras una movilización sin precedentes encabezada por líderes comunitarios como Jorge Castro, Mariana Paniagua y Gabriel Campos, quienes caminaron cerca de 180 kilómetros desde la zona de Los Chiles hasta San José. La caminata buscaba visibilizar la situación que enfrentan las comunidades afectadas por el monocultivo de piña, incluyendo contaminación de aguas, afectaciones a la salud, pérdida de tierras y debilitamiento de economías locales.
Como resultado de esta acción, se llevó a cabo una reunión en Casa Presidencial en la que se firmó un documento con cuatro compromisos mínimos por parte del gobierno. Estas medidas estaban orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, que según las comunidades ha sido sistemáticamente ignorada por empresas piñeras y, en algunos casos, por las propias instituciones del Estado.
Uno de los principales acuerdos establecía que, en un plazo no mayor a 15 días, se realizaría una gira de inspección a fincas piñeras en la zona norte, con la participación de jerarcas de los ministerios de Agricultura, Ambiente, Salud, Trabajo, así como de la presidencia del AyA. Esta visita tenía como objetivo verificar en el terreno las denuncias acumuladas por las comunidades.
Sin embargo, la gira fue pospuesta en varias ocasiones y finalmente cancelada por el gobierno. La decisión fue comunicada oficialmente por el asesor del Ministerio de la Presidencia, Raymi Padilla, generando indignación entre las comunidades y organizaciones firmantes.
El gobierno justificó la cancelación alegando “señalamientos y ataques” hacia el Ministro de Agricultura en redes sociales, así como “incertidumbre” sobre las fincas que serían visitadas. No obstante, las comunidades sostienen que estas razones son excusas para evadir el cumplimiento de los compromisos. Desde el inicio, explican, se había acordado que las fincas a inspeccionar no serían reveladas previamente, precisamente para evitar que se ocultaran posibles irregularidades.
Las organizaciones también denunciaron que el presidente no firmó el acuerdo, pese a la insistencia de los líderes comunitarios, quienes permanecieron varios días frente a Casa Presidencial solicitando su respaldo. Durante ese proceso, además, se entregaron 215 denuncias relacionadas con los impactos del monocultivo de piña, las cuales no han recibido respuesta.
Para las comunidades, esta situación evidencia una estructura de complicidad, impunidad y falta de control estatal, en la que se privilegian los intereses de grandes empresas piñeras —tanto nacionales como transnacionales— por encima de los derechos humanos y ambientales de la población.
Otro punto de preocupación es el uso de argumentos que, según las organizaciones, podrían sentar un precedente negativo para la libertad de expresión. Cuestionan que el gobierno atribuya la cancelación de un acuerdo institucional a críticas expresadas por un pequeño productor en redes sociales, lo que consideran una forma de intimidación y deslegitimación de las voces comunitarias.
En este contexto, también se ha cuestionado la actuación del entonces Ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, a quien acusan de mantener una posición alineada con el agronegocio y de desatender las demandas de las comunidades afectadas.
Si bien reconocen el esfuerzo de algunos funcionarios públicos, las organizaciones sostienen que el gobierno en su conjunto ha optado por proteger los intereses del sector piñero, en lugar de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental, laboral y agropecuaria.
Ante el incumplimiento de los acuerdos, comunidades y organizaciones anunciaron una serie de medidas de presión, tanto a nivel local como nacional e internacional. Estas acciones buscan visibilizar lo que consideran una grave vulneración de derechos humanos, así como la destrucción ambiental asociada a la expansión del monocultivo de piña en Costa Rica.
Entre las principales demandas, destaca la exigencia de una moratoria nacional a la expansión piñera, con el fin de proteger las economías campesinas, los ecosistemas y la salud de las comunidades. Asimismo, reiteran su disposición al diálogo, siempre que este se base en el respeto, la transparencia y el reconocimiento de las comunidades como actores legítimos.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de decenas de organizaciones comunitarias, ecologistas, académicas y sociales de todo el país, entre ellas asociaciones de desarrollo, colectivos ambientales, movimientos campesinos y redes de biodiversidad, que han venido articulando esfuerzos en defensa del territorio y los bienes comunes.
Para las comunidades afectadas, la lucha continúa.
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